El 30 de septiembre termina el plazo que dio la familia Repetto a la Municipalidad de Concepción para firmar el contrato de arriendo de los terrenos de Maipú y Caupolicán. En estos sectores se emplazaría el recinto provisorio que albergará a los comerciantes afectados el 28 de abril por el incendio del Mercado Central.

La poca certeza que existe para finiquitar esta acción tiene preocupados a los arrendatarios del Mercado, ya que a dos días que se cumplan cinco meses de ocurrido el siniestro, un problema formal, según ellos, tiene entrabado el convenio que se debe firmar con la familia Repetto.

Guillermo Canales, presidente de la asociación de arrendatarios del recinto comercial, sostuvo que los dineros que se entregaron son exclusivos para el pago de esos terrenos.

"Me parece inaceptable que Sercotec no sea capaz de traspasar a la municipalidad los recursos por una formalidad. Aquí está en riesgo todo, no sólo el arriendo, sino todo el proyecto", recalcó.

Canales dijo que el compromiso con el Consejo Regional para que se entregaran los monto -más de $1.300 millones- era que fuera un sitio común para todos los comerciantes del Mercado.

DIFERENCIAS DE OPINIÓN

Respecto a esta situación, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, sostuvo que no se ha firmado aún el contrato de arriendo con la familia Repetto. Esto, debido a que no existe certeza de que los recursos por este concepto llegarán a sus arcas para pagar los terrenos.

"Esos dineros están destinados para pagar el arriendo y para que los comerciantes puedan comprar algunos materiales (activo fijo), con el fin de ponerse de pie nuevamente", declaró la autoridad comunal.

Ortiz sostuvo que debe existir un documento donde Sercotec le acredite a la municipalidad y a la familia Repetto que los montos para pagar las 1.100 UF mensualmente (poco más de $25 millones) que cuestan los terrenos, estarán.

"Para ser garantes y firmar el contrato de arriendo, como lo exige el señor Repetto, primero nos deben garantizar la llegada de estos dineros para después pagarle a este particular. Sólo seremos intermediarios", declaró.

Cabe recordar que el acuerdo que llegó el municipio penquista con los privados es de un contrato de 3 años por los dos terrenos, con la extensión de un año más. Si al término de esa fecha los comerciantes siguen utilizando los sitios, los montos del arriendo aumentan a 2.200 UF.

Referente a esta situación, la directora regional de Sercotec, Macarena Vera, precisó que hasta el momento los dineros aprobados por el Gobierno Regional no llegan, por lo tanto no han ingresando a la caja del servicio.

"No sé qué documento quiere el alcalde, porque hay un compromiso del Gobierno Regional con la disposición de los recursos y un oficio de Sercotec que da fe de ello y que se le hizo llegar al Municipio", contó la directora.

Vera además declaró que el beneficio será directo a las personas y que es la municipalidad la que debe realizar un puente jurídico para que los beneficiarios les traspasen los dineros a la municipalidad.

La directora regional de Sercotec recalcó que el tema del arriendo no es una acción que le competa a su servicio y que ellos sólo están a la espera de que lleguen los recursos, los que actualmente se encuentran en Contraloría.

"Como lo he declarado anteriormente, llegando los recursos, en un plazo de 30 días se estarán entregando los dineros a los beneficiarios", aseguró.

Son casi cinco meses los que han pasado del incendio que dañó gran parte de la estructura del recinto comercial. Durante este periodo los afectados sólo ha recibido pequeñas ayudas de las autoridades, pero no una solución definitiva a lo que ellos necesitan.

La última ayuda que entregó el gobierno a los damnificados fueron dos canastas familiares por persona. La ayuda benefició a más de 150 trabajadores de los locales o accionistas que no van a recibir el fomento productivo que entregará Sercotec.

El beneficio fue parte del compromiso del gobierno para apoyar a las personas que estaban más complicadas.

Una fuerte crítica a los diputados DC, Ricardo Rincón y Gabriel Silber realizó Iván Arriagada, presidente regional de la Asociación Nacional de Funcionarios de Sename (Antrase), por las denuncias que realizaron en la zona por supuestos maltratos en el centro Arrullo de Concepción.

Como se recordará, los parlamentarios estuvieron en la zona, reactivando las situaciones planteadas en el informe de la jueza de Familia Antonella Farfarello, de hace dos años, en los que se determinó que hubo distintos maltratos en contra de menores del recinto administrado por Sename.

Con los antecedentes entregados por los diputados, Fiscalía inició una investigación, la segunda por hechos ocurridos en esas dependencias penquistas.

Arriagada indicó que el tema del informe Farfarello está rodeado por el sensacionalismo. "Nadie hace énfasis en los otros informes que hicieron los jueces de Familia, quienes manifiestan que fueron subsanados los problemas y esto está ratificado", señaló.

Agregó que tampoco se hace mayor énfasis en la falta de personal. "Para mí, en las imágenes (de un reportaje hecho por un canal de televisión) me queda claro eso, porque uno se pregunta por qué hay un niño que se ve solo. Es porque, efectivamente, la cantidad de personal es insuficiente", señaló.

Arriagada comentó que hubo sanciones para quienes cometieron irregularidades, pero aseguró que no hubo torturas, como se ha dicho.

"No nos olvidemos que estamos cerca de una elección parlamentaria, por lo que esta cuestión es un tema que provoca una reacción en la población, por eso creo que hay un interés político por parte de estos parlamentarios", sostuvo.

Finalmente, descartó que los sumarios efectuados sean falsos, como lo indicaron los parlamentarios DC. "Éstos son visados por la Contraloría, por lo que es ponerla en tela de juicio", opinó el dirigente.