El peronista Alberto Fernández, favorito para ganar las elecciones presidenciales argentinas de octubre, dijo que los siguientes van a ser años difíciles para el país, donde ayer miles de trabajadores estatales realizaron una huelga para exigir el aumento de salarios por la crisis.

El abanderado del kirchnerismo expuso que, si llega al poder, va a recibir una "economía muy diezmada y destruida" y un escenario internacional "poco fácil". "Pero esta vez la gente tiene que tener una tranquilidad. Quien gobierne no va a ir sobre la gente", afirmó al canal televisivo TN, en la que destacó que su prioridad como eventual nuevo mandatario será "el salario de la gente y las jubilaciones".

Para el ex jefe de gabinete de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quien lo acompaña ahora como candidata a la vicepresidencia, al mejorar esas variables "empieza a moverse todo", pues se fomenta el consumo. "Y el consumo se ha caído porque el salario real y las jubilaciones cayeron más de 20 puntos en términos reales y eso hay que recomponerlo pronto", argumentó.

tensión social

La baja del poder adquisitivo del salario es un tema que ronda en el Gobierno. Ayer, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confirmó que el Ejecutivo concretará probablemente la próxima semana un acuerdo con gremialistas y empresarios para habilitar un bono para los trabajadores del sector privado. "Seguramente eso lo concretaremos una vez que tengamos el número (el índice de inflación de agosto, que será reportado mañana)", dijo a radio La Red.

Añadió que después cabe discutir "la implementación, el tiempo y los grados de flexibilidad" para las empresas.

En medio de la creciente tensión social, la Casa Rosada acordó el lunes con la Central General de Trabajadores reforzar la ayuda alimentaria a los que fueron despedidos o suspendidos en las últimas semanas. El Ejecutivo se comprometió con los gremialistas a entregar una tarjeta con importantes descuentos para la compra de alimentos básicos.

Pero la tensión no cesa. Trabajadores estatales hicieron una huelga en reclamo de la reapertura de las negociaciones para lograr un aumento salarial en medio del malestar social causado por la inflación y la recesión económica.

Los manifestantes, de la Asociación Trabajadores del Estado y la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, se concentraron en algunos puntos de Buenos Aires para marchar luego hacia la casa de gobierno. En las principales ciudades del país también se produjeron paros y movilizaciones.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, afirmó que su cartera ha estado "implementando la educación pública en tiempo y en forma", en respuesta a la acusación constitucional en su contra, para la cual ayer se sortearon los cinco diputados que deberán analizarla y luego exponerla ante la Sala de la Cámara

"Vuelvo a decir, tengo familia, tengo historia, tengo una honra. Y creo que cuando se me acusa sin fundamento de infringir la Constitución, tengo derecho a defenderme de aquello y no que se diga ahora que todo es política, como lo han dicho los propios parlamentarios acusadores", expuso la secretaria de Estado.

Tras darse cuenta del ingreso de la acusación, presentada por once diputados opositores, se sortearon los cinco congresistas que formarán la comisión que evaluará su mérito jurídico. La tómbola arrojó los nombres de Hugo Rey y Catalina del Real, de RN; Pedro Pablo Álvarez-Salamanca y Celso Morales, de la UDI; y Maite Orsini, de Revolución Democrática.

El documento nar busca acreditar que la ministra ha incumplido, a juicio de los acusadores, la Constitución y las leyes, faltando al principio de probidad y al control jerárquico en la coordinación y eficacia que deben tener las políticas públicas de la cartera, incluyendo la falta de control de la ejecución presupuestaria del ministerio. También se le acusa de vulnerar el derecho a la privacidad y de no respetar el principio de igualdad.

Al respecto, la ministra argumentó que la acusación "se basa en hechos falsos. Lo que hemos hecho nosotros, como Mineduc, es cuidar la educación pública con todas las auditorías y fiscalizaciones que hemos hecho, procurando que cada peso de la educación pública llegue a donde tiene que llegar". Aludió al Sistema de Admisión Escolar: "Hoy tenemos cifras cercanas al 90% de personas que han postulado".

PROCEDIMIENTO

La ministra fue notificada ayer mismo de la acusación y el presidente de la comisión, Celso Morales (UDI), fijó para hoy en la tarde la primera sesión. Cubillos tiene 10 días para hacer sus descargos ante la comisión. La instancia, luego, tendrá 6 días para estudiar la acusación y ponerla a disposición de la Sala.

El diputado Hugo Rey (RN), si bien reconoció que puede haber un "sesgo" de parte de los diputados de Chile Vamos en el análisis, expuso que habrá "autonomía" para examinar "en su justo mérito todos los antecedentes". Maite Orsini (Revolución Democrática) confió en que los diputados escuchen a "todos los actores de la educación". "No hay que venir con una predisposición o venir pauteados por La Moneda o por un sector político".