Anef denuncia desvinculación de 300 personas en el sector público local
La directiva regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) denunció ayer el despido masivo por parte del gobierno de trabajadores del sector público en el Biobío, quienes laboraban bajo la modalidad a contrata y cuyas relaciones contractuales finalizan el 31 de diciembre.
Lorena Lobos, presidenta regional de la entidad, dijo que en las últimas 24 horas se contabilizaban 300 notificaciones de término de contrato a funcionarios en las diversas seremis y servicios de la Región del Biobío.
"Lo que estamos experimentando respecto de este tema es que en menos de 12 horas se han despedido a alrededor de 300 personas en la Región. Eso ha sido desde la cinco de la tarde del miércoles 28 hasta ahora (mediodía de ayer)", dijo Lorena Lobos.
Agregó que "aún faltan, porque a cada hora se va notificando a más gente. Este proceso comenzó ayer (miércoles), sigue hoy jueves y terminará el viernes (hoy). No hay otra ronda, porque no hay más plazo para notificar".
La seremi de Gobierno, Francesca Parodi, aseguró que el Ejecutivo se encuentra esta semana renovando y adecuando sus plantas en un proceso que sería normal cada año. "No tengo conocimiento de la cifra que se señala en relación a las personas que se van a renovar o no. Eso depende de cada ministerio", informó la vocera regional.
En tanto, de no revertir las salidas de los trabajadores, la Anef regional advirtió que iniciarán movilizaciones a partir del lunes, junto con las respectivas demandas que presente cada funcionario desvinculado.
razones políticas
Lorena Lobos aseguró que no existen razones técnicas ni de evaluación deficiente de los funcionarios que justifiquen sus salidas de los cargos. También explicó que se trata de trabajadores a contrata, cuyos contratos se extienden desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año.
"Esto corresponde a la no renovación de los contratos, pero se contrapone con el instructivo del Ministerio de Hacienda que salió el miércoles y que dice que establece ciertas condiciones para que no se renueven contratos y lo que hemos detectado es que no se cumple con éste. Es decir, las autoridades regionales no están cumpliendo con lo dispuesto por el ministerio descrito", añadió la dirigenta regional.
Lobos declaró que "hay servicios que persisten en despedir gente, a pesar de la jurisprudencia existente. Aquí hay razones políticas de por medio y eso ha sido reconocido por fallos de la Corte Suprema que se deben acatar".
indemnizaciones
Lobos aseguró que los 300 despidos corresponden a todos los organismos públicos de la Región.
"También hay despidos en Ñuble, cuyo territorio se supone que debe engrosar su dotación y no disminuir. También hay salidas obligadas de trabajadores", añadió Lorena Lobos.
Por lo anterior, la presidenta de la entidad señaló que públicamente le solicitan al Gobierno Regional que aplique con seriedad el instructivo elaborado por el Ejecutivo a nivel central.
Lobos también pidió al gobierno que explique de qué parte del presupuesto regional se extraen recursos para pagar eventuales indemnizaciones a quienes son despedidos injustificadamente, como es el caso del despido en marzo de un funcionario del Gore, en que la Corte Suprema ordenó su reintegro a funciones y pagar sueldos devengados ($27 millones) desde esa fecha.
"Eso debe responderlo el intendente. El presupuesto nacional y regional dice que se deben gastar las platas en lo que se deben gastar, que yo sepa no existen ítems dentro del erario nacional para las indemnizaciones. Entonces, ¿de dónde van a sacar la plata para cumplir con estas indemnizaciones'", planteó la líder local de la Anef.
el instructivo
Fechado el 28 de noviembre, el instructivo del Ministerio de Hacienda, que fue distribuido a todo el país, señala que su finalidad es lograr una gestión eficiente y de calidad en la prestación de servicios para la ciudadanía.
En primer lugar destaca que "las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas sólo a casos debidamente fundados, que impidan discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de sus facultades correspondientes".
También explica que deben basarse en criterios relacionados con evaluaciones de desempeño y en su defecto, en la no continuidad de los programas o planes en que los funcionarios desvinculados cumplen servicios.
También señala que la no renovación de los contratos debe realizarse con una anticipación de 30 días antes de la finalización del vínculo laboral con el gobierno.
Desde el Gobierno
La vocera Francesca Parodi explicó que "todos los años se produce la renovación o no renovación de las y los contrata. Esto es normal y en gran parte responde a los criterios que evalúa cada ministerio, en base a los planes y programas, sus cierres o continuidad".
Parodi dijo que el gobierno ha cumplido con todos los requisitos legales del proceso, como por ejemplo, los plazos de la notificación de las salidas, que se cumple mañana. "Entiendo que esta semana se cumple ese plazo (viernes)", dijo.
Parodi expresó que lo que se busca con este proceso es hacer un reordenamiento que responde a los objetivos del gobierno, relacionados también con la eficiencia en la labor pública.
"Aquí hay un serie de criterios, como las series de programas o redistribución territorial, como es lo ocurrido con la Región de Ñuble, criterios de evaluación. Respecto de criterios políticos, si hay cargos de confianza que todavía no se cambian, pueden haber. Pero, se respeta la legalidad correspondiente", explicó.
Sobre el instructivo de Hacienda, Francesca Parodi manifestó que "nosotros estamos conscientes del criterio de austeridad del gobierno, pero también se ha respetado la legislación. "Las personas que sientan vulnerados sus derechos por no ser renovadas, pueden recurrir a las instituciones respectivas, pero nosotros actuamos bajo la normativa existente".