El Estado debe asumir una serie de compromisos para viabilizar una actividad privada como es el fútbol rentado, con cargo a recursos públicos de todos.

Los desencuentros que esporádicamente se han dado entre el Estado y el fútbol, debido a materias como autorizaciones, recintos o seguridad, tuvieron hace unos días uno de los episodios más críticos en su historia reciente, luego de que el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (Anfp), Sergio Jadue, condicionara su respaldo al plan Estadio Seguro debido al control de los aforos por parte de las autoridades y a la fijación de los horarios de los encuentros de "alta convocatoria", por motivos de orden público.

"Debemos revisar si seguiremos siendo parte de eso", dijo en su oportunidad el timonel del balompié rentado nacional, sembrando no sólo la duda, sino que también abriendo una distancia casi inédita con el gobierno, el que respondió a través del jefe del programa Estadio Seguro, Cristián Barra, y del intendente de Santiago, Juan Antonio Peribonio, titulares de organismos públicos que paradójicamente deben hacerse cargo de detalles de una actividad privada, como lo es el fútbol profesional.

El conflicto, en el fondo, revela una relación al menos debatible entre el balompié rentado y el Estado. El fútbol profesional es también un negocio de carácter privado, con fines de lucro, compuesto mayormente por sociedades anónimas, que paradójicamente se desenvuelven gracias al apoyo del gobierno en diversos aspectos. Los partidos de fútbol deben contar con un contingente policial que pagan todos los chilenos. La mayoría de los clubes ocupan estadios que han sido levantados y son administrados, también por el sector público. Autoridades policiales, de tránsito, gobernaciones e intendencias deben preocuparse de lo que ocurre fuera de los partidos, antes, durante y después. En otras palabras, para tratarse de una actividad privada, el fútbol sustenta gran parte de su funcionamiento, su operación, gracias a lo que le entrega el Estado, por lo general, de manera gratuita.

Es por eso que la disconformidad que en su oportunidad expresó la administración de la Anfp a acatar el horario establecido para el partido entre la Universidad Católica y Colo Colo desarrollado el domingo, es un tema digno de discusión. Los antecedentes muestran que el Estado está en la posición de establecer condiciones al fútbol chileno.

A partir del presente año comenzó a operar la llamada nueva ley de pesca, que es la Ley de Pesca y Acuicultura (Nº 18.892) en su versión recientemente modificada. Uno de los cambios en la institucionalidad pesquera que surgen de ella, en comparación con la ley anterior, es que se le entrega atribuciones a los Comités Científicos Técnicos para definir, a través de un informe técnico, el rango dentro del cual el Ministerio de Economía puede fijar la cuota global de captura para las principales pesquerías nacionales. Es decir estos comités enmarcan los límites dentro de los cuales se pueden fijar la cantidad total a capturar anualmente en cada pesquería y área.

Anteriormente, las cuotas globales las fijaba la Subsecretaría de Pesca con consulta al Consejo Nacional de Pesca. Este sistema no funcionó de acuerdo a lo esperado, porque no evitó el colapso y la sobreexplotación de la mayoría de las principales pesquerías nacionales. Por ello, se diseñó un nuevo sistema, donde la propuesta de cuota global esté firmemente anclada en fundamentos científicos y donde la capacidad discrecional de la autoridad para proponer niveles de captura distintos a los propuestos por los científicos esté fuertemente restringida. Todavía se debe evaluar cómo va a funcionar esta nueva forma de definir las cuotas globales.

Un aspecto que quizás no siempre se ha comprendido de la determinación de la cuota global es que al fijar la cuota lo que indirectamente se fija es el monto de riqueza que se va a asignar a los agentes económicos. Ésta significa ingresos, empleo, y utilidades para distintos agentes a lo largo de la cadena de valor de la actividad pesquera. Y esto nunca ha sido una "ecuación" fácil de resolver, porque mientras más cuota se asigne, mayor es la riqueza que se otorga a los actores relacionados con el sector pesquero. Pero al mismo tiempo, cuotas fijadas en exceso a lo sostenible conspiran contra la conservación del recurso.

Por otro lado, cuotas percibidas como excesivamente bajas, o trayectorias de reducción de cuotas muy abruptas, si bien pueden contribuir a la recuperación más rápida o conservación de los recursos, a raíz de sus consecuencias sociales, pueden inducir al rechazo de las decisiones por parte de los agentes y a la des-legitimización de los Comité Científico Técnicos.

Un aspecto que va a ser muy relevante para la mantención y aceptación social de la nueva institucionalidad para fijar cuotas en Chile va a ser la forma como los Comité Científicos Técnicos resuelven esta ecuación. Pienso que es importante que entiendan que no sólo están tomando decisiones que afectan a los recursos marinos, sino también a las personas. En este sentido aparece como una debilidad de diseño que en la conformación de los Comité Científicos Técnicos no se haya incluido científicos de las Ciencias Sociales y que los cupos se hallan llenado exclusivamente con profesionales de las Ciencias Naturales. Esto dificulta que una visión más completa, que integre las perspectivas biológicas y socioeconómicas, se incorpore en las decisiones de cuota.