Cuando se aproximan las elecciones, vemos tapizadas las calles con fotos y nombres de personas que aspiran a ocupar cargos políticos. Sí, porque además de la elección presidencial, el domingo 17 de noviembre elegiremos a diputados, senadores y consejeros regionales.

Cada uno de ellos promete cambiar lo malo y mantener lo bueno, y trata de aparecer como la mejor alternativa ante nuestros ojos. Tal como cuando buscamos trabajo y enviamos nuestro curriculum vitae a cada posible empleador, los políticos muestran sus virtudes ante nosotros en época de elecciones. Es su propia forma de buscar (o mantener) su trabajo.

Nuestro trabajo consiste entonces, siguiendo la analogía, en elegir al mejor candidato. Deberíamos revisar su experiencia, su desempeño en el cargo u otros antecedentes similares, además de lo que propone para mejorar nuestro distrito, circunscripción, región o incluso el país. Es importante saber qué piensa cada candidato respecto de cada tema, para compararlo con nuestra propia visión, pero debemos saber que, una vez electos, lo que cada político pueda hacer dependerá de los demás que resulten electos y en particular del sistema para llevar a cabo cualquier reforma.

Entonces, debemos tener claro qué atribuciones tendrá cada político una vez que llegue al cargo. Porque los diputados y senadores no tienen capacidad para construir puentes, hospitales o colegios. Sí pueden aprobar dichas iniciativas si es que el presidente les pregunta, pero ellos no pueden tomar la iniciativa en tales proyectos. Los consejeros regionales no aprueban leyes, pero votan a favor o en contra de proyectos de carácter regional cuando el intendente les pregunta.

Lo relevante es qué ofrece cada uno y si lo creemos capaz de conseguir aquello que promete. Porque a veces somos injustos con los políticos (yo mismo lo he sido en esta columna) pero parecemos olvidar que nosotros los elegimos. Si ellos hacen promesas que no pueden cumplir es culpa nuestra si les creemos. Si ellos basan su campaña en gastar mucho dinero para tapizar las calles es porque nosotros respondemos a eso. Las pequeñas peleas de que si éste fue a un acto o no, que si el otro lleva a la señora, que si el tercero se la pasa en tribunales, son simples hechos que nos sirven para verificar si los candidatos son coherentes con su discurso o no.

Si como votantes pusiéramos el énfasis en las propuestas de fondo, en la credibilidad de los programas en lugar de la forma en que se presentan, los candidatos tendrían que responder a eso, pero como no lo hacemos, terminamos con calles llenas de afiches y rayados en lugar de tener una clase política proactiva.

Al final, nadie puede decirle a otro porqué votar por un candidato u otro. Sin embargo, si queremos elevar el nivel de la discusión debemos usar estándares más altos al elegir. Si no, disfrutemos a los políticos que nos merecemos en lugar de criticarlos.

Hace sólo unos días comenzó el periodo legal para la propaganda política con miras a las elecciones del 17 de noviembre. No obstante, todos saben que en la práctica se había iniciado con mucha anticipación, burlando la legislación.

Palomas, letreros y carteles se instalan sin que necesariamente se adviertan sus efectos en el funcionamiento del tránsito.

Candidatos y comandos políticos comenzaron a desplegar todos sus recursos tendientes a la promoción de sus ideas, proyectos y programas, a través de los distintos medios. El inicio de la franja política en los canales de televisión de alguna manera da cuenta de que el proceso eleccionario entra en la recta final y que se abrieron ya los espacios oficiales para promover las candidaturas.

Sin embargo, la historia de la propaganda electoral en la vía pública se remonta a meses antes de su autorización legal, aprovechando el conocido vacío legal por el cual no se logra calificar a un letrero político como inductor al voto mientras no se exprese como tal.

La proliferación de carteles, palomas y letreros en la vía pública, al menos, no es un escenario que la ciudadanía en general apruebe. A eso se suma que por sobre gustos y disgustos, los elementos de propaganda en la gran mayoría de los casos -por no decir en todos- no cumplen con especificaciones técnicas que, por ejemplo, los hagan seguros para la seguridad del tránsito.

Como antecedente, Chile cuenta con una normativa que regula la instalación de letreros de avisos y publicidad en las carreteras, considerando los parámetros que otorguen una seguridad razonable para evitar distractores. Más aún, un decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial de 19 de febrero de 1992, buscó prohibir este tipo de anuncios, iniciativa que fue impugnada por 30 diputados.

El caso es que mientras la historia reciente muestra cómo el país, a través de organismos como el MOP y los municipios han buscado hacer que la publicidad en las carreteras y espacios públicos cumpla rigurosamente con normas de seguridad, la propaganda política se despliega sin control alguno, en una realidad que debe ser revisada no sólo por organismos competentes sino que también por los mismos comandos, para no ser un factor de inseguridad vial.