Ángel Castro, presidente regional de la Asociación de Municipalidades y alcalde de Santa Juana, se reunió ayer con el director regional de Obras Hidráulicas Guillermo Cáceres. El objetivo fue presentar el listado de proyectos de la mayoría de las comunas afectadas por la sequía (la asociación calcula que son 37) para evaluación de la DOH. Posterior a esto se presentarán los proyectos para que se entreguen recursos directamente del Gobierno Regional. El informe final se entregará en la próxima reunión de la Mesa Regional del Agua, presidida por el Intendente.

"Los municipios ya no contamos con recursos para seguir apoyando a los vecinos, por tanto es fundamental que los recursos se entreguen directamente para dar solución inmediata", dijo Castro.

El fiscal de Concepción Andrés Barahona estará a cargo de investigar los antecedentes entregados ayer al Ministerio Público por los diputados DC Ricardo Rincón y Gabriel Silber, respecto a supuestos maltratos en contra de niños al interior del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Lactantes y Preescolares "Arrullo", manejado por el Servicio Nacional de Menores (Sename).

Los parlamentarios entregaron ayer en la mañana los antecedentes que manejan al fiscal regional, Julio Contardo, quien les indicó que los analizarían para determinar el inicio de indagatorias en nuestra zona o, eventualmente, derivarlos al persecutor preferente a nivel nacional que ve las causas relacionadas con agresiones al interior de recintos del Sename, el fiscal regional de Magallanes y la Antártida, Juan Agustín Meléndez.

Finalmente, en horas de la tarde de ayer, se informó que el fiscal Barahona, quien es especialista en delitos violentos, indagaría.

No es primera vez que el Ministerio público investiga este tipo de situaciones en el cread Arrullo. Como se recordará, a fines de 2010 se denunciaron agresiones en contra de los menores del centro por parte de educadoras de trato directo.

El Ministerio Público investigó, pero el Juzgado de Garantía penquista decretó su incompetencia. La jueza de Familia, Antonella Farfarello, indagó y emanó un informe el 2011 en donde se detallaron los problemas en el centro.

El Ministerio Público informó que esta vez se decidió investigar por tratarse de hechos diferentes a los indagados en esa ocasión por el fiscal Paolo Muñoz.

Según el diputado Rincón, luego del informe de Farfarello, los sumarios efectuados por Sename fueron falsos y sólo ocultaron la verdad. "No puede ser que las sanciones no existan. No hablamos de infractores de ley, sino de niños en riesgo que fueron mojados con agua fría, castigados, insultados y golpeados", aseveró el parlamentario.

Los legisladores también se reunieron con la contralora Gloria Briones, para solicitar que se investiguen los hechos y se haga una auditoría.

Por su parte, el diputado Silber, comentó que hay hechos conocidos desde el 2010, denunciados por la ex directora regional de Sename, Jessica Flores.

"Al día de hoy no ha pasado nada, queremos una sanción contra estos funcionarios públicos. Las autoridades, como la actual ministra de Justicia, Patricia Pérez, (cuando era subsecretaria de la cartera) estaban en conocimiento de lo que pasaba. También el director nacional de Sename, Rolando Melo, por lo que lo lógico es que salga del servicio", dijo el parlamentario.

Jessica Flores recordó que hay más de 15 sumarios por graves vulneraciones a los derechos de los menores desde el 2011.

Consultada acerca de por qué ella no despidió funcionarios cuando ocupaba el cargo, aseguró que solicitó la medida el 2010 y el 2011 al nivel central, avalada con una mesa técnica, pero el que resuelve, finalmente, es el director nacional, aseguró.

Al nuevo director regional de Sename, Robert Contreras, le llamó la atención que diputados, en uso de sus facultades fiscalizadoras, no hayan acudido primero a obtener antecedentes a la autoridad local del servicio antes de comenzar cualquier tipo de acción.

"Espero que se trate de denuncias responsables y que no tengan sólo la visión de una parte", agregó Contreras.

En relación directa con el caso, el director regional informó que no es efectivo que no se hayan tomado medidas luego de conocerse los resultados del informe Farfarello, puesto que hubo sumarios que se sobreseyeron, pero otros en que se aplicaron medidas disciplinarias, multas y censuras, "por lo menos en cuatro ocasiones", aseveró.

De igual manera, Contreras también mencionó que los reportes entregados por los magistrados de Familia que visitan el Cread dan fe que hubo soluciones respecto a los hechos señalados por Antonella Farfarello.

"Hay un informe de marzo (de la magistrada Gabriela Vargas) y de agosto (del magistrado Jaime Véjar) de este año, en donde se indica que hay mejorías al interior del centro y sugieren que se cumple con la función proteccional encomendada por el Sename y no se señalan hechos irregulares", afirmó el director regional.

Comentó que se tomaron otras medidas, como la reactualización en proceso de las capacitaciones de las educadoras de trato directo de todos los centros en la Región, las cuales fueron instruidas cuando entraron al servicio (algunas hace más de 10 ó 15 años), pero que ahora se volverá a hacer.

Desde 2010 a la fecha la Seremi de Salud ha presentado 10 denuncias en dos de ellas se ha hecho parte el Consejo de Defensa del Estado en el Ministerio Público por licencias médicas fraudulentas en la Región.

La autoridad sanitaria presentó ayer en la Fiscalía de Concepción los antecedentes de un nuevo caso, donde un hombre que falsificó la firma y el timbre de la presidenta de la Compin recibió cerca de $11 millones por el pago de las licencias cobradas.

La seremi de Salud, Mónica Campos, informó que el fraude se detectó cuando el hombre fue a retirar el dinero a una sucursal de la Caja de Compensación "Los Héroes" de Concepción y un ex funcionario de la Comisión Médica, Preventiva e Invalidez (Compin) detectó la irregularidad.

"La licencia médica no pasó por la institución, sino que pasó directamente a la caja de compensación. Desde mediados de 2012 que estaba emitiendo licencias, no seguidas, y donde recibía cerca de un millón 400 mil", contó.

Los antecedentes que pudo recopilar la seremi son que la empresa donde supuestamente trabajaba el hombre no registraba movimiento tributario desde el 2007. Por lo que, al igual que los casos anteriores, sería una sociedad de papel.

Mónica Campos sostuvo que con la presentación en el órgano persecutor se busca las responsabilidades que puedan existir en este delito. "Estos ilícitos los debemos investigar y estar atentos, ya sea con funcionarios que trabajan en la Compin o que lo detecten personas que no forman parte del servicio", dijo.

De las otras 9 denuncias, sólo en la primera, informada el 15 de noviembre de 2010, se ha tenido algún avance. En agosto se formalizó a tres personas por este tipo de delitos que, a la fecha, incluido el de ayer, suman una defraudación de 500 millones en la Región.

El jefe jurídico de la Secretaría Ministerial de Salud, Patricio Parejas, comentó que, en base a los antecedentes entregados a Fiscalía, los delitos que existirían son: falsificación de instrumento público, asociación ilícita, usurpación de nombre y el ejercicio ilegal de la profesión (en el caso del médico que entregó la licencia).

"Este es el primer usuario que se detecta de la empresa, pero la Compin ya se encuentra investigando a otros trabajadores de la sociedad para ver si en los próximos días ampliamos esta denuncia", declaró.

Entre los aspectos que deberán ser parte de la indagatoria que realice Fiscalía, está el ver si hubo participación de algún funcionario de la caja de compensación, como lo sostuvo Parejas.

"A nuestro entender podrían existir, porque las licencias que llegan a la caja van acompañada de una nómina. Por lo tanto, la caja no debería estar cancelando licencias que no están en el registro", subrayó.

La Compin, a raíz de estas irregularidades, ha realizado cuatro sumarios administrativos, de los cuales tres ya han concluido sin arrojar responsabilidades. No obstante, la seremi de Salud sostuvo que en uno el Fiscal recomendó remover de sus funciones a seis empleados de la institución pública que ejercían labores administrativas.

"Dos de ellos volvieron al Hospital Clínico Guillermo Grant Benavente y las otras cuatro personas fueron reubicadas en otras funciones al interior de la Seremi. El otro sumario aún se encuentra en etapa indagatoria", declaró Campos.

La autoridad también precisó que debido a esta situación se han extremado las medidas de seguridad al interior del organismo público, con la finalidad de que no sigan ocurriendo irregularidades.

La empresa que se utilizó para realizar la operación fraudulenta es Presseg Ltda., que tiene el giro de venta al por menor en pequeños almacenes. Sin embargo, como lo precisó el jefe jurídico Patricio Parejas, al llegar al lugar donde funcionaba la sociedad no se encontró nada, lo que ratificó la sospecha del ilícito.

El hombre, que ya está totalmente identificado por la autoridad de Salud, había presentado licencia médica por una enfermedad psiquiátrica a través de un médico general. El usuario presentó 8 licencias en distintos periodos de tiempo entre julio de 2012 y septiembre de este año.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) en nuestra zona determinó prohibir el uso del fuego para la eliminación de desechos agrícolas y forestales en toda la Región del Bío Bío. Esta situación responde a las actuales condiciones meteorológicas, en especial por la presencia del viento del Este (puelche), condición que favorece la propagación del fuego y dificulta su control. Conaf ya comenzó a implementar sus equipos operativos para trabajar en prevención y control de incendios, para que en diciembre estén operativas 19 brigadas y dos refuerzos aéreos. El director regional de Conaf, Francisco Pozo, dijo que "estamos entrando en una temporada en que las condiciones climáticas cambian y habrá mayores temperaturas y vientos como el puelche, que pueden incidir o aumentar la cantidad de incendios forestales".