Diferente se ve el panorama para Junji ahora, en relación al de mediados de 2014, cuando se dio a conocer el programa de aumento de cobertura en jardines infantiles y salas cuna Meta Presidencial, iniciativa que fue uno de los compromisos hechos por la ex Mandataria, Michelle Bachelet.
En el Biobío -con Ñuble incluido- la apuesta era construir 67 recintos dependientes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en cuarenta meses -el programa también contemplaba a la Fundación Integra- con un presupuesto que alcanzaba los $45 mil millones. Sin embargo una serie de inconvenientes técnicos, pero también de gestión, impidieron que esa meta se cumpliera, y que aún 23 jardines no estén en funcionamiento.
Así lo establecen las conclusiones del informe de Contraloría resultante de la investigación sumaria que se hizo desde octubre pasado, y que además da cuenta de la pérdida de $370 millones por conceptos de sobrepagos, boletas de garantía vencidas y seguros pendientes.
Junto con dar a conocer las conclusiones del documento emitido esta semana, las autoridades informaron que se remitirán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público con el fin de establecer responsabilidades, principalmente centradas en las empresas ejecutantes de los contratos, varias de ellas declaradas hoy en quiebra.
ESTADO DE SITUACIÓN
La directora regional de Junji, Alejandra Navarrete, explicó que de los 23 jardines que la Contraloría revisó, ocho continúan con obras paralizadas, seis ya están terminados y los otros nueve aún están en fase de construcción.
"El informe es un insumo clave para ordenar la situación, ponerles número a esta realidad, volver a licitar y tener las responsabilidades respecto a estas formas inadecuadas de trabajar", dijo.
Las conclusiones del informe que evaluó el periodo 2015-2018 de la puesta en marcha del programa, apuntan a que existieron pagos de partidas no ejecutadas por $235 millones, incumplimiento de montos seguros asociados a los contratos por $98 millones y el vencimiento de una boleta de garantía por $37 millones.
A ello se suma que existen irregularidades en las inspecciones técnicas, anomalías en 98 estados de pago, incumplimiento de bases administrativas y retraso en el proceso de liquidación de obras.
El seremi de Educación, Fernando Peña, explicó que "la Contraloría confirmó lo que nosotros pensábamos, que esta es una política pública mal ejecutada, implementada y evaluada. El informe da cuenta de las negligencias con que se ejecutaron estos proyectos, muchos de ellos con serios vicios y falta de control, con obras en estado de deterioro".
RESPONSABILIDADES
Ambas autoridades coincidieron en apuntar a la responsabilidad del equipo del programa Meta Presidencial, que encabezó Carlos Carrasco en el Biobío, durante la administración de la exdirectora de Junji, Andrea Saldaña.
El seremi Fernando Peña dijo que esta situación se agudizó "debido a que no existían los equipos técnicos para implementar el programa, que se hizo para que la ex Presidenta corte cintas y ponga primeras piedras, sin contemplar que existía una falta de capacidad. Se le hizo un daño a las familias que esperan esta infraestructura, y el compromiso junto con atender las sugerencias, reliquidar los contratos y realizar las obras pendientes".
La autoridad añadió que existe una responsabilidad política de las autoridades del gobierno anterior "en la conformación y planificación del trabajo, ya que hubo negligencia en los Itos (inspectores de obra), equipos de finanzas, por tanto acá estamos frente a un ofertón electoral que lamentablemente le trae serios problemas económicos al fisco y a las familias que esperaban esta infraestructura".
Sobre las condiciones actuales de trabajo en el programa, la directora Alejandra Navarrete indicó no conocer al equipo a cargo y que "cuando asumí, el equipo ya no estaba. Lo que sí puedo decir es lo que señala el informe, que dice que no había capacidad, faltas administrativas e irregularidades. Junji tiene un área de infraestructura, que es pequeña y da respuesta a nuestros jardines clásicos, pero no tenía la capacidad de abarcar la nueva cobertura".
Sobre el estado actual de los jardines con las obras paralizadas, la directora regional de Junji explicó que se está trabajando con las comunidades de dichos sectores para tener lo más pronto posible una solución, considerando que se deben resolver varios trámites administrativos para volver a licitar obras.
"Cada proyecto tiene fechas distintas y nos comprometemos dependiendo del estado de situación actual, pero no con fechas para entregarlos, sino que con el cumplimiento de etapas. En el caso del jardín Costanera Sur de Pedro de Valdivia, comprometimos diciembre como plazo para tener lista la empresa que hará las obras", cerró.