Defensor afirmó que sentencia es deficiente
Falencias como las encontradas por la Corte de Apelaciones de Concepción en el primer fallo del juicio oral realizado el año pasado tendría la sentencia del segundo proceso por el desplome del edificio Alto Río, en el que se condenó a cuatro de los ocho imputados, incluidos los tres socios de las empresas que comercializaron y construyeron la estructura.
Así lo aseguró ayer Alejandro Espinoza, abogado defensor de los tres ejecutivos involucrados en el proyecto inmobiliario, Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra y Ricardo Baeza.
El profesional afirmó que leyó la sentencia (de más de 370 páginas), ratificando la decisión anunciada anteriormente de recurrir de nulidad en favor de sus clientes.
Cabe mencionar que los empresarios fueron condenados a tres años de presidio remitido, mientras que al cuarto culpable, René Pettinelli, a 800 días de reclusión, también en la modalidad de remitida. Los cuatro deben cancelar, además, $1.813 millones a las víctimas.
"Lo primero que llama la atención de la sentencia es que comete los mismos errores por los cuales se anuló el juicio del año pasado. En esa oportunidad se dijo que el tribunal no analizó toda la prueba rendida, sino que sólo la declaración de algunos peritos y testigos, en ciertas partes, pero no la totalidad de lo que expusieron", afirmó Espinoza.
De esta manera, aseguró, el tribunal adoptó una tesis y tomó lo que servía para avalarla. Esa fue la causal de anulación del juicio la vez anterior y en esta ocasión, incluso, se da con mayor gravedad", opinó.
Otro aspecto que le llamó mucho la atención a Espinoza es que se estableció, en la condena de los tres dueños de la empresa, que no se dispuso de una inspección técnica de la obra, lo cual se sustenta en unos documentos que hablan de la palabra ITO (Inspección Técnica de la Obra).
"El tribunal confunde lo que es ITO con lo que es la inspección técnica externa. La primera es interna y no tiene nada que ver con la otra, que no se pide para edificios habitacionales como lo era Alto Río, sino que para edificios públicos, según lo dijeron los peritos", dijo Espinoza.
Espinoza señaló que aún no tienen afinado el recurso de nulidad, pero adelantó que entre las causales que se esgrimirán estarán la infracción a las garantías constitucionales del debido proceso y las infracciones a las garantías constitucionales de prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal.
"En este caso se atribuye responsabilidad penal (a los ejecutivos), por ser meros representantes legales de la sociedad, y eso está prohibido por la Constitución", comentó.
Adicionalmente se argumentará la poca valoración de la prueba, ya que no se explica en la sentencia, según el defensor, por qué no se tomó en cuenta la declaración de los propios peritos de la Fiscalía y de la defensa sobre el tema de la inspección técnica de la obra, por ejemplo.