El órgano de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de los convenios internacionales sobre drogas advirtió a Uruguay que su ley para regular la producción, venta y consumo de marihuana viola los tratados internacionales de los que el país es parte.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) lamentó, en un comunicado emitido en Viena, la aprobación de esa ley por parte de un país que ha suscrito las convenciones internacionales sobre drogas, y aseguró que no se ha tenido en cuenta el impacto negativo de la legalización en la sociedad.
Raymond Yans, presidente de la Jife, expresa en la nota su "sorpresa" al conocer que "un Gobierno que es un socio activo en la cooperación internacional y en el mantenimiento del Estado de derecho internacional, haya decidido conscientemente romper las disposiciones legales universalmente acordadas".
En Uruguay, la aplicación de la ley que legaliza la producción y la venta de marihuana aprobada el martes por el Parlamento uruguayo genera dudas e interrogantes, admitieron fuentes oficiales y legislativas.
La Junta Nacional de Drogas de Uruguay insistió que la nueva ley aprobada "no libera, sino que regula el mercado" de la marihuana en el país. "Regula el mercado que ya existe", dijo Julio Calzada, titular de la JND, una institución que funciona en la órbita de la presidencia del país y que gestiona los temas relacionados con las drogas.
La nueva norma "es una herramienta orientada a la desestructuración del mercado ilegal que tanto daño causa", agregó Calzada en declaraciones divulgadas por la presidencia.
Cinco equipos interministeriales están trabajando para ajustar detalles de la implementación de la ley, que todavía debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo y reglamentada.
El funcionario explicó que habrá que organizar licencias para producir, acopiar, distribuir y expender para autocultivadores, para los clubes de cannabis y para el uso medicinal de la marihuana.
Aunque la ley aún no está vigente, a partir de ayer ya no se penalizará a quienes tengan plantas en sus casas para el consumo personal, siempre que no superen las seis unidades y los 480 gramos y demuestren que no los van a comercializar.
En el primer trimestre del año entrante se procederá a las primeras licitaciones para conceder permisos, y hoy se informó en Montevideo que una empresa estadounidense expresó su intención de radicarse en Uruguay. La oposición anticipó que presentará recursos de inconstitucionalidad de la ley.