Un recurso de protección en contra del Hospital Guillermo Grant Benavente presentó ante la Corte de Apelaciones penquista un grupo de padres, junto al senador Alejandro Navarro, por la falta de medicamentos para los pacientes oncológicos que atiende el recinto asistencial.

La deuda que arrastra el Hospital Regional, de $6.500 millones por la sobreproducción de prestaciones que realizó el 2012, llevó a que no se le pagara a los proveedores importantes que suministraban fármacos e insumos.

Sin embargo, el director (s) del recinto asistencial, Jaime Tapia, explicó que en el caso de los pacientes oncológicos la falta de medicamentos responde a otra causa.

Tapia comentó que efectivamente han tenido problemas con un fármaco, el metrotrexato comprimido, que se le entrega a los pacientes cuando están en la etapa posterior a la remisión del cáncer. El facultativo explicó que esto se debió a que sólo uno de los laboratorios de los dos que lo tenían, lo está distribuyendo.

"Esto es un problema nacional y que no tiene que ver con nuestra deuda financiera. El único laboratorio (Sanofi Pfizer), al cual agradecemos, ya que si no lo hacía no provocaba un enorme problema, no dio abasto a todos los requerimientos del país", sostuvo el médico.

Son más de 140 mil comprimidos mensuales los que necesita la unidad de oncología para atender las necesidades de los más de 600 pacientes que atiende. El director (s) explicó que desde hace varios meses están llegando menos comprimidos. "En algunos periodos hemos recibido 80 mil, 60 mil e incluso hasta 3 mil. Por eso es efectivo que en algún espacio de tiempo faltó", relató.

En el caso de otros fármaco, Tapia reconoció que sí ha habido problemas con los distribuidores por el no pago de deuda a los proveedores. Esto está siendo subsanado con la inyección de recursos del nivel central.

Según la información que entregó el facultativo, del total de proveedores que abastece al establecimiento de salud, 3 ó 4 no están entregándoles medicamentos normalmente por el atraso en los pagos. "Nosotros tenemos 970 fármacos en nuestro arsenal terapéutico y de esos no han faltado más de 30, en diversos periodos de tiempo", señaló.

Mencionó que los próximos meses esperan recibir algunos traspasos de dineros desde el nivel central, lo que permitiría no seguir retrasándose en el pago de proveedores importantes, además de algún ajuste que se haría en prestaciones que no han sido ocupadas y que servirían para pagar la deuda.

Los recursos que se podrían generar en este último punto podrían llegar a los $1.500 millones.

Uno de los casos emblemáticos de Derechos Humanos en nuestra zona es el referido a la muerte de tres personas en el sector de Quebrada Honda, en Tomé, causa por la que el mismo 11 de septiembre se conoció la condena en contra de tres ex miembros de la Armada.

Carlos Aldana Fuentes, ministro en visita extraordinario de la Corte de Apelaciones de Concepción para investigar estos acontecimientos, determinó la culpabilidad de Patricio Salamanca Marín, soldado primero en retiro de la institución uniformada, además de los suboficiales en retiro Bernardo Daza Navarro y Juan Maldonado Sanhueza, todos como autores del homicidio calificado de Tránsito Cabrera Ortiz, Miguel Ángel Catalán Febrero y Héctor Lepe Moraga, ocurrido el 9 de octubre de 1973.

-Fue una mera coincidencia. Según los plazos que estaban estipulados, este fallo debería haber salido algunos días o meses antes, pero varias diligencias lo fueron retrasando y se cumplieron el día anterior por parte de la Policía de Investigaciones.

-De medidas para resolver mejor y son las últimas en hacer cuando uno tiene el expediente en condiciones de dictar fallo y encuentra alguna cosa que quede pendiente para aclarar o ratificar, que fue lo que ocurrió acá.

-La verdad es que no. Sólo tengo algunos días para dedicarme a los casos de Derechos Humanos. Los otros días soy ministro de sala. Se daba el plazo y lo cumplí.

-Es importante, porque los familiares deben tener el convencimiento de que sus causas avanzan y tienen pronunciamiento judicial. Para los ministros en visita extraordinarios es muy importante y cuando estamos en disposición de dictar sentencia, lo hacemos. Son las instrucciones que tenemos de nuestros superiores.

-Lo que viene ahora es que se notifique personalmente a los condenados. Tienen un plazo de 10 días para deducir recurso de apelación, tanto sus abogados como ellos mismos, quienes pueden hacerlo sin necesidad de fundamentos, sólo basta decir "apelo" cuando es notificado. Eso es algo que queda del sistema antiguo, a diferencia del actual, en donde se tiene que fundamentar. La otra diferencia es que la corte puede referirse a todo, si es que hay hecho punible, si hay condena, puede subir o bajar las penas, no como ahora, que no se puede sancionar por más que lo establecido inicialmente.

-Era una de las más antiguas, del año 2007, y por múltiples razones (como su complejidad) se postergó y entrabó su investigación. Había personas involucradas que habían fallecido, como el jefe de la patrulla naval, por eso se fue atrasando.

-Ayudó mucho la declaración de uno de los sentenciados, Patricio Salamanca, quien recibió una pena menor, cinco años de libertad vigilada. Él mencionó quiénes participaron en el hecho. Si bien se ha dicho, últimamente, que bajar las penas facilitaría aclarar los hechos, lo cierto es que siempre se ha realizado. Antiguamente, y también hoy, se utiliza la herramienta de la colaboración sustancial, por esa razón se le entregó una pena menor.

-Efectivamente. Dentro de los próximos 30 días se va a dictar sentencia en la causa por homicidio calificado de los dos jóvenes ecuatorianos, Felipe Campos y Freddy Torres, que estudiaban en la Universidad de Concepción y que fueron detenidos en Chaimávida, llevados a la comisaría y los cuerpos se encontraron en el margen sur de la desembocadura del Río Bío Bío. A ésa está acumulada la causa de secuestro calificado de Víctor Rodríguez Cárcamo, que era un estudiante, que lo fueron a retirar a su casa y que llegó a la Cuarta Comisaría de Carabineros y aún no aparece su cuerpo.