Autoridades piden a Contraloría que fije directrices sobre máquinas de azar
El senador Alejandro Navarro y los alcaldes Álvaro Ortiz (Concepción) y Henry Campos (Talcahuano), llegaron ayer hasta la Contraloría Regional para buscar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo debe actuar un municipio para prohibir los juegos de azar?
Las autoridades se presentaron en el edificio de O'Higgins 74 para solicitar que a través de un dictamen clarificatorio, el organismo dé certezas acerca de sus obligaciones legales ante el otorgamiento de este tipo de patentes.
"Hemos venido a presentar junto a los alcaldes la solicitud de un pronunciamiento respecto al procedimiento que deben seguir los ediles para poder clausurar , eliminar y prohibir estos establecimientos en las comunas de Talcahuano y Concepción, y esperamos en las comunas de todo Chile", declaró Navarro tras una pequeña reunión con el contralor regional, Ricardo Betancourt.
Justamente, el año pasado la Corte Suprema ratificó la decisión que la Contraloría General de la República había sugerido en 2016, donde establecía que ninguna municipalidad podrá visar las patentes de estos lugares sin antes coordinarse con la Superintendencia de Casinos.
En este sentido, Navarro aclaró que "ninguna máquina, ningún casino popular puede funcionar sin la autorización de este órgano, y hay un número elevado que no cumple ese requisito".
Por eso, añadió el alcalde Campos, la duda surge sobre cómo actuar desde 2016 hacia atrás, "porque hoy hay muchas de esas patentes y varios recintos más que funcionan sin autorización".
Según se desprende del documento de ocho páginas presentado por las autoridades -que cita información de la Superintendencia respectiva-, a nivel país existen 30 mil máquinas tragamonedas, las que se concentran, principalmente, en la Región Metropolitana. En segundo lugar, las regiones de Valparaíso y Biobío poseen, en conjunto, más de 8 mil aparatos.
Realidad local
Carlos es dueño de un minimarket y, dentro de su establecimiento, mantiene una decena de máquinas tragamonedas en Concepción. Todos los días llegan vecinos del barrio. Si la suerte los acompaña pueden ganar $30 mil, $40 mil ó $50 mil.
Como él, en la capital penquista hay otros locatarios que suman 500 máquinas tragamonedas, la mayoría de ellas repartidas en cerca de 50 locales con patentes de similares características.
"Estos recintos están en el centro de Concepción y, prácticamente, esparcidos en todos los barrios de la ciudad. Un pequeño local comercial tiene un par de máquinas que, incluso, muchas veces les genera (a los dueños) las mismas o mayores ganancias que lo que producen sus propios productos", precisó el alcalde Álvaro Ortiz.
En Talcahuano la realidad es parecida. En la ciudad puerto el número de máquinas tragamonedas alcanza las 561, las que están en repartidas en 23 locales.
"Son verdaderos casinos que parten, en su origen, solicitando un permiso de videojuegos de entretención, que está establecido y que se puede entregar. Ellos fueron modificando y trayendo estas máquinas, que son a todas luces juegos de azar y no de destreza", planteó Campos.
Posibles soluciones
En paralelo a la acción presentada por el senador y los alcaldes, la Cámara Alta está revisando, en su primer trámite constitucional, un proyecto de ley que complementa la normativa sobre máquinas de juegos.
"El proyecto está en la tabla del Senado y debiera votarse la segunda semana de septiembre. Establece un mecanismo de prohibición, en que ninguna máquina puede entregar premios en dinero o en especies, bajo ninguna circunstancia", comentó Navarro.
El apoyo dentro del Congreso, eso sí, no será transversal, debido a que algunos parlamentarios habrían insinuado llevar esta iniciativa a instancias mayores para impedir su aplicación. Así lo aseguró Navarro, quien dijo que "hay parlamentarios que han señalado que recurrirán al Tribunal Constitucional, entre ellos el senador Rabindranath Quinteros (PS), pero creo que se apoyará por amplia mayoría su aprobación".
Para Álvaro Ortiz, la prohibición de estas máquinas y locales es un tema transversal. "Aquí no hay colores políticos de quienes tenemos que tomar las decisiones en el ámbito municipal (...) Necesitamos saber cuáles son nuestras atribuciones para poder ir terminando con estos casinos populares", remató el jefe comunal penquista.