La Cámara avanza en acusación constitucional contra supremos
La Sala de la Cámara de Diputados rechazó ayer la cuestión previa y desarrollaba, al cierre de esta edición, el análisis del fondo de los méritos de la acusación constitucional presentada contra de los ministros de la Corte Suprema Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama.
Los magistrados fueron acusados por otorgar libertades condicionales a Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda, Felipe González Astorga, Gamaliel Soto Segura y Moisés Retamal Bustos, condenados por secuestro calificado.
La votación arrojó un empate a 69 votos y se conoció tras una sesión que se extendió durante casi cinco horas.
Al comenzar la jornada, la comisión parlamentaria ad hoc recomendó -con cuatro votos a favor y uno en contra- aprobar la acusación, con el fin de que se discutiera en la Sala.
el debate
Luego de la exposición de los abogados defensores, tomaron la palabra los diputados miembros de la comisión revisora de la acusación. La primera en hacerlo fue la PPD Carolina Marzán, quien cuestionó que se argumentara la aplicación del decreto ley 321 (libertades condicionales), la que calificó como "una defensa que dista mucho de la jurisprudencia internacional, nacional y que el sentido común han establecido".
"Nunca el ejercicio de una facultad consagrada por la Carta Fundamental será aberrante", aseguró Marzán, replicando uno de los argumentos de uno de los abogados de los jueces, Davor Harasic.
El diputado Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social) argumentó que "la acusación constitucional es una herramienta dispuesta en el ordenamiento jurídico y presente desde la Constitución de 1833". Respondió a quienes rechazan la acusación argumentando que es una intromisión en el Poder Judicial y recordando que los miembros del la Corte Suprema son aprobados por el Senado: "¿Acaso eso no es una intromisión?".
"No se puede configurar un notable abandono de deberes", explicó el UDI Renzo Trizotti, el único legislador oficialista en la instancia que revisó el libelo y que recomendó ver el fondo de la acusación constitucional. El legislador descartó que los supremos actuaran con dolo, lo que es una afirmación "bastante excesiva".
La diputada Natalia Castillo (RD) expresó que "lo que han hecho con las libertades condicionales es acallar su legítimo derecho a un acceso a la justicia (de los familiares de las víctimas) pero, por sobre todo, su dignidad y la memoria histórica de un país".
"Los ministros acusados han incurrido en el incumplimiento de sus deberes", aseguró. Y agregó que se levantó un "nuevo sistema de impunidades" con sus "interpretaciones" de la ley.
El diputado Leonardo Soto (PS), presidente de la comisión que revisó el libelo, apuntó a que sí existía una alternativa a liberar a "estos criminales de lesa humanidad": aplicar el Estatuto de Roma.
La Cámara se pronunciaría anoche por la admisibilidad de la acusación. Si era aprobada, con mayoría simple de la Sala, pasaría al Senado.