En el marco de los diez años que cumple la Ley de Transparencia -promulgada el 11 de agosto de 2008- el Consejo para la Transparencia realizó una serie de actividades en Concepción, incluyendo el inicio del proceso participativo de consulta y la primera sesión en regiones del órgano de fiscalización de la entrega de información.
Su presidente Marcelo Drago realizó un balance de los diez años de funcionamiento del sistema, proyectó los principales desafíos hacia el futuro y lamentó la falta de cultura de la información que aún existe en la Región del Biobío.
"Este es un momento especial para reflexionar lo que ha sido la implementación de la ley y el futuro de estos mecanismos para la próxima década, buscando intercambiar opiniones, conocer la experiencia de la ciudadanía y que proyectan. Queremos dar una señal de que el consejo es nacional y de que toda la ciudadanía tiene derecho al acceso a la información", planteó el abogado, master en Administración Pública en Harvard y, desde hace cuatro años, presidente del organismo.
-Gradualmente, el derecho al acceso a la información se ha ido instalando en la sociedad chilena, como aquel derecho que puede hacer efectivo cualquier persona. Partimos con muchos periodistas, estudiantes y funcionarios públicos muy involucrados en los alcances de la ley. Sin embargo el derecho se ha democratizado, con dirigentes sociales y mujeres de clase media que se ha empoderado con este derecho, buscando distintos beneficios para su diario vivir. Los funcionarios públicos y autoridades también han internalizado que la información nos favorece a todos.
-Lo que se ha ido instalando es una brecha de confianza entre la comunidad, sus autoridades y el Estado. Eso es una crisis de la propia democracia, ya que las instituciones se sustentan en la credibilidad de su trabajo. Por eso recuperar las confianzas es crítico para mantener nuestras democracias y con transparencia, se puede verdaderamente recuperarla. Nuestros propios estudios han detectado que la gente que no conoce el sistema de acceso a la información tiene mayores niveles de desconfianza que el ciudadano que ha solicitado la información sin inconvenientes. Esta ley tiene un órgano garante con facultades que las emplea cuando corresponde, algo que el ciudadano reconoce.
REALIDAD REGIONAL
-Es positiva, considerando que es la tercera a nivel país que más solicitudes hace, pero a nivel per cápita no es la región con mejores niveles de conocimiento y uso. Creemos que se puede hacer mucho más, para los niveles culturales de esta región. Hay una labor pedagógica que es responsabilidad de todos, y los resultados del sector público podrían ser mejores, y en ese sentido la Región podría mejorar mucho más.
-Quizás están atrás de zonas con mayor conflictividad del país, como la Araucanía, donde existe una base social con la necesidad de empoderarse a través de la ley. Esta es una región con una base social organizada, pero no le dan el óptimo uso a estos mecanismos.
CAMBIOS
-En el futuro el sistema debe profundizarse y extenderse. Debe haber un solo sistema de acceso a la información pública y terminar con el sistema fragmentado que tenemos hoy. El parlamento tiene un sistema distinto, el Tribunal Constitucional otro y nosotros tenemos tuición en cerca de 770 órganos, de la administración central del Estado, municipios, etc.
-Los mecanismos laterales deben terminarse y deben evolucionar otras legislaciones como el Lobby, con transparencia activa; la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con sanciones en materia de lucro, lavado de dinero o problemas medioambientales. Se debe avanzar en que la transparencia sea un atributo de toda la sociedad, pero también se puede avanzar en otras materias como terminar por las leyes reservadas.
-Parte de nuestra reflexión pasa por ampliar los sujetos obligados que adscriban a la ley de Transparencia, pensando en instituciones como la UdeC, que reciben aportes públicos significativos que deberían generar obligaciones de transparencia. Lo mismo ocurre en otros ámbitos como las isapres, AFP o asociaciones gremiales, que debiesen tener obligaciones de transparencia activa.