Víctor Lobos, actual intendente de la Región del Bío Bío y Jacqueline van Rysselberghe, en su condición de ex intendenta, serían notificados para declarar en un juicio de cuentas, abierto el 15 de abril recién pasado por la Contraloría en Santiago. Lo anterior, en razón de la restitución de casi 5 millones de pesos por parte de una funcionaria, que fue contratada entre el 2010 y el 2011 en situación de profesional, siendo que sólo poseía título técnico.
De acuerdo a lo expresado en el artículo 95 de la Ley 10.336, el examen de las cuentas tiene por objeto fiscalizar la percepción de las rentas del fisco para verificar su correcta inversión, así como comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas y la autenticidad de la documentación respectiva.
La causa fue abierta en contra de Ruby Dellarossa, quien fue contratada como secretaria en la Intendencia, cuando asumió Van Rysselberghe, quien justamente trajo a la citada funcionaria desde el municipio penquista, a desempeñar el mismo cargo, pero a nivel regional.
La irregularidad en la contratación de Dellarossa quedó al descubierto cuando en septiembre del año pasado la Contraloría Regional emitió un informe relacionado con los resultados de una auditoría efectuada al Gobierno Regional, por un periodo de tiempo que se extendió entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de marzo del 2012.
A poco más de 7 meses de la publicación del documento por el ente contralor, a mediados del mes pasado se abrió el citado juicio de cuentas en contra de Dellarossa, proceso que fue abierto sólo contra esta funcionaria, a pesar que en el mismo informe aparecen señalados otros nombres de trabajadores que debían devolver dineros, aunque por otras razones. Entre ellos, Cristián Gibson, ex territorial, quien también aparece ligado en labores de trabajo a la ex jefa regional JVR.
fundamentos
De acuerdo a lo que se pudo recabar en relación al proceso en cuestión, en estos días se estaría notificando a las personas involucradas en él para que realicen sus descargos (declaraciones por escrito). Considerando los espacios de tiempo en que trabajó Dellarossa en Intendencia, es que los descargos de Van Rysselberghe y Lobos son determinantes para la investigación.
En este sentido, cabe señalar que lo que busca un juicio de este tipo es sólo dirimir si se restituye o no la cantidad que se ha detectado que habría sido cancelada irregularmente.
La apertura de este proceso fue solicitado por la contralora regional del Bío Bío, Gloria Briones.
La Ley Orgánica de Contraloría estipula en uno de sus artículos que se pueden otorgar facilidades de pago para los requeridos, vale decir, a quienes recibieron erróneamente estos dineros, como puede ser este caso.
El texto del informe del 2012, del cual deriva el actual juicio, detalla la situación irregular en la cual fue contratada Dellarossa.
"Se pagó asignación profesional a la señora Ruby Dellarossa, por el periodo comprendido entre los meses de abril de 2010 y enero de 2012, por la suma de $4.625.374, la que de acuerdo a los antecedentes de este Organismo de Control cuenta con el título de Técnico Analista Computacional, otorgado por el Instituto Profesional Duoc", destaca textual el documento.
Más adelante señala el mismo informe que "corresponde a un título técnico de nivel superior, por lo cual no puede por su propia fuerza de naturaleza, ser considerado como título profesional, y por ende, no habilita a quienes los poseen, para recibir el beneficio de asignación profesional".
A modo de respuesta, por parte del Gobierno Regional se solicitó a la institución educacional una certificación de la condición, para que se corroborara si el programa de estudios de la aludida carrera cumplía con la ley para la mantención del beneficio. Finalmente, y con la respuesta de la casa de estudios, en febrero del año pasado se suspendió el mencionado pago.
Finalmente, en el mismo documento, se determina que la respuesta por parte de Intendencia no resulta suficiente para levantar la observación. Ello, en atención a que lo que solicitó fue la recuperación de los recursos involucrados en un plazo establecido, el que finalmente, al parecer, no fue cumplido, por lo que se inició el ya señalado juicio de cuentas.
¿contraloría culpable?
¿contraloría culpable?
Por parte del intendente, Víctor Lobos, se aseguró que aún no recibía ninguna notificación respecto a este tema. Los mismo ocurre en el caso de Jacqueline van Rysselberghe.
Sin embargo, esta última respondió en relación a la contratación de su ex secretaria en su tiempo como máxima jefa regional: "Desconozco esta situación. Además que hay como seis funcionarios, contratados en la misma condición, por el intendente Lobos. También aseguro que si miran para atrás también puede haber muchos más, ya que se usaba la misma fórmula que usaba siempre".
"No mentía en los contratos. Las asignaciones y otro tipo de cosas contractuales, van a Contraloría. Ellos toman razón de lo que se hace, siempre que se contrata a alguien para ver si están bien hechos. Tengo entendido que tomó razón de ellos y también que no hubo objeciones por parte de este organismo, en ese tiempo", dijo van Rysselberghe.
Consultada, por tanto, en razón de si hubo negligencia en el órgano contralor en la revisión de los antecedentes, JVR dijo: "Exactamente, porque los trámite de contratación de personas los hace la Dirección de Personal que corresponde. Lo hacen los encargados y después se van a Contraloría. Son ellos quienes aprueban o rechazan si están mal en algún antecedente. Es algo normal y se hace siempre".
Luego de una larga espera, el intendente Víctor Lobos, junto a los demás funcionarios de gobierno, ya no tendrán sus dependencias de trabajo frente a la Plaza Independencia en Concepción.
La razón es que este viernes comienzan las labores de cambio de casa, desde el inmueble ubicado en Aníbal Pinto 442, hacia el edificio del Gobierno Regional que se ubica en avenida Arturo Prat y que ocuparon hasta el terremoto. Con ello, se espera comenzar a funcionar desde el lunes en la citada ubicación.
También se espera que la Seremi de Gobierno, se traslade a la misma ubicación de Prat, en el cuarto piso, que será el mismo que ocupará el intendente.
Aunque no está confirmado, se dice que las actuales dependencias de la Intendencia serían ocupadas por la Gobernación Provincial de Concepción.
