Bonos de Impacto Social: ¿Está Chile listo para implementarlos?
Pedro Canales Contreras es el director ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza y debe lidiar a diario con la responsabilidad de mantener la institución donde trabajan 1.041 personas y atienden a niños desde recién nacidos hasta jóvenes de más de 18 años.
La Fundación tiene sedes entre Iquique y Puerto Montt, y cubre 104 proyectos en diferentes modalidades de atención. En la cárcel de Coronel tiene una escuela propia, donde trabaja en un programa de apoyo a la reinserción y en el tratamiento de drogas. En calle Orompello les fue donada hace poco una casa que no han logrado habilitar para atender a jóvenes que tienen conflictos con el consumo de drogas.
Para financiarse, la Fundación participa en licitaciones que convoca Sename, Senda, el Ministerio de Desarrollo Social. "Nuestro presupuesto en un 99% proviene de administrar adecuadamente esos fondos públicos, supervisados por el mismo servicio que te asigna la licitación y que es parte del contrato que firmamos y, la Contraloría.
En esta región atienden a 723 niños y en el país 5.700 menores en educación, reparación del maltrato, tratamiento del consumo de sustancias y a hijos de presidiarios.
Respecto del aporte de los privados, dijo que es muy poco. "Estamos buscando que las empresas nos conozcan para que vean que nuestras finanzas son limpias, ordenadas y transparentes y que cuando una empresa privada aporte con nosotros aseguramos no solo una alta rentabilidad social sino también financiera. Las empresas tienen que entender que tienen que relacionarse de otra manera con la comunidad. Yo no voy a pedir dinero para hacer caridad, sino para las empresas inviertan con nosotros".
En esta línea es donde el mismo Canales plantea la idea de que Chile incorpore en su política social, particularmente con la infancia el modelo de Bono de Inversión Social (BIS).
A modo de ejemplo, dice que "si la casa de Orompello necesita $50 millones para habilitarla y para que sea un espacio académico, escolar, donde jóvenes que han salido de la cárcel, que están a punto de entrar o que el sistema ha expulsado reciban educación y nosotros garantizamos que en dos años el 98% de esos jóvenes no va a estar privado de libertad, no va a haber cometido delitos y habrá certificado al menos un nuevo año escolar. Si eso se cumple, el inversionista recupera su inversión, porque el Estado se la paga".
Es precisamente el modelo que abren los Bonos de Impacto Social (BIS), que ya tiene algún apronte en Chile, producto de un esfuerzo realizado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que se solicitó un estudio sobre el contexto para la implementación en Chile y en Latinoamérica (2015).
En Chile se han realizado algunos esfuerzos en el diseño inicial de un programa de BIS con algunos potenciales articuladores e intermediarios ya trabajando en la sociabilización con diferentes actores, de la propuesta que trae este mecanismo. Es el caso de Instiglio, que ha trabajado en el diseño de un bono para disminuir los niveles de reincidencia de presos con baja condena.
En el país el Estado lleva cerca de cuatro años comprometido con el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación social, con programas desde Corfo, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, entre otros. Es en este contexto y tendencia que convergen la llegada de los BIS a Chile, como modelo de financiamiento de innovaciones en políticas públicas que pueden contribuir a los desafíos sociales pendientes.