El Presidente Sebastián Piñera salió a intensificar la presión sobre la oposición para que apruebe el proyecto Aula Segura, después de que el Ejecutivo decretara su discusión inmediata. Con esta medida, el Ejecutivo acotó la revisión del proyecto a seis días y deberá ser despachado en general y particular por la comisión y la Sala del Senado.

"Nuestro Gobierno va enfrentar con toda la fuerza de la ley a quienes creen que tienen derecho a destruir sus liceos, rociar con bencina a profesores y compañeros", explicó el Mandatario en el lanzamiento del Plan de Educación Técnico Profesional en una actividad en Renca.

críticas opositoras

En la misma jornada, la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste, de la Demo racia Cristiana, cuestionó la decisión del Gobierno de anunciar discusión inmediata a la iniciativa y apuntó a una supuesta intención de La Moneda de "eludir la discusión de fondo" en este tema.

"Lo que hemos dicho es que queremos avanzar en un plan nacional de convivencia escolar, queremos abordar este tema realmente con todas las dificultades, con todas las complejidades, con toda la diversidad que tiene el sistema escolar, pero un 'papelito' hecho a la rápida, mal hecho y que solo aborda la situación que se vive de forma muy dramática en un municipio de Chile (el de Santiago), no basta para que hablemos de una legislación en serio en torno a este tema", sostuvo la parlamentaria DC por la Región de Atacama.

respuesta de piñera

Consultado por las críticas de algunos parlamentarios luego de que se pusiera discusión inmediata a la iniciativa, el Jefe de Estado comentó que "yo sé que ustedes están del lado de los que quieren estudiar y sé que quieren que este Presidente combata con mucha fuerza a los que quiere destruir sus colegios". Piñera añadió que los parlamentarios "en esto no pueden ser neutrales, tienen que optar. Una buena forma de demostrarlo es cuando le toquen votar el proyecto de Aula Segura".

Piñera aseguró que "hemos escuchado" a los parlamentarios y "hemos ingresado una indicación" respecto de las inquietudes presentadas por algunos senadores respecto al debido proceso. Esta apunta a aclarar las inquietudes de algunos senadores en materia de "debido proceso" de la aplicación.

subsecretario

En el Ejecutivo rechazaron las palabras de Provoste. El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, manifestó que "me parece que es un despropósito tildar de 'un papelito' un proyecto de ley trabajado, además, con el Congreso".

Según Figueroa, "el hecho que sea un proyecto simple, de un solo artículo, precisamente apunta a que podamos rápidamente abordar esta discusión en el Congreso". El subsecretraio criticó que "la discusión de un proyecto tan necesario, pero a la vez tan simple de despachar, se haya entorpecido en la discusión parlamentaria".

La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, se sumó a la ofensiva de la administración Piñera y agregó que "le hemos puesto discusión inmediata a la tramitación del proyecto porque tenemos la convicción de que llegó la hora de que tenemos que devolverles la tranquilidad, la paz y la seguridad a los estudiantes, a los profesores y a los padres y apoderados. Por eso, esperamos que la mayoría de los parlamentarios nos acompañen en la aprobación de la idea de legislar".

La presidenta de la Corte de Apelaciones, Dobra Lusic, se refirió ayer al supuesto fallo sobre el caso Karadima y afirmó que "no existe siquiera un proyecto de fallo". "Lo que está claro es que no hay fallo. Se informó por el ministro presidente de la sala que no se había dictado sentencia, no existe siquiera un proyecto de fallo", dijo la magistrada.

Si bien Lusic prefirió no utilizar la palabra desmentir, aseguró que "se analizaron los antecedentes con los que contábamos, se informó por el ministro (Miguel) Vázquez, presidente de la Novena Sala, que no existe hasta la fecha ni proyecto entregado, ni menos sentencia sobre esta materia".

"no amerita"

La jueza por esto último descartó la realización de una investigación administrativa, ya que la situación "no amerita", al no existir un documento filtrado.

Lusic también indicó que la causa alegada la semana pasada aún se encuentra en acuerdo: "Cuando se empiezan a resolver todas las cuestiones de hecho y derecho que han suscitado durante la vista de la causa y que debe ser decidido por los ministros que integran el tribunal (...). Está dentro del proceso, se empiezan a resolver las materias y empiezan a buscarse criterios comunes de decisión y así ser va avanzando en la sentencia".

"Cuando se trata de asuntos complejos como este, hay muchos más asuntos que resolver. Nos contaba el ministro Vázquez que se suscitaron al menos dos cuestiones que había que resolver, una de un documento acompañado y otra de peticiones", sostuvo la presidenta de la Corte de Apelaciones.

Consultada sobre si las publicaciones en medios adelantando una supuesta sentencia oficial, como ocurrió el fin de semana, influía en el ejercicio de los magistrados, Lusic respondió que no, porque "los ministros tenemos bastante independencia y claridad respecto lo que tenemos que conocer".

"en el mismo lugar"

El abogado de las víctimas del exsacerdote Fernando Karadima, Juan Pablo Hermosilla, señaló al respecto que la causa "queda en el mismo lugar que estaba antes no más. Mientras no salga un fallo que esté firmado por los tres ministros y notificadas las partes, el resto pueden ser buenas informaciones, buenos datos periodísticos", dijo en radio Cooperativa.

"Yo sí creo que es claro que viene un fallo luego, que viene un fallo próximo y hay que estar en lo que se diga. Esto que apareció en La Tercera, entiendo que, incluso por lo que me informaron periodistas de La Tercera, es una filtración que ellos obtuvieron desde adentro del sistema judicial y no es una filtración que llega de afuera", señaló el abogado de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo.

"lo antes que puedan"

Hermosilla ayer también se reunió con el presidente de la Novena Sala del tribunal de alzada capitalino, Miguel Vásquez. "Lo que yo le he pedido a él es que (el fallo) lo saquen lo antes que puedan. Yo creo que el que sea que haya escuchado nuestros alegatos, tanto de mi contraparte como yo, se da cuenta que la cosa no es tan compleja", contó el abogado de esa reunión.

"La Corte tiene derecho a resolver esto de la forma que estime pertinente, pero creo que ojalá salga antes que tarde este fallo y yo creo que lo que pasó ayer fue una anécdota muy llamativa y estruendosa, pero creo que no pasa de ser eso", añadió el abogado demandante.

- El problema es que lamentablemente, en algunos colegios, porque no es la generalidad, se han producido hechos que van más allá de la agresión. Esto ha llegado a un nivel delictual, incluso con agresiones y compromiso delictual que dicen relación con la vida de las personas. Esto no está generalizado en todo Chile, pero frente a esos problemas que ya han ocurrido, nuestra norma es bastante laxa o no actúa en forma rápida respecto de las facultades de los directores para poder expulsar alumnos. Lo que se está buscando es eso, que los establecimientos educacionales tengan una herramienta que les permita actuar de manera rápida para separar de la comunidad a personas que trastocan cualquier norma. Si se quiere enredar la discusión se va a decir que se requiere avanzar en el diálogo. Eso lo entiendo en un nivel de violencia tratable, pero cuando ya es algo delictual, que pone en riesgo la vida de las personas, eso ya no es tratable.

- Lo que tenemos claro es que en el país no es admisible ningún tipo de violencia respecto de alguien que ejerce autoridad o en contra de alumnos. Pero con esto estamos yendo a hechos extremos, no cotidianos. Hay personas que entran a los colegios con la intención totalmente distinta de expresarse como lo señala la Constitución. Hay que tener leyes excepcionales para estos casos. Es lo mismo que pasa en la Ley Antiterrorista.

- Creo que hay personas que tienen un grado de manipulación importante de adultos que pertenecen a grupos anárquicos o que propagan la violencia como una forma legítima de exponer sus derechos. Y en esa creencia está la falta de respeto con los otros, propio de grupos asistémicos, que no respetan la democracia ni la libertad de opinión de las comunidades educativas.