La necesidad de un defensor (Ombudsman) tributario
El Poder Ejecutivo propuso recientemente la creación de la Defensoría de los Derechos de los Contribuyentes (Dedecon), tomando la idea de la Prodecon (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente), que ha sido tan exitosa en México.
Esta propuesta es uno de los grandes aciertos del proyecto de Modernización Tributaria porque, así como el primer Gobierno de Michelle Bachelet creó los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), la actual administración consagra un cambio de paradigma en la relación tributaria, pasando a tener una relación de colaboración y transparencia entre el contribuyente y la autoridad.
Parece curioso que en Chile tengamos instituciones del Estado para defender distintas y nobles causas, pero no exista la defensa para aquel que financia gran parte de la estructura estatal. En este contexto, el defensor de los derechos de los contribuyentes (Ombudsman) nace como una necesidad para canalizar el desconcierto y dar amparo a la rabia que produce en el contribuyente el enfrentarse ante la negativa de los agentes del Estado, aún cumpliendo con las normas legales y administrativas vigentes.
En consecuencia, es fundamental para el desarrollo de nuestro país la creación de la Dedecon, facultándola para litigar en defensa de las personas de escasos recursos económicos, tanto administrativa como judicialmente, dándole independencia del Ejecutivo, con presencia regional y con competencia para resolver asuntos de tributación interna y externa, de tesorería y municipales.
Si bien al principio hubo críticas fundadas, por la facultad que otorga el proyecto de ley al ejecutivo de traspasar funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y los TTA a la Dedecon, despejado este asunto con el Ministerio de Hacienda existe bastante consenso en la necesidad e importancia de su creación.
Esta institución favorece especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), por lo que no es raro que sean su principal promotor.
Antes del año 2010, la Pyme se defendía con su contador ante el juez tributario; hoy, sin embargo, no tiene nadie que la defienda judicialmente, ya que requiere de abogado para reclamar de las liquidaciones de impuesto, salvo las de menor cuantía. Esta situación es inconstitucional puesto que el Estado no otorga el derecho de defensa judicial en materia tributaria.
No puede existir reforma más democrática que ésta, ya que garantiza la asesoría y defensa de las personas de menores recursos económicos y constituye la herramienta necesaria para que los derechos de los contribuyentes no sean letra muerta.
Socio de Tax Advisors, estudio jurídico especializado en derecho tributario.