Diferencias entre la dirección regional del Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff) y su par nacional estarían poniendo en riesgo la ejecución de diversas iniciativas emblemáticas que desarrolla la institución en el Bío Bío.

La congelación de los recursos por parte del organismo a nivel nacional y algunas determinaciones, como no respetar la conformación del directorio de la ONG a nivel local, son los factores que llevaron a los miembros de Codeff del Bío Bío a denunciar esta situación, la que estaría perjudicando la labor que realizar el organismo desde hace 25 años en la Octava Región.

Alberto Trostel, consejero de la filial de Concepción de la Codeff, explicó que no entiende por qué el directorio nacional ha intentado intervenir la filial de la Región y de atacar al directorio.

"El trabajo que Codeff Bío Bío realiza está en peligro. La gente es testigo del trabajo que realizamos y que la fauna está siendo protegida. Nosotros no tenemos la certeza de que esto vaya a ser así con los cambios que promueve la dirección nacional", dijo el dirigente.

Toda esta situación, incluso llevó a que el actual directorio fuera destituido por un corto tiempo. Esto, para los miembros del organismo regional, es ilegal, ya que acorde a los estatutos, el directorio nacional no está facultado para intervenir el consejo y sus filiales.

Según la información entregada por los miembros del consejo regional, el problema también radicaría en que se les acusa de una administración irregular y de no haber rendido cuentas de los montos ocupados.

Es ante este hecho que están analizando, con el apoyo de un abogado, qué acciones judiciales podrían presentar, ya que afirmaron que su honra ha sido afectada.

El director regional de Codeff, Pedro Arrey, comentó que esta situación está afectando la continuación de diversos proyectos que la ONG desarrolla en el Bío Bío, como la administración del Parque Tumbes o el Centro Transitorio de Avifauna Marina que se encuentran en Talcahuano, o el trabajo que se desarrolla con los huemules del Niblinto en Ñuble.

"Tenemos recursos aprobados del Consejo de Monumentos Nacionales para el proyecto de los Huemules en Niblinto, pero estos fueron retenidos en Santiago, por lo que la iniciativa fue detenida. Con esto lo que se hace es afectar un área y una especie que está en peligro de extinción", declaró Arrey.

El director de Codeff precisó que los recursos que estaban asignados para este proyecto consideraban la construcción de un vivero y una cabaña para que expertos llegaran al sector a realizar investigaciones sobre el huemul.

Asimismo, declaró que otro proyecto emblemático donde hay complicaciones es el Parque Tumbes. Esto, porque no existen los recursos para pagar labores administrativas y de cuidado del sector, por lo que han tenido que ser los mismos socios quienes han debido suplir esa situación.

Todo lo que está ocurriendo además ha complicado el proceso de renovación que tiene la institución con el municipio de Talcahuano, lo que les permitiría contar con los recursos del próximo año para administrar el terreno de 20 hectáreas.

Según Arrey, del total del presupuesto gestionado por ellos con diversas instituciones, sólo pudieron ejecutar el 50% de los 100 millones que había.

Una visión diferente a la planteada por el organismo regional tiene la dirección nacional de Codeff. El vicepresidente del organismo, Ariel Orellana, aclaró que la situación se origina porque desde 2011 la filial del Bío Bío no ha rendido cuenta de las actuaciones que ha realizado, lo que incluye entregar periódicamente información de los ingresos y egresos que tienen.

"En la Región no se ha dado cuenta de la memoria ni del balance, situación que deben cumplir este tipo de corporaciones. Esto lo exige el Ministerio de Justicia, porque estamos bajo su tutela", declaró Orellana.

El vicepresidente además precisó que actualmente el organismo regional tendría un déficit de $15 millones por problemas de uso de los recursos.

Esta situación, como lo explicó Orellana, llevó a que se presentaran acciones legales: "Hay una denuncia en el Ministerio Público por mala administración. Además de un recurso de protección, porque ellos (la filial regional) han impedido el ingreso al Parque Tumbes a todas las personas que han querido entrar al sector", declaró.

Con pesadumbre tomaron los comerciantes de San Pedro de la Paz, saqueados el 27/F, el fallo adverso que entregó la Corte Suprema al recurso de casación presentado, el que buscaba revertir las sentencias negativas en la Corte de Apelaciones y Tercer Juzgado Civil de Concepción y así lograr una indemnización del Estado superior a los $317 millones para cinco pequeños empresarios.

Fueron cuatro votos en contra de la solicitud y uno favor, correspondiente al futuro presidente del máximo tribunal del país, Sergio Muñoz, los que determinaron mantener la decisión en contra de la demanda por perjuicios presentada en 2010 por un grupo compuesto por cinco microempresarios.

La acción era en contra del Estado por la falta de servicios al no ordenar que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo del orden público, después del terremoto que afectó a la zona. Los afectados por los destrozos y saqueos del 27 y 28 de febrero son Rebeca Campos Herrera, Jacqueline Inostroza Ríos, Verónica Casanueva Hitschfeld, Sociedad Lavaseco Firenze Limitada y Sociedad Comercial y Transportes Jahr Limitada.

Los votos de la Tercera Sala de la Corte Suprema que rechazaron el recursos fueron de los ministros Héctor Carreño y María Eugenia Sandoval; además de los abogados integrantes Emilio Pfeffer y Alfredo Prieto.

La argumentación del tribunal superior se basó en que la "participación militar se encuentra limitada a la ejecución de las actividades de coordinación determinadas por la autoridad civil y subordinada a la misma, sin que pueda en caso alguno bajo el amparo de ese texto legal velar por el orden público".

En este sentido, la Corte precisó que sólo a través de un régimen de estado de excepción constitucional de catástrofe, situación que no había en ese momento, se habría podido ordenar a las fuerzas militares que controlaran la situación, ya que es inconstitucional plantear que lo pudieran haber hecho sin el respaldo legal correspondiente.

Además, los ministros descartaron una posible infracción por la declaración tardía de estado de excepción constitucional y se determina que esa facultad es propia del Poder Ejecutivo y ajena al control de la autoridad jurisdiccional.

"Teníamos la esperanza de recuperar parte de lo que habíamos perdido y esta resolución empañó todo", fueron las primeras palabras de Rebeca Campos, quien perdió su librería y bazar el 27/F.

La mujer, que mostró su pesar por la resolución de la Corte Suprema, comentó que "todos pensamos que los militares iban a salir en ese momento. Yo pude ver a los carabineros en las calles, pero las turbas eran inmensas, por lo que tuvieron que arrancar, ya que no podían controlar a las personas que estaban con cuchillos dispuestos a hacer daño".

Esta situación le significó una pérdida económica que aún no puede subsanar. Misma situación es la que vivió Verónica Casanueva, quien tras el terremoto vio cómo personas saqueaban y quemaban su clínica veterinaria, que se encontraba en el Unimarc de Lomas Colorada.

"A raíz del saqueo me convertí en una deudora de los bancos y en casi una delincuente, ya que no puedo acceder a una línea de crédito, pues soy considerada una peste para la banca", recalcó.

Esta situación la vivió porque, tras el terremoto, los proveedores comenzaron a cobrarle las deudas que había adquirido, provocándole a los 5 días de la catástrofe un sobregiro de su cuenta superior a los $3 millones.

"Me quedé sin trabajo por 10 meses porque perdí mi local. Mi situación financiera cambió de la noche a la mañana por un grupo de delincuentes. Aunque para los bancos ahora yo lo soy, porque no pago", manifestó.

Las dos microempresarias afectadas recalcaron que para ellos la responsabilidad de salvaguardar los bienes privados y la seguridad de las personas le correspondía al Estado.

Son cuatro juicios más que en este momento están siendo analizadas por la Corte de Apelaciones de Concepción. Esto, tras tener fallos adversos en los tribunales de primera instancia. Estas acciones judiciales corresponde a 45 comerciantes de Lota, Coronel, Talcahuano y un segundo grupo de San Pedro, afectados por los saqueos.

El abogado de estas cuatro causas, además de la que se perdió en la Suprema, Baltazar Morales, expresó que se ve difícil tener un dictamen positivo en el recurso de protección presentado.

"Esto será un precedente para las otras causas que estamos viendo. Éstas quedarán condicionadas con este fallo", declaró el jurista. En cuanto al fallo de la Suprema , el abogado expresó su pesar por las personas que representó: "Ellos tenían esperanza que esta acción fuera exitosa".

Morales agregó que la Corte Suprema no compartió los mismos criterios jurídicos que llevó a presentar la demanda. "Esto es lo que determina los dictámenes en los tribunales", apuntó.

El voto positivo que realizó el ministro Sergio Muñoz a la demanda no deja de ser importante, sobre todo tratándose del próximo presidente del tribunal superior del país.

Muñoz argumentó su voto explicando que "es indudable que ante la situación de catástrofe que afectó a la Región del Bío Bío con motivo del terremoto y tsunami ocurridos el 27 de febrero de 2010, la autoridad civil tenía el deber de adoptar de manera inmediata el máximo de medidas extraordinarias a fin de superar los efectos de esos hechos excepcionales, para lo cual debía hacer uso de sus facultades de dirección y coordinación de los servicios públicos, como, además, ciertamente tener presente la posible comisión de hechos delictuales, de lo que surge inmediatamente un deber de protección de la población y de prevención de tales ilicitudes".

De esta forma el ministro Muñoz criticó el accionar de la autoridad política de la fecha, ya que a su entender "no se dispuso perentoriamente que las Fuerzas Armadas participaran en las actividades propias de colaboración que le facultaba la Ley N° 16.282".