Un grupo de ocho exministros de Relaciones Exteriores, conformado por Soledad Alvear, José Miguel Insulza, Carlos Figueroa, Heraldo Muñoz, Mariano Fernández, Juan Gabriel Valdés, Alejandro Foxley e Ignacio Walker, enviaron una carta al Congreso Nacional con el objetivo de llamar a los legisladores a aprobar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP11.

Ante el rechazo que ha generado en algunos congresistas dicho acuerdo comercial y de políticas públicas entre varios países de la cuenca del Pacífico, los excancilleres durante los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet recordaron que durante esas gestiones se impulsó una política exterior "entendida como una verdadera política de Estado".

A juicio de los exsecretarios de Estado, ello "ha traído progreso a Chile en los últimos 30 años. Hubiera sido imposible alcanzar el alto crecimiento, la acelerada creación de empleos, el incremento en el poder aqduisitivo de los salarios y la expansión del gasto social, sin los acuerdos internacionales suscritos por Chile".

ABRIR MERCADOS

En esa línea, en la misiva enviada tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, plantearon que uno de los pilares de esa estrategia ha sido la política de acuerdos comerciales, "destinados a abrir mercados para nuestras exportaciones en la mayor parte de las economías del mundo". "Es así como se han definido reglas recíprocas claras que dan un marco estable al comercio exterior y las inversiones, en una economía abierta, integrada al mundo", añadieron.

Subrayaron el vínculo que se creó con el Asia-Pacífico, "que corresponde al área de mayor expansión de la economía mundial". Según los exministros, esta región "se convirtió en un eje de la acción internacional de Chile, desde comienzos de la década de 1990. El ingreso a la APEC y la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con el Asia Pacífico se convirtieron en uno de los pilares de esa estrategia".

Por ello, destacaron la firma del Acuerdo del P-4 con Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, en 2005, que fue el origen del actual Acuerdo Transpacifico (TPP) que está siendo discutido en el Congreso, el cual luego fue ampliado hacia Estados Unidos y naciones como Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam.

Recordaron que Chile jugó un rol clave en la mantención del grupo y convocó a un Diálogo de Alto Nivel de Iniciativas de Integración de Asia Pacífico en Viña del Mar, en 2017, que reabrió la negociación y permitió, en 2018, en Tokio, el acuerdo definitivo que se firmó en Santiago, en marzo de ese año.

El presidente (S) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destacó la necesidad de seguir trabajando en la promoción de la ética y de que los jueces actúen honestamente cada día, a propósito del sumario que enfrentan tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua por tráfico de influencias y otras presuntas irregularidades.

Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz están suspendidos de sus funciones mientras dura la indagatoria que ordenó el Pleno del máximo tribunal del país.

compromiso

En la ceremonia de juramento de abogados, Muñoz afirmó que los hechos que investiga la ministra Rosa María Maggi y las fiscalía de O'Higgins y Sur Metropolitana "deben hacernos a todos redoblar nuestro compromiso y esfuerzo en la promoción de la ética".

Añadió que el Poder Judicial "ha promovido el respeto de la ética, la probidad y la legalidad", por lo cual "hechos como los investigados en la jurisdicción de Rancagua nos permiten advertir que la tarea siempre está en construcción, nunca es suficiente instar por el respeto de aquellos principios en el ejercicio de la función judicial".

"En un Estado Democrático de Derecho, al juez se le exige que se esfuerce por encontrar la solución justa y conforme a Derecho para el caso jurídico que está bajo su competencia, labor que se le ha confiado por la demostración de una conducta honesta. Esta confianza no es graciosa, se debe mantener día a día, es uno de los aspectos que le otorga legitimidad social a la labor de cada juez", explicó el magistrado de la Corte Suprema.

Muñoz dijo que "el ejercicio de la función judicial lleva, por consiguiente, la superación de la mirada tradicional centrada sólo en el conocimiento y habilidades jurídicas, se complementa con el respeto de elevados requerimientos morales del juzgador".

investigación

También el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, se refirió ayer al caso de Rancagua: "Hay que decirlo en el lenguaje de los jueces: si se establece efectivamente los hechos que se han denunciado, y así de irregulares, es muy grave".

"El pleno fue informado de un par de denuncias a fines de noviembre o comienzos de diciembre del año pasado y de inmediato se dispuso una investigación. Se nombró a la ministra Rosa María Maggi en una visita extraordinaria", explicó a Radio Cooperativa.

"A raíz de estas investigaciones, se produjo una suspensión de un ministro, luego ayer (jueves) las otras dos suspensiones y se amplió la investigación, porque ella planteó que existían otros hechos y eventualmente otras personas".

A su juicio, el tribunal actuó "rápida y lo más enérgicamente" posible. Consultado sobre la posibilidad de tomar medidas más duras respecto de la situación, el magistrado dijo que una eventual intervención o un reorganización de la estructura de la Corte no están contemplados dentro del Código Orgánico del Tribunal, que los rige.

Planteó que "toda crisis obliga a una reflexión, simultánea y posterior, que lleve a mejorar todo lo que sea necesario". En cuanto a si los ciudadanos de Rancagua confían hoy en su sistema judicial, Cisternas contestó: "Probablemente no, pero también tenemos que enfocar las cosas desde otro punto de vista: las instituciones tienen que saber que en algún momento van a tener crisis, y esas crisis tienen que saber enfrentarlas y tienen que saber superarlas".

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, acompañado por la directiva de su partido, se reunió con el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, para proponerle varias medidas de combate a la delincuencia. Asimismo, le advirtieron que no están disponibles para legislar en proyectos como el control preventivo de identidad en mayores de 14 años.

Tras la cita en La Moneda, el líder DC dijo: "No hemos venido acá a transar, hemos venido a proponer alternativas que nos parecen mucho más eficaces. Hoy existe en el artículo 85 del Código Procesal Penal una medida que no hace distinción de edad, que es el control investigativo de identidad".

"Pero para eso se requiere que exista al menos un indicio de la comisión de un delito. Si hay que perfeccionar el artículo 85, no hay ningún problema", expuso Chahín, quien añadió que un control preventivo enfocado en menores de edad será, en la práctica, un control investigativo con otro nombre, y esto no es solución.

no a medidas efectistas

"Nosotros rechazamos medidas que lo único que buscan es un repunte en las encuestas y no solucionar los temas de fondo. Hemos venido responsablemente a buscar soluciones a la delincuencia, eso nos motiva. No estamos para operaciones comunicacionales".

"A nosotros no nos preocupa la próxima encuesta, nos preocupa el país y para eso necesitamos tomar medidas que sean efectivas más que efectistas", reflexionó el timonel DC.

La DC pidió a Chadwick que se coloque suma urgencia a un proyecto de ley que busca sancionar como un delito autónomo la autorización de menores de edad en la comisión de delitos. "El gran problema es que ha aumentado la participación de menores en bandas delictuales (...) Son reclutados por adultos", dijo Chahín.