Cuatro fueron las vulneraciones detectadas por un equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) durante una misión de observación realizada esta semana en la comuna de Alto Biobío.
Esta es la primera vez que funcionarios, encabezados por la directora nacional del organismo, Consuelo Contreras, realizan un diagnóstico de este tipo en la región del Biobío. El objetivo de la visita en terreno, explicaron, fue evaluar situaciones de derechos económicos, sociales y culturales.
La directora del Indh precisó que el derecho al agua, salud intercultural, educación pertinente y la reubicación de familias por el desarrollo de proyectos energéticos son los principales puntos que generan tensión dentro de la comuna cordillerana.
"Sin lugar a dudas hay una vulneración de derechos humanos a las comunidades el Alto Biobío", afirmó Contreras durante la entrega de los primeros resultados.
Los datos fueron obtenidos a través de distintas entrevistas realizadas a varias autoridades y líderes de comunidades pehuenches. Serán procesados e ingresarán a un informe, que luego será entregado a los vecinos de esa comuna y a distintos organismos del Estado. El documento incluirá recomendaciones que serán monitoreadas por el Indh.
DENUNCIAS CONSTANTES
Harún Oda, jefe regional del Indh, detalló que las distintas denuncias de las comunidades pehuenches reunidas desde 2015 a la fecha (o incluso antes), dieron el inicio para presentar ante el consejo técnico del organismo la propuesta de hacer el estudio.
"Se han acercado a nosotros distintos dirigentes y representantes de comunidades por una serie de situaciones vulneratorias, ya sea territoriales, discriminación, falta de acceso y hostigamientos por parte de las policías. Esas situaciones hicieron posible llevar a cabo esta observación de manera integral y no sólo por una experiencia en particular", señaló.
Oda explicó que "esta es la primera misión de observación que se realiza en la Región del Biobío. Existen experiencias en otras regiones, como Chiloé, en el contexto de la marea roja; Quintero, Petorca y Puchuncaví".
VULNERACIONES
Consuelo Contreras, directora nacional del instituto, enfatizó que el panorama en Alto Biobío es de extrema preocupación: "Nos encontramos con una comuna que está abandonada por parte del Estado".
Este abandono, a juicio de Contreras, ocurrió una vez que se inició el desarrollo de proyectos energéticos en la zona. "El Estado no podía dejar de lado a las comunidades en estas negociaciones, cuando a quien tenían sentados en frente eran grandes empresas que tienen mucho poder y mas manejo", añadió.
Respecto a las vulneraciones detectadas, la directora indicó que la principal está vinculada al acceso al agua. "Las tierras que se han entregado lo han hecho sin derecho a agua. Las comunidades pehuenches tienen sólo un 17% de los derechos de agua de la región y más de un 30% son de particulares, que no son las empresas", detalló.
Asimismo, agregó que "el impedir el acceso al agua hace imposible acceder a proyectos que el mismo Estado licita para el desarrollo indígena, porque al no contar con derechos al agua no pueden acceder a proyectos de regadíos o agrícolas".
A estos aspectos se suman la salud y la educación, que carecerían de pertinencia con la comuna.
"Esta es una zona que no cuenta con comunicaciones, no hay señal telefónica, locomoción colectiva. Hacer traslados en caso de una enfermedad grave es prácticamente imposible. Conocimos el caso de un niño que fallece en esas condiciones, porque no recibe una atención médica adecuada", relató.
PERTINENCIA
Osvaldo Torres, jefe de estudios del Indh, señaló que las mismas autoridades de la zona reconocen una falta de respeto a las culturas mapuche pehuenche en la zona.
"Los formularios de postulación al Fosis, Indap, están hechos con las categorías y las características de aplicación para una zona culturalmente similar a Arauco, Copiapó o Santiago. Es una falta de pertinencia cultural que habla del no reconocimiento de esas particularidades", concluyó.
