Las protestas sociales en Bolivia se agravaron ayer a la espera de que se cumpliera el ultimátum del líder de los movilizados al presidente Evo Morales para que renunciara anoche.

Hubo manifestaciones frente a instituciones públicas en varias ciudades, como Sucre, capital del país y sede del Poder Judicial. Los accesos a instituciones como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado de Bolivia se vieron afectados por las movilizaciones en dicha urbe, con bloqueos en calles adyacentes.

La movilización obligó al cierre de sucursales del estatal Banco Unión en esa y otras ciudades. La alcaldía de Cochabamba, en el centro del país, tuvo que cerrar durante buena parte de la mañana, mientras que en la cercana ciudad de Quillacollo la puerta del Gobierno municipal fue tapiada con un muro de ladrillos.

LUEGO DE LAS ELECCIONES

Las manifestaciones comenzaron tras las elecciones del 20 de octubre que dieron como ganador a Morales en primera vuelta, victoria que opositores y un movimiento cívico-ciudadano desconocen alegando que el mandatario hizo fraude para reelegirse a un cuarto mandato. En tres semanas de movilizaciones, han fallecido dos opositores.

Morales se reunió ayer con líderes de sindicatos que lo respaldan. En la jornada anterior, rechazó la conminatoria y acusó a los opositores de gestar un golpe de Estado para derrocarlo. El Gobierno adelantó ayer que aprovechará el próximo examen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para denunciar la violencia durante las protestas. Bolivia, al igual que el resto de estados miembros del Consejo, debe someterse a un Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de derechos humanos en el país. En su caso, la próxima revisión se llevará a cabo hoy y mañana en la sede de la ONU en Ginebra.

El Gobierno afronta dos frentes opositores que hasta la semana pasada eran uno solo. El expresidente Carlos Mesa, líder de la centrista Comunidad Ciudadana, segundo en los comicios, demandó nuevas elecciones con un nuevo tribunal electoral. En el frente más radical están las plataformas ciudadanas bajo el liderazgo del empresario Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien conminó a Morales a renunciar tras la muerte de dos manifestantes opositores, para lo cual le dio plazo hasta ayer.

Al cierre de esta edición, los líderes de comités cívicos opositores de ocho regiones del país llegaron a Santa Cruz para "unificar" criterios y lanzar en conjunto las medidas de presión a escala nacional en su objetivo de conseguir la renuncia de Morales.