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Atacan con Molotov a fundación que denunció piratería de libros

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La sede de la Fundación de Cultura Universitaria (FCU) del Uruguay, que denunció ante la Justicia el fotocopiado de libros, fue atacada con un explosivo casero.

El fuego que provocó la bomba Molotov afectó a la fachada del lugar y fue extinguido primero por el vigilante del lugar, que vive allí, y después por los bomberos.

El jefe de Ediciones de la FCU, Juan Briozzo, expresó su preocupación por el hecho que se produjo apenas unas horas después que la Justicia procesara a 14 personas por la piratería de libros.

Además, añadió Briozzo, en los pisos superiores del edificio donde está la Fundación viven varias familias y si el fuego se hubiera expandido habría sido una tragedia.

"Sería mucha casualidad" que este ataque no esté relacionado con el caso denunciado que terminó en la Justicia, comentó Daniel Costa, empleado de la FCU.

La Fundación de Cultura Universitaria es una institución cultural, sin fines de lucro, erigida por el Centro Estudiantes de Derecho de Uruguay y se dedica a difundir las ciencias jurídicas y sociales y la cultura en general, mediante publicaciones y otros medios. Los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales erigieron esta entidad para proporcionar a sus asociados y a los universitarios en general los materiales bibliográficos necesario y realizar, a la vez, una labor de promoción cultural.

Estudiante mató a profesora

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La policía detuvo a un estudiante de 14 años como sospechoso de la muerte de una profesora, cuyo cadáver fue hallado en un bosque cercano a la escuela de secundaria en la que trabajaba, en Danvers, EE.UU.

El fiscal del distrito Jonathan Blodgett anunció la apertura de una investigación por la muerte de Colleen Ritzer, profesora de Matemáticas de 24 años. Las indagaciones comenzaron cuando uno de los alumnos de la escuela no regresó a casa y se denunció su desaparición. La policía local también recibió una denuncia sobre la desaparición de la profesora.

Posteriormente el adolescente fue detenido en conexión con la muerte de Ritzer mientras deambulaba por una carretera cercana. Se desconocen las circunstancias de la muerte de Ritzer o el móvil del crimen.

Justicia recibió 36 recursos de presos ETA que piden libertad

A raíz de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los etarras detenidos buscan seguir el mismo camino que Inés del Río, quien fue liberada en medio de la polémica.

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La justicia española recibió 36 recursos de presos de ETA, después que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tedh) anulara la denominada doctrina Parot, que había cambiado la forma de computar los beneficios penitenciarios alargando su estancia en prisión.

Todos ellos confían en poder salir en libertad, como ocurrió la víspera con Inés del Río, a la que el Tedh ordenó poner en libertad después que se le aplicara de forma retroactiva la doctrina Parot, vigente en España desde 2006.

Esa doctrina establece que las reducciones de condena se descuentan del total de la pena a que ha sido condenado un preso y no de los 30 años de cumplimiento máximo efectivo de cárcel previstos por la ley.

Así del Río, condenada a 3.828 años de cárcel, por entre otros el asesinato de 12 guardias civiles en Madrid con un auto bomba en 1986, tenía que haber salido en 2008, pero al aplicarse la doctrina Parot, su salida de la cárcel estaba prevista para 2017.

En total, si los jueces españoles siguen la decisión del Tedh, 54 miembros de ETA podrían salir en libertad, al igual que 14 delincuentes comunes y 9 miembros de otros grupos armados.

El viernes, la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) determinará como tramita estos 36 recursos, si decide sobre ellos caso por caso o todos juntos, o si tienen que ser esta sala o cada tribunal que llevó el caso los que tienen que decidir, pero todavía no decidirá sobre la eventual excarcelación de estos presos.

En principio, el viernes, la Audiencia sólo decidirá sobre dos casos, cuyo examen estaba ya previsto, incluso antes de la decisión de Estrasburgo el lunes, los de Josefa Mercedes Ernaga, condenada a más de 900 años de cárcel, y Manuel Piriz López, condenado por asesinato y por disparar a dos policías en 1984.

Piriz, condenado a 61 años de cárcel, podría salir en libertad si los jueces le aplican la decisión de Estrasburgo.

En el caso de Ernaga, implicada en el atentado más mortífero de ETA cuando asesinó a 21 personas con un coche bomba en un centro comercial en Barcelona en 1987, sólo se trataría de una reducción de pena, puesto que su salida más temprana de la cárcel tendría lugar en diciembre de 2014, incluso sin aplicarle la doctrina Parot.