Luego de cuatro días de discusión en el marco del caso Penta, ayer el 8° Juzgado de Garantía de Santiago absolvió al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner por el ilícito de cohecho, pero lo condenó por enriquecimiento ilícito y delitos tributarios.
El ex funcionario del primer Gobierno de Sebastián Piñera había acogido la solicitud de un procedimiento abreviado, por lo que la Fiscalía Metropolitana Oriente reformalizó a Wagner por estos dos ilícitos y eliminó el cohecho que se le había imputado en un comienzo, desatando la molestia de los querellantes, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fundación Ciudadano Inteligente (CI), quienes sí acusaron por este ilícito.
El juez consideró que el delito de cohecho "no pudo acreditarse" pero aceptó el cargo de enriquecimiento ilícito formulado por el Ministerio Público, al constatar un "aumento relevante e injustificado" del patrimonio de Wagner cuando este ocupaba un cargo en el Gobierno.
Ante este nuevo escenario, el ente persecutor solicitó una pena de dos años de presidio menor en grado medio, y el pago dos multas -50% del perjuicio fiscal y 40 UTAS- por los delitos tributarios, además de cuatro años de inhabilitación de ejercer cargos públicos y el pago de los $42 millones por el enriquecimiento ilícito.
reacciones
Ante la idea de que podría quedar una imagen de impunidad hacia Wagner, el fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, señaló que "aquí no se trata de dar señales. Nosotros tenemos que actuar conformidad a la ley y es lo que hemos hecho".
"Aquí tenemos personas condenadas que efectivamente son poderosas. Están formalizadas las personas jurídicas de empresas Penta, hay una cantidad importante de ejecutivos que, sin lugar a duda, son personas de grandes ingresos, y que vamos a perseguir su condena", agregó.
El persecutor también se refirió a los rumores que apuntan directamente a que él habría pactado el abreviado con algún interés de fondo: "Cuando uno toma decisiones en este tipo de casos, siempre queda expuestos a las críticas de un sector político. Sin ir más lejos, en esta causa son querellantes diputados del Partido Socialista, que inclusive recurrieron hasta el TC".
Para el abogado de CI, Mauricio Daza, la resolución "representa el fin de cuatro días bastante oscuros y vergonzosos para el sistema de persecución penal y para la credibilidad del Ministerio Público".
