Normativa ambiental
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que acogió el recurso de reposición presentado por pescadores y recolectores en Coronel en contra de la central termoeléctrica Bocamina II y la solicitud por parte de la Superintendencia del Medioambiente de paralizar una parte de las operaciones de la División Ventanas de Codelco, sugieren que la institucionalidad está funcionando y que el sistema judicial y el organismo encargado de inducir el cumplimiento de las normas están contribuyendo a velar por el respeto a la legislación vigente y la protección de los derechos ciudadanos.
Más allá de los descargos realizados por las empresas y de las consecuencias económicas que generan estas paralizaciones en los sectores donde estas empresas operan y, en particular, en el bolsillo de sus propietarios, estas resoluciones deberían ser percibidas como la "primera piedra" de un esfuerzo por construir los cimientos de una institucionalidad ambiental más sólida que resguarde los intereses de todas las partes involucradas y que favorezca la sustentabilidad de nuestro proceso de desarrollo.
Este tipo de acciones debe ser bien visto por la comunidad empresarial, ya que se reduce la posibilidad de que empresas irresponsables les impongan costos de imagen, como sector, que favorecen la desconfianza y que elevan los costos de transacción asociados a la realización de nuevos emprendimientos. También debería ser bien apreciado por las empresas responsables, que cumplen las normativas, ya que empareja la cancha, dificultando que algunas busquen competir y obtener ventajas de costos a partir del no cumplimiento de las normas vigentes. Por lo que el funcionamiento de la institucionalidad vigente debería favorecer la inversión.
Sin embargo, aunque el escenario puede constituir un importante avance, aún persiste en nuestro sistema de evaluación de proyectos, y ponderación de costos y beneficios derivados de la realización de un proyecto, un sesgo a favor de los proyectos que poseen un mercado visible, como el eléctrico, y en contra de las actividades económicas de menor escala, atomizadas, que involucran familias y comunidades que dependen en gran medida del capital natural y de los recursos naturales para su subsistencia cotidiana. En el primero de los casos, rara vez las empresas son obligadas a considerar en su estructura de costos, los costos que sus acciones o actividades están generando sobre estas familias. A su vez, las partes afectadas, por sus niveles educacionales, su capital cultural y falta de acceso a mercados, son las que menos posibilidades tienen de adaptarse a estos cambios. Este proceso tiende a afectar sus condiciones económicas y a amplificar la desigualdad y falta de oportunidades inicial.
Lamentablemente, el programa del gobierno recientemente electo tampoco se hace cargo de estos aspectos de fondo y en materia de desarrollo energético aún se habla de "costos económicos locales inevitables" y de "falta de equidad geográfica", como si el pago de estos costos fuese el precio que inevitablemente debemos aceptar pagar para que otros puedan disfrutar de un mayor bienestar.