Con el juramento de los ministros titulares y suplentes ante el presidente de la Corte Suprema se dio por constituido el Tercer Tribunal Ambiental del país que tendrá asentamiento en Valdivia. El nuevo estamento judicial deberá resolver las controversias medioambientales que surjan en la zona sur del país.

La nueva institución judicial tendrá jurisdicción en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Este es el segundo tribunal, de un total de tres, creado en el país, ya que aún resta que se forme el Primer Tribunal de Antofagasta.

A fines de 2012 comenzó a operar el Segundo Tribunal de Santiago, el que a la fecha, como lo confirmó la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, lleva 10 causas ingresadas para ser resueltas. Es por eso que se espera que el tribunal de Valdivia, en su primer año de funcionamiento, tenga una cifra similar de causas.

La autoridad medioambiental también comentó que este órgano jurídico debería tener una resolución más ágil de lo que se desarrollan en los tribunales civiles, como son los recursos de protección que se presentan actualmente en las Cortes de Apelaciones.

MINISTROS Y COMPETENCIAS

Las causas presentadas al nuevo estamento judicial ambiental serán revisadas por los ministros titulares, el abogado Michael Hantke, quien además será presidente del organismo, el abogado Jorge Retamal y el ingeniero comercial Roberto Pastén, todos con más de 10 años de experiencia en temas medioambientales.

Como ministros suplentes actuarán el abogado Pablo Miranda y la bióloga Marina Sibel Villalobos.

La ministra Benítez explicó que la nueva institución judicial podría comenzar a recibir causas, a pesar de que aún no cuenta con un edificio para funcionar, tal como ocurrió en Santiago. De todas formas, según lo manifestado por el presidente Michael Hantke, éste comenzaría a operar 60 días después del juramento de los jueces.

Benítez comentó que las causas en la que deberá revisar y fallar son las relativas a reclamaciones de las resoluciones que adopten el Comité de Ministros o el director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sobre algún estudio o declaración de impacto ambiental que se consideren que fue aprobado o rechazado de forma errónea. Además, deberán revisar reclamaciones sobre normas de emisiones o planes para zonas saturadas e impugnaciones contra las determinaciones que adopte la superintendencia de Medio Ambiente.

La secretaria de Estado sostuvo que si hay hechos que no están acordes a la resolución de calificación ambiental, la primera que actúa es la Superintendencia del ramo, ya sea porque lo fiscalizó o si hubo una denuncia.

"Si hay un incumplimiento la superintendencia sanciona y por esa acción se puede recurrir al tribunal, ya sea porque el que hizo la presentación, porque consideró que la multa era muy baja o que recurra el inspeccionado que consideró que la sanción era muy alta, es tribunal el que debe revisar. Pero todo pasa primero por la superintendencia", declaró.

Con esta nueva institucionalidad se espera tener un avance importante para resolver conflictos donde exista daño al medioambiente y que afecte a una comunidad.

"De a poco estos tribunales se deben ir asentando para que las causas comiencen a llegar ahí y no se vayan por el recurso de protección, que es una acción especializada. Como no existían estas instancias las cortes eran las que debían asumirlas. Yo creo que existirá una transición para que sean éstos (tribunales ambientales) los que vean las causas ambientales", declaró.

Especialistas de la empresa consultora británica Arup se encuentran en la zona trabajando en un estudio mundial sobre resiliencia de las comunidades urbanas que han sido azotadas por desastres.

El estudio, financiado por la Fundación Rockefeller, considera 7 ciudades del mundo, entre las cuales está Concepción-Talcahuano, a raíz del terremoto y tsunami del 27/F de 2010 y a la forma como su población logró salir adelante a pesar de la gravedad de la catástrofe natural. Las otras ciudades del mundo son Cali, en Colombia; Samarán , Indonesia; Surat, India; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Nairobi, Kenya y New Orleans, en Estados Unidos.

La información fue entregada ayer por la Fundación Alto Río y el alcalde penquista Álvaro Ortiz, en el marco de una ceremonia realizada en la Plaza de Los Tribunales, en la esquina de Tucapel con O'Higgins, al conmemorarse el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, según lo establecido por las Naciones Unidas.

ESCOMBRO TESTIMONIAL

En el lugar quedó instalado un trozo de la colapsada construcción de 15 pisos cuya caída significó la muerte de 8 personas. Se trata de una donación de la Fundación Alto Río a la ciudad, en memoria de las víctimas fallecidas y los sobrevivientes. El bloque de cemento, que conserva la enfierradura y el característico color anaranjado del edificio, fue descubierto por la presidenta de la Corporación, Mónica Molina y el alcalde Ortiz.

Contiene una placa que lo identifica como un escombro testimonial del colapso del edificio y señala "Que el dolor de la comunidad de Alto Río nos recuerde que hay errores que no se deben repetir y que aún en medio del dolor, es posible reconstruir un futuro mejor".

Mónica Molina explicó que la Corporación postuló a Concepción-Talcahuano, para el estudio internacional de resiliencia. Aparte, señaló que pasados 3 años desde el terremoto aún hay cosas por hacer y que aspiran a generar conciencia sobre la necesidad de prevenir. También promueven la organización de la comunidad y el autocuidado.

La dirigenta indicó que los principales objetivos de la fundación son preservar la memoria de lo acontecido el 27/F, entregar información, dejar registro de los eventos e incidentes de emergencia que nos toca vivir en la ciudad. Además, educar y preparar a la población para enfrentar mejor los futuros desastres naturales.

El alcalde Ortiz, uno de los entrevistados por los profesionales de Arup, destacó la importancia de que la ciudad participe y pueda contribuir en el estudio global sobre resiliencia.

Andrea Fernández, economista de Arup, colombiana-norteamericana, contó que la empresa consultora londinense de ingeniería, diseño y planificación tiene 11 mil empleados en el mundo. Llegaron el jueves desde Inglaterra, para diez días de trabajo en la zona. "Queremos entender cómo salen adelante las ciudades que han enfrentados catástrofes, cuáles son los factores que ayudan. Qué funcionó y qué no funcionó, y cuáles son las lecciones de Concepción para las otras ciudades". Su colega Sandra Díaz señaló que estos días también visitarán comunidades afectadas por el tsunami.

A PESAR DE TODO

Corina Bastías, una sobreviviente, discapacitada visual, asistió a la a ceremonia con su hijo Gustavo Moya. Recordó ayer que el 27/F, registrado a las 3.34 horas, ella fue rescatada a las 10.30 horas desde el único rincón que quedó de su departamento en el piso 12, que cayó con gran estruendo. Estaba sola, sus dos hijos habían salido. Había comprado el departamento y quería iniciar allí un nuevo proyecto de vida. El colapso del edificio cambió todos sus planes, pero ha seguido luchando. Hoy cree que la catástrofe tiene que servir de algo, que hay que informar mejor a la población sobre los derechos y deberes y critica la falta de ética de algunos.

La presidenta de la Fundación Alto Río, Mónica Molina, que logró ser rescatada la mañana del 27/F desde el piso 11 del edificio, dijo que con el nuevo juicio esperan que se haga justicia, "para que se determine con precisión las responsabilidades de los imputados. Para que nunca más vuelva a construirse con negligencia un edificio. Para que cambien las normativas relacionadas con urbanismo y construcción en este país". Recordó que ellos pidieron repetir el juicio, porque el fallo les parecía incomprensible. Explicó que está en desarrollo un proceso penal por demandas de algunos por fallecimientos de familiares o lesiones graves, y en forma paralela se siguen las causas civiles.