Dos anarquistas chilenos enjuiciados pero luego liberados por instalar bombas en Chile, fueron detenidos en España tras ser acusados de participar en la explosión de un artefacto.

"El ministro del Interior de España (Jorge Fernández), previa revisión de los tribunales de Justicia españoles, ha señalado a estas personas como presuntos responsables", dijo el ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick.

Los chilenos Francisco Javier Solar y Mónica Andrea Caballero fueron detenidos por la Policía española en Barcelona como presuntos responsables del atentado en la basílica del Pilar en la ciudad de Zaragoza, cometido el 2 de octubre pasado, que no dejó heridos.

Los sospechosos (apodados "Cariñoso" y "Moniquita") , quienes formaban parte de un comando anarquista, de acuerdo al gobierno español, fueron reconocidos en fotografías del metro de Zaragoza tomadas el mismo día en que estalló la bomba y también por testigos del hecho.

La policía chilena colaboró con la investigación del caso, a requerimiento de las autoridades españolas, con datos sobre las fechas de salida y entrada de Chile de los dos sospechosos, explicó el ministro chileno.

Solar y Caballero enfrentaron un mediático juicio en Chile conocido como "caso bombas" abierto en agosto de 2010, junto a otros 12 acusados de instalar una centenar de bombas de estruendo en Santiago desde 2006.

Ocho de los acusados fueron liberados sin cargos en octubre de 2010. Dos años después los otros seis fueron liberados por los tribunales, después de desestimarse el cargo de "colocación de artefactos explosivos y financiamiento terrorista".

Los acusados plantearon en todo momento que el caso era "un montaje" de parte del entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, hoy ministro de Defensa, y la liberación de todos los acusados representó un duro golpe para el gobierno.

Junto a ellos también fue detenida por la policía española la italiana Valeria Giacomoni, que colaboró en el ataque, así como la chilena Rocío Yune Mira Pérez y el argentino Gerardo Damián Formoso, presuntos miembros de la organización denominada 'Comando Insurreccional Mateo Morral' que había reivindicado el ataque.

"Los tres detenidos -de nacionalidad chilena e italiana- pertenecen a organizaciones o grupos anarquistas con conexiones internacionales responsables de múltiples acciones terroristas", señala el comunicado, que no especifica la relación de los otros dos detenidos con los hechos.

Según el ministerio, los detenidos estaban instalados en Barcelona y se trasladaron en Zaragoza en transporte público llevando consigo el artefacto explosivo en una bolsa.

El mismo grupo había reivindicado, explicó un portavoz de Interior, otro ataque perpetrado en febrero en la catedral de la Almudena de Madrid, donde se colocó una bomba de características similares que fue desactivada por la policía.

Si el juez les imputa un delito de terrorismo, la legislación española contempla penas de hasta 20 años de prisión.

El pequeño artefacto casero estalló el 2 de octubre en el interior de la basílica de Santa María del Pilar en Zaragoza, al nordeste del país, cuando había fieles en el interior. No se registraron víctimas mortales ni heridos, pero sí pequeños daños materiales en algunos bancos y paredes de la nave central.

Baños mixtos, la legalización de los alfajores, una selección de taca taca y cursos de masajes eran algunas de las propuestas de la Lista "RetroCEDamos", la que, pese a ser una evidente humorada, la semana pasada obtuvo el primer lugar en las elecciones del centro de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

El triunfó sorprendió hasta a los propios miembros de la lista, tanto así que, al día siguiente de haber sido electos, tres de sus seis integrantes renunciaron al cargo, dejando en suspenso si la lista asumiría la dirección del centro estudiantil.

Finalmente, ayer "RetroCEDamos" asumió sus funciones, con la mitad de sus miembros y con la decisión de completar todo su periodo al mando del centro de alumnos.

Para suplir los cupos que quedaron vacantes, el nuevo presidente, Álvaro Valenzuela, designó a tres personas de su confianza, las que ahora deben ser aceptadas por el Consejo de Delegados, decisión que se tomaría en los próximos días.

Una de ellas es Camila Vivallos, quien aceptó el desafío de asumir la vicepresidencia del centro de alumnos.

Aunque admite que "no tenemos la preparación" para el cargo, como sí la tienen "los colectivos que tienen la ambición de llegar al poder", afirma que "con esos 514 votos (que obtuvieron en la elección), uno no puede hacer más que hacerse cargo".

Al presentarse a las elecciones, hicieron "una crítica en forma de sátira" a la forma en que se hacía la política estudiantil, y que el revuelo que causó entre los estudiantes demuestra que éstos "ya no quieren una política de pasillo, desde los colectivos o los partidos, sino desde las bases".

Por eso afirma que durante la administración de "RetroCEDamos", "los lineamientos no van a venir cortados desde un partido o un colectivo mayor y va a ser la política de base la que va a primar ahora en Derecho".

En cuanto a las propuestas originales que prometieron durante su campaña, dice que "hay que ver cuáles son las realizables".

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, llamó a la justicia chilena para que entregue explicaciones luego de la detención de dos de los imputados vinculados al "Caso Bombas" en España, precisamente por colocar artefactos explosivos en ese país.

Recordó que tras la absolución de Francisco Solar y Mónica Caballero por parte de los tribunales nacionales, "se acuso al Gobierno de haber desarrollado un montaje para acusar a personas inocentes, y hubo durísimas criticas en contra del entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter".

"¿Qué ha ocurrido con el paso del tiempo? En primer lugar, las dos personas absueltas se trasladaron a España y allá, por la información entregada por el gobierno español, esas personas han seguido colocando bombas, pero ahora en España", agregó.

"Ha quedado claro, por las situaciones ocurridas en España y por la actuación de la justicia española, que el Gobierno del Presidente Piñera en el caso bombas actuó cumpliendo absolutamente con su deber, que es buscar siempre el bien común, protegiendo a las personas y recurriendo a la acción de la justicia".

"En el Ejecutivo cumplimos nuestro deber y con los hechos conocidos hoy, si que teníamos razón. Creo que hay algunos tribunales de justicia en nuestro país que deben dar una explicación.Es bueno y oportuno recordar que en el llamado "caso bombas", el juez de garantía que conoció el caso, el señor Luis Avilés, de las 7 mil pruebas que presentó el Ministerio Público, el 60% de ellas las declaró impertinentes, es decir, prohibió la presentación de las pruebas en el juicio oral correspondiente".