Durante el último mes, dos estudios sobre la calidad de las universidades han confirmado nuevamente que la Universidad de Concepción se encuentra ubicada entre las tres mejores del país. Se trata del ranking Universitas, publicado por el diario El Mercurio, y el de la revista Qué Pasa.

Cuando se analiza el resultado que exhiben estos rankings es importante observar que algunos de los parámetros considerados no tienen relación en forma directa y objetiva con la calidad de las instituciones que se están evaluando.

Así por ejemplo, el llamado índice de calidad de los estudiantes, que considera sólo el promedio del puntaje de ingreso a la respectiva Universidad, no toma en consideración aspectos como la situación socioeconómica de los estudiantes que ingresan a la institución, realidad que está relacionado en forma directa con la región en la que ella está ubicada y la calidad de los colegios que allí imparten enseñanza básica y media, lo que a su vez tiene relación con factores como el indicado anteriormente: variables socioeconómicas.

El alto nivel de concentración de los mejores puntajes de la PSU en la Región Metropolitana quedó demostrado una vez más durante el reciente fin de semana, cuando conocimos los actuales resultados de la última prueba. De los 220 mejores puntajes, 140 de ellos se registraron en la Región Metropolitana; es decir, el 63,6% del total nacional.

Como contrapartida, en las demás regiones del país se repartieron los 80 puntajes nacionales restantes, un 36 ,4% del total. De estos, en La Región del Bío Bío sólo se registraron 16 de ellos, es decir un 7,3% de los mejores puntajes del país.

En función de lo anterior, es muy sencillo entonces concluir que los mejores puntajes de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), se matricularán en universidades de la capital, lo cual es absolutamente lógico.

Lo anterior nos lleva nuevamente, por un lado, a verificar que el exacerbado centralismo que impera en nuestro país tiene un impacto también muy fuerte en la educación, y evidencia la necesidad imperiosa de generar políticas públicas que permitan que las regiones puedan desarrollarse más y mejor, y no sucumbir a la vorágine centralista también en materias educacionales. En dicho sentido, en numerosos foros hemos expuesto la necesidad de que el Estado preste una atención especial a quienes impartimos educación superior en regiones, pues nuestra misión resulta mucho más compleja que en Santiago.

Por otro lado, este escenario también nos indica que es importante tener precaución respecto de la valoración de los rankings en Educación Superior, los cuales, si bien contribuyen a entregar una orientación sobre las características del Sistema Universitario Chileno y en general se acercan bastante a la realidad que muestran indicadores como el número de publicaciones ISI o la cantidad de profesores con estudios de postrado, en algunos casos tienen sesgos importantes, como el mencionado anteriormente, mientras que otros están fuertemente influenciados por encuestas de percepción de dudosa objetividad.

Apagadas ya las luces de los festejos del bloque ganador de las elecciones presidenciales que llevarán nuevamente a La Moneda a Michelle Bachelet Jeria, comenzaron inmediatamente las especulaciones acerca de los nombres y el perfil de las personas que conformarán el nuevo gabinete regional a contar del 11 de marzo del próximo año.

Es más, muchos de los principales dirigentes de los partidos políticos que componen la Nueva Mayoría advirtieron que las nuevas autoridades deben ser forzosamente de la Región del Bío Bío, expresando un rechazo expreso a la probable inclusión de figuras "afuerinas" como ha ocurrido, lamentablemente, en periodos pasados, donde se impusieron nombres desde Santiago, en lo que es una de las señales más humillantes del grosero centralismo imperante en el país.

Esta es una intención de larga data en las regiones del país cuando asume una nueva administración gubernamental, y tanto como se ha respetado en ocasiones esta justa aspiración localista, se ha dado también el caso de designaciones de personas que poco o nada conocen del territorio y realidades que debían afrontar en un corto plazo. No se trata de que las nuevas autoridades vengan a aprender.

Este panorama se ha dado regularmente también -y esto lo conoce muy bien la opinión pública regional- en las nominaciones de candidatos a parlamentarios, algunos de los cuales han venido a cumplir un papel decorativo en la elección, o bien derechamente a jugársela por obtener una cuota de poder que le permita más una visibilización nacional que una representación del electorado local. Bien sabemos de esto en el Bío Bío, tras la última elección parlamentaria.

En el caso de nuestra Región, se requiere que las futuras autoridades conozcan muy bien el terreno en el que les tocará desenvolverse en los próximos cuatro años.

Las especiales particularidades del Bío Bío, marcadas por una brecha de desarrollo y por lamentables conflictos sociales, exigen que el tiempo de adecuación de las autoridades gubernamentales sea menor y que las políticas públicas, planes y programas del Ejecutivo se generen con prontitud para hacer frente a las numerosas necesidades que hay en el Bío Bío.

Por ello es que se requiere de autoridades que tengan cierto conocimiento de la Región, y por lo tanto es indispensable que vivan acá o que, a lo menos, conozcan muy cerca el comportamiento de nuestra sociedad y sus principales demandas.