Con el despacho desde la Cámara de Diputados hacia el Ejecutivo para su promulgación, sólo resta que la nueva Ley que reduce la velocidad máxima en zonas urbanas, de 60 a 50 kilómetros por hora, sea publicada en el Diario Oficial para que entre en vigencia.
La implementación de la medida obligará a los municipios a actualizar la señalización en las calles para alertar a los conductores del cambio de normativa, a fin de evitar la confusión de los conductores si estos son sorprendidos infringiendo la ley durante un control de Carabineros.
El alcalde de Santa Juana y presidente de la Asociación de Municipios del Biobío, Ángel Castro, manifestó que "es preocupante, porque cambiar toda la señalización de una ciudad no es cosa fácil, la inversión es alta y eso va a traer costos que no están en los presupuestos municipales".
Por eso, Castro confirmó que "vamos a solicitar a la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional) poder contar con algunos recursos extra para poder ponerse en regla con la nueva Ley, porque en general los municipios no tienen el dinero suficiente".
Respecto al plazo -incierto hasta que se promulgue la norma y se anuncie su publicación en el Diario Oficial-, dijo que "eso es lo que más nos preocupa, porque una vez que se publique la norma se debe cumplir y nosotros vamos a tener que tener la señalización actualizada".
PEDIRÁN FONDOS
En esa línea, el diputado Félix González, miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, valoró la aprobación de la Ley, pero también planteó dudas respecto a si los municipios tienen los fondos y el tiempo para realizar los cambios antes de que la nueva Ley tome vigor.
"Lo que no consideró el Gobierno es que al tener aplicación inmediata, las señales de tránsito no se cambian automáticamente; y en un país bastante burocrático como este, los municipios van a tener que generar cambios en glosas presupuestarias, probablemente, salir a la calle, cortar e imprimir los nuevos letreros", dijo.
Por eso, González estimó que "va a ser necesario que haya un apoyo desde el Gobierno a los municipios para poder hacer esto. Me atrevería a proponer que sea el Gobierno el que corra con los gastos de esta implementación si quieren publicar luego en el Diario Oficial".
Misma opinión tuvo el alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal: "Esperamos que el gobierno nos pueda apoyar en esto asignando recursos para instalar esta información de tránsito que no está considerada en el presupuesto inicial. No obstante, vamos a hacer todos los esfuerzos por cumplir con la norma que además valoramos enormemente".
Alternativa
En San Pedro de la Paz en la última semana debieron lamentar el fallecimiento de dos personas producto de atropellos en su comuna. Por ello el alcalde aplaudió la normativa.
El alcalde Retamal mostró la misma preocupación que Castro, pero manifestó que una alternativa es hacer la instalación de la nueva señalización por etapas.
"Vamos a instalar la señalización correspondiente de forma progresiva en las principales vías de la ciudad y en la medida que tengamos más recursos vamos a ir completando en todas las calles que sean necesarias. Esta tarea la vamos a comenzar a realizar una vez que la ley sea promulgada por el Presidente de la República", anunció.
ALCANCES DE LA NORMA
El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jaime Aravena, explicó que el objetivo de la ley es mejorar la seguridad en las calles, "porque lo que hace principalmente es ir en apoyo de los usuarios más vulnerables, que son los ciclistas o los peatones, que representan cerca del 42% de las víctimas fatales".
Según indicó Aravena, "la experiencia muestra que una reducción de 10 kilómetros por hora en la velocidad promedio puede llevar a una reducción de hasta un 30% en accidentes con lesionados o fallecidos. Es decir, puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte".
En ese contexto, durante 2017 en la Región se registraron 11.774 accidentes de tránsito, dejando como consecuencia a 225 fallecidos y 8 mil 851 lesionados de distintas consideraciones. Además, el 25% de las víctimas fatales se debió a velocidad imprudente o la pérdida de control del vehículo, lo que derivó en 57 fallecidos.
La normativa afectará a avenidas como Los Carrera y Costanera, en Concepción; o Colón, en Talcahuano. Lo mismo ocurrirá en la avenida Pedro Aguirre Cerda, en San Pedro de la Paz. Las excepciones, explicó el seremi Aravena, serían la Ruta 160, las autopistas Concepción-Talcahuano y Concepción-Penco, además de otras que son administradas por el Ministerio de Obras Públicas.