El fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, desestimó las críticas de la senadora Jacqueline van Rysselberghe, quien acusó al Ministerio Público de actuar como "el brazo armado de la izquierda chilena", y las calificó de "afirmaciones de carácter estomacal".

La presidenta de la UDI cuestionó la rapidez con la que el ente persecutor reaccionó en el caso del subsecretario Felipe Salaberry (UDI), denunciado por eventuales infracciones a la ley de tránsito y amenazas a un inspector municipal de Ñuñoa. La legisladora contrastó el desempeño de la Fiscalía en esta situación con el que, según ella, habría tenido en el caso OAS, de supuesto financiamiento irregular de la última campaña de Michelle Bachelet.

Ayer, en radio Universo, Manuel Guerra dijo que en el Ministerio Público "hay un trabajo bastante exhaustivo y no se ha dejado de indagar la arista OAS (...) No hay un favorecimiento de la izquierda. En la zona oriente (Región Metropolitana), trabajo estrechamente con nueve alcaldes, siete de ellos son afines al sector político de la senadora que expresó estas palabras y nunca hemos tenido algún problema".

"Cuando se hacen declaraciones de esta naturaleza, en las cuales se descalifica sin tener ningún antecedente, simplemente se hacen afirmaciones de carácter estomacal" y solo se termina dañando "a las instituciones que son parte del sistema", planteó Guerra.

"Yo no me refiero a la actuación del Parlamento, no me corresponde opinar del buen o mal trabajo que desarrollan los parlamentarios, simplemente hago mi trabajo como fiscal y espero que también las otras instituciones respeten el trabajo independiente y autónomo que le corresponde llevar adelante a la Fiscalía", añadió.

Desde RNy Evópoli, tomaron distancia de lo dicho por la senadora. El timonel de este último partido, Hernán Larraín Matte, expuso que se debe tener cuidado con las palabras y aseguró que las instituciones deben funcionar, por lo que hay que protegerlas.

También ayer, habló el abogado de Salaberry, Gabriel Zaliasnik. "Todavía tenemos que evaluar los antecedentes, pero no tiene mucho sentido hablar de un delito, ya que en nuestra opinión los hechos no son constitutivos de delito en caso de haber ocurrido, porque los hechos de los que se acusa (al subsecretario) son inexistentes", expresó a La Tercera PM.

"Detrás de esto hay una operación política (…) Me recuerda rápidamente al episodio vivido por el diputado Gabriel Silber (acusado de violencia intrafamiliar). Se está haciendo una práctica generar episodios para poner en tela de juicio a algunas autoridades y causar consecuencias políticas", sostuvo.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) licitará el próximo año un estudio de factibilidad para levantar un nuevo aeropuerto alternativo al Arturo Merino Benítez, adelantó el subsecretario Lucas Palacios a radio Pauta.

"Es un estudio que vale aproximadamente $1.150 millones. Demora 300 días y lo licitaremos en 2020. Es decir, en 2021 ya vamos a tener estudio con el futuro emplazamiento que tendría este aeropuerto", detalló la autoridad.

El objetivo de adelantar el análisis, explicó el subsecretario, es "que no nos pille de improviso en el futuro una necesidad de tener ese segundo aeropuerto para la macrozona central (...) Nosotros como Estado tenemos que anticiparnos. Estamos reaccionando rápidamente a los flujos actuales y a las proyecciones".

PROYECCIÓN DE FLUJO

El Aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en Pudahuel, es el único de la zona central, y ha experimentado un aumento de pasajeros de 10% anual en los últimos diez años. "Si proyectamos ese mismo crecimiento, veremos que por el año 2030 ya estaremos muy ajustados y necesitaremos, entonces, una alternativa", expuso Lucas Palacios.

Cabe recordar que, según informó la Junta de Aeronáutica Civil, en agosto de este año fueron transportados 2.120.142 pasajeros tanto en vuelos nacionales como internacionales, lo que representó un aumento de 8% en comparación con el mismo mes de 2018.

Palacios indicó que el arquitecto Marcial Echenique, quien ha trabajado para el MOP en otras iniciativas, sugirió "nuevas rutas orbitales" dada la creciente población en la zona central. "Está desarrollando (para el MOP) un estudio de las necesidades de infraestructura al 2050. Ese estudio proyecta la necesidad de un segundo aeropuerto para la macrozona central", que complemente al de Pudahuel.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, presentó una querella contra las personas que resulten responsables de los ataques sufridos por tres equipos de prensa el viernes pasado, en la marcha "Friday for the future".

Ese día, profesionales de Televisión Nacional de Chile, Chilevisión y CNNChile que cubrían la marcha contra el cambio climático realizada en Santiago, fueron atacados. Por ejemplo, un camarógrafo de TVNrecibió una puñalada en un brazo y un periodista de ese canal fue pateado en el suelo.

DAR CON EL PARADERO

"Nuestra primera acción ha sido presentar una querella criminal, para efectos de que la Fiscalía y las policías puedan actuar y dar con el paradero de aquellas personas que causaron daños a seis periodistas, a seis trabajadores de los medios de comunicación", afirmó Andrés Chadwick.

El Gobierno presentó una "querella por desórdenes graves, porte de arma de fuego, porte de arma blanca, homicidio frustrado y lesiones graves", con la que la autoridad busca defender "no solo el orden público y la libertad de prensa, sino también el legítimo trabajo que realizan los trabajadores de la prensa".

"Haremos todo nuestro aporte para que la Fiscalía pueda encontrar a los responsables y dar una señal muy potente de que no vamos a aceptar este tipo de violentismo, más aún cuando se hace con el objetivo de acallar y perturbar el trabajo de la prensa", planteó el titular del Interior, quien mañana sostendrá una reunión con la Federación Nacional de Medios de Comunicación Social, entidad que agrupa a Anatel, ANP y Archi, y que repudió el ataque.

"Todo el país pudo observar cómo, en una marcha completamente pacífica y de carácter familiar, un grupo de violentistas encapuchados, premunidos de armas blancas y de armas de fuego, actuaron con violencia contra los medios de comunicación. Para el Gobierno eso resulta inaceptable", aseguró el ministro.

Cecilia Pérez dijo: "Como Gobierno no vamos a permitir que delincuentes, que cobardes, ataquen a hombres y mujeres que ejercen un trabajo que permite que la ciudadanía se informe y que con esto se fortalezca la democracia".

Chadwick añadió que espera la pronta aprobación de la ley antiencapuchados, la que busca agravar penas para quienes actúan con el rostro cubierto, como los atacantes de los equipos de prensa.