Crisis de la jibia agudiza brecha entre autoridades e industrias
"Este es un nuevo terremoto para nosotros, pero sin seguro. En el 27/F pudimos recurrir a esos fondos para reconstruir nuestra planta y poder recontratar a toda la gente, y esta vez estamos en una situación de bastante mayor fragilidad". Es lo que parte señalando Andrés Fosk, gerente general de Landes, al recordar la aprobación de la ley que otorga la captura de la jibia al sector artesanal, asegurando que no podrá mantener esa línea de negocio que representa un tercio de las operaciones de la compañía, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y la congelación de inversiones por unos US$6 millones previstas para Talcahuano.
"Como trabajador de la industria, como contribuyente y como votante, esperaría poder acceder a parlamentarios y a un gobierno que me protegiera para poder hacer mi actividad comercial e industrial de manera tranquila y no esto que es un desamparo completo. Instalaron un ambiente de buenos y malos que está lejos de acercarse a la realidad; al revés. Ungieron a un par de personas como representantes del mundo artesanal en Chile que son especuladores, dueños de plantas que manejan grandes cooperativas y cuando se den cuenta, ya no podrán echar pie atrás", afirmó Fosk.
Con esa desesperanza, el ejecutivo pesquero partió el viernes junto a los seis presidentes de los sindicatos de Pesquera Landes a una reunión con el alcalde de Talcahuano, Henry Campos. Los trabajadores preguntaron al edil "de qué manera el Gobierno se hará cargo de los compañeros y compañeras que perderemos nuestros empleos de aquí a agosto, cuando ya no podamos trabajar en la jibia".
Según el ejecutivo, entre agosto de 2018 y agosto de este año -cuando la empresa ya no pueda capturar jibia- se perderán 200 puestos de trabajo. Se tendrán que dar de baja dos barcos, desvinculando a su tripulación además de los equipos de mantenimiento y de apoyo, que suman otras 60 personas.
Fosk agregó que la destrucción organizada del mundo pesquero industrial no beneficia en nada al sector artesanal, sino que todo lo contrario. "Muchos en el Congreso piensan que producto del financiamiento irregular de la política, de las investigaciones o de lo que fuese, hay que castigar al sector industrial para quedarse del lado de lo políticamente correcto, pero esa generación de valor que hace la industria no se traspasa al mundo artesanal. Si hubo corrupción la justicia debe resolver, pero eso no implica hacer desaparecer un sector productivo".
Luego, señaló que "los artesanales pueden abastecer las pymes, pero una industria que exporta y que coloca un tercio de su producción de jibia en los mercados internacionales tras una trabajo de años, no puede abastecerse con lanchas artesanales. Es como pedirle a BHP Billiton (una de las compañías mineras más grandes del mundo) que lo abastezcan los pirquineros. Aquí hay una destrucción de valor grave", sostuvo.
respaldo gremial
Los gremios locales sacaron también la voz. Ricardo Gouët, presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio de Biobío (CPC Biobío), dijo que la entidad se ha caracterizado por propiciar espacios de diálogo público-privado en pro del desarrollo regional, la generación de inversiones y el crecimiento económico, y precisó que para ello es fundamental contar con certezas jurídicas que garanticen la viabilidad del desarrollo de los proyectos en todos los sectores productivos.
"Desde esta perspectiva, sostenemos firmemente que no debiesen legislarse asuntos que afecten una actividad económica tan relevante como la pesca sin considerar las opiniones técnicas y científicas, tanto nacionales como internacionales y sostener como principales argumentos los diferentes matices políticos".
Gouët afirmó que "estaremos atentos a la propuesta del Gobierno anunciada por el ministro Valente, que esperamos contenga aspectos que verdaderamente den una solución satisfactoria para los distintos actores y releven la importancia que tiene el sector pesquero en nuestro país, un importante generador de empleo en la Región del Biobío y que ya ha comenzado a sentir los efectos de la legislación, con el anuncio de la empresa Landes que prevé el cierre de la línea de procesamiento de jibia, con el consiguiente despido de trabajadores y el congelamiento de inversiones, una situación que no se condice con el anhelo de transformarnos en capital económica del país".
En la misma línea, Carolina Parada, gerenta general de Irade, precisó que "tal como lo indicó el propio ministro de Economía, José Ramón Valente se trata de una ley "imperfecta" que requiere modificaciones. Pero más allá de los aspectos técnicos que tienen muy complicadas a algunas de nuestras empresas socias, sería importante mejorar el proceso de discusión legislativa, porque nos parece que hasta ahora la industria no ha sido lo suficientemente escuchada. Si bien el saber técnico no es el único en la sociedad, los actores científicos deben estar presentes en la toma de decisiones, sobre todo cuando se trata de nuestros recursos renovables y de sustentabilidad".
"En una región que aspira a convertirse en capital económica de Chile sería importante trabajar para aunar visiones entre el Gobierno Regional, parlamentarios y empresas, con un horizonte de largo plazo, entendiendo que la industria pesquera es relevante para la economía, la empleabilidad de la región y también para la naciente identidad gastronómica del Biobío", precisó la ejecutiva.