Gobierno español levanta la supervisión de las cuentas públicas de Cataluña
El nuevo Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, decidió ayer levantar la supervisión de las cuentas regionales de Cataluña, controladas por el Ministerio de Hacienda desde septiembre de 2017 para evitar que dinero público se destinara a promover la independencia de esa comunidad autónoma.
La nueva vocera del Ejecutivo, Isabel Celaá, explicó que la decisión sobre Cataluña se tomó como gesto de "normalidad política" y con la confianza de que "funcionará bien".
El anterior Gobierno español, destituido la semana pasada, gestionó la administración de Cataluña desde octubre de 2017 -cuando destituyó a las autoridades regionales por promover y declarar la independencia- hasta el 2 de junio pasado, cuando tomó posesión un nuevo gobierno catalán, salido de las elecciones autonómicas de diciembre.
El Ejecutivo de Sánchez dio ayer instrucciones a los bancos para que los nuevos gobernantes catalanes puedan abordar los pagos que le corresponden sin necesidad de pasar por la supervisión del Ministerio de Hacienda.
Según Celaá, se trata de una "medida de normalización", aunque el Gobierno central estará informado de las eventuales partidas que "pudieran dirigirse a cuestiones catalanas".
reunión
Fuentes del gobierno catalán informaron que Sánchez habló ayer, por primera vez, con el presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, y que "muy pronto" se reunirán.
Antes de esa conversación, Celaá informó que Sánchez se entrevistará bilateralmente con todos los gobernantes regionales de España, incluido Torra, aunque no dio fechas.
Según la vocera, "el gran objetivo" de esta reunión es "normalizar institucionalmente el país", en alusión a las tensiones entre las administraciones regionales y el ejecutivo español de la etapa anterior.
Precisó además que Sánchez llevará "la Constitución en una mano y el diálogo en la otra con la voluntad de avanzar" e insistió en que solucionar el conflicto catalán es una cuestión "prioritaria" para el nuevo Gobierno central. Por último, situó la integridad territorial como "el principal problema" que tiene España.