El director regional de la Superintendencia de Educación Escolar, Rodrigo Yévenes informó que profesionales de la entidad se constituyeron el la escuela particular subvencionada "Nahuelbuta", de San Pedro de la Paz, para investigar la denuncia de una apoderada de una alumna de prekínder, que indicó que a su hija le mostraron un video inadecuado para su edad en una clase sobre educación sexual, lo que la dejó con problemas sicológicos y no quiere volver a la escuela.

Yévenes dijo que en la escuela le mostraron el video, que habría sido bajado de YouTube y que está hecho en base a dibujos. No se pudo constatar si efectivamente fue el video que se mostró en clase. De todas formas, el tema será analizado más en profundidad con especialistas. De momento no hay sanción para la unidad educacional, que habría actuado dentro de los protocolos del caso.

Yévenes señaló que se oficiará al Ministerio de Educación para que también se haga parte y un profesional revise los planes y programas que la escuela tiene en la materia y cómo se están aplicando.

El director regional de la Superintendencia reconoció que no hubo más denuncias de otros apoderados, lo que indicaría que no hay otros alumnos afectados.

Explicó que la reacción diferente de los pequeños puede deberse a muchos factores.

Yévenes señaló que en educación la tendencia es a enseñar educación sexual desde los primeros niveles y hay autonomía para que los colegios desarrollen la materia, de acuerdo a sus valores y principios.

Respecto a las denuncias recibidas este año en la dirección regional, señaló que ya van 1.020 denuncias, 20% más que en 2012. De los problemas más recurrentes, el 40% corresponde a maltrato a estudiantes, otro 15% es por cancelación de matrícula y 9% a discriminación.

Agregó que los padres hacen las denuncias en la oficinas de la Superintendencia o a través de la página web. Respecto a las sanciones aplicadas, señaló que este año van aproximadamente 200. La mayoría corresponde a casos menos grave, que se multan con aproximadamente 50 UTM.

Hoy se cumple una semana desde que las primeras personas, de un grupo de ocho, se subieron a la chimenea de la planta termoeléctrica Bocamina II, la que tiene 120 metros de altura. La acción partió como una demanda por viviendas y tras varios días muy complicados, el Serviu, Endesa y el alcalde de Coronel decidieron referirse en conjunto al tema. En total son 272 familias las que viven en el sector y que se encuentran en la misma situación.

Francisco Merino, director regional del Serviu, explicó que el conflicto se origina porque las familias que viven en el sector La Colonia, colindante a la termoeléctrica, serán erradicadas. "Los terrenos donde ellos habitan son de propiedad del Serviu. Queremos desocupar esos terrenos, transformarlos en áreas verdes y equipamiento", explicó.

Agregó que hace casi dos años se formó una mesa de trabajo y que les resulta incomprensible que a estas alturas estas personas protesten.

Leonidas Romero, alcalde de Coronel, explicó que en todo este tiempo ninguna de las personas que está protestando se ha acercado a pedir nada. Añadió que se ha trabajado con las familias de El Esfuerzo, El Mirador y La Colonia. "Hago un llamado a que los dirigentes digan públicamente si están de cuerdo con lo que está pasando con estas ocho personas", mencionó.

Según el jefe comunal, detrás de todo este conflicto hay un interés político. Aseguró que la diputada Clemira Pacheco y el senador Alejandro Navarro generan estas situaciones.

Endesa Chile, propietaria de Bocamina, también se refirió al tema. Marcelo Álvarez, gerente de proyectos y obras de la empresa, expresó que las ocho personas están incurriendo en un acto ilegítimo por el que ya iniciaron las acciones judiciales correspondiente.

Señaló que en todo este tiempo los trabajadores han sufrido agresiones y que las familias que reclaman lo hacen para conseguir beneficios particulares. En ese sentido, dejó en claro que no habrá negociación fuera de la mesa que se formó hace casi dos años.

El director del Serviu informó que la propuesta que hay actualmente, para todos quienes viven en La Colonia, es un aporte de 1.100 UF por familia, de los cuales ellos entregarán 500 y el resto, Endesa. En tanto, para los allegados se estableció un beneficio de 850 UF. Con estos recursos las familias puedan comprar una vivienda.

Merino dijo que esperan sacar a 100 familias durante este mes y el resto, sacarlas a razón de 50 por mes. Agregó que no desalojarán a quienes quieran quedarse en el sector, pero recalcó que el terreno es de Serviu.