A casi tres semanas del último episodio de violencia al interior del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coronel, la dirección regional del Servicio Nacional de Menores (Sename) confirmó el traslado momentáneo de dos de los tres jóvenes que participaron de los desórdenes en el recinto. Una de las razones utilizadas como argumento fue que todos eran mayores de edad y por tanto, debían estar en otro tipo de centro.
El director (s) del Sename Biobío, Patricio Muñoz, explicó que los internos fueron llevados a unidades de corta estadía, una de ellas ubicada en la comuna de Til Til en la Región Metropolitana.
La medida, dijo Muñoz, responde a necesidades técnicas y de salud requeridas por los jóvenes, quienes presentarían situaciones vinculadas a salud mental.
El traslado fue solicitado por la Asociación Regional de Trabajadores del Sename (Antrase), luego que un grupo de jóvenes realizara destrozos en una de las viviendas ubicadas al interior del centro cerrado por supuestas demandas incumplidas. Esto ocurrió la tarde del sábado 21 de enero.
Iván Arriagada, dirigente de Antrase, valoró la medida, pero recordó que tiene un plazo definido, por lo que manifestó la necesidad de que los traslados se conviertan en una medida permanente.
Estas decisiones coincidieron con una visita realizada por funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) durante esta semana, para hacer una revisión del funcionamiento del recinto dependiente de Sename. Esto se produce un par de días después de la publicación de un informe sobre las condiciones en los centros de acogida del Sename.
EXPLICAN TRASLADOS
Patricio Muñoz, director (s) de Sename Biobío, explicó que uno de los jóvenes fue trasladado a una unidad de corta estadía de la Región Metropolitana, mientras que un segundo interno fue llevado a un recinto de iguales características que depende del Servicio de Salud Concepción y que funciona al interior del CIP-CRC de Coronel.
"Básicamente los traslados responden a problemas de salud. Siempre hubo sintonía con lo funcionarios sobre que se requería la salida de estos jóvenes, pero por un tema técnico", indicó.
Muñoz detalló que los espacios a los cuales son llevados los jóvenes son definidos de acuerdo a las necesidades de cada uno: "Todos estos traslados, que requieren un análisis técnico, son propuestos al Servicio de Salud, porque debe existir una derivación médica. El bien superior que debe primar en estos casos es la salud de los jóvenes y eso es lo que queremos garantizar".
Respecto al desapego de los internos con sus familias, el director comentó que en algunos casos se puede prestar ayuda para cubrir esta necesidad.
"El derecho de estar con la familia nosotros también lo garantizamos. Si algún joven tuviera la necesidad nosotros podríamos financiar ciertos traslados si así correspondiera", señaló.
Patricio Muñoz agregó que se han realizado mejoras a la oferta programática, luego del último episodio de violencia en el centro. "Hemos establecido una rutina más intensa y pertinente. Ese es uno de los trabajos que hemos ido mejorando junto con una mejora de los procesos administrativos al interior del centro. Nuestro objetivo es generar cambios puntuales en la rutina, pero también cambiar las condiciones y gestión técnica con todos los que intervienen", detalló.
EN CONOCIMIENTO
Desde la Defensoría Penal Pública señalaron que están en conocimiento de estos traslados momentáneos. Añadieron que el eventual traslado de uno de los jóvenes se definirá en una audiencia fijada para el 23 de febrero.
El proceso de traslado está regulado en la ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Cada proceso debe ser analizado de acuerdo a antecedentes vinculados al tiempo de condena y cuánto le falta por cumplir a un joven en su condición de adulto, pero con penas privativas de libertad como menor de edad. Se suman las condiciones de reinserción y los avances que ha tenido en sus planes de rehabilitación y reinserción en sistema cerrado.
De no ser cumplidos estos requerimientos, los traslados podrían ser impugnados por los tribunales, explicaron desde la Defensoría.
MEDIDAS PERMANENTES
Iván Arriagada, presidente de Antrase Biobío, afirmó que estos traslados tienen fecha definida. Por ello insistió en la necesidad que los traslados solicitados se conviertan en una medida concreta: "Lo que nosotros estamos pidiendo es que no se vulneren los derechos de otros jóvenes. Entendemos que los Derechos Humanos deben respetarse, pero deben tomarse medidas disciplinarias para que los jóvenes sepan que no se puede andar en los centros sin ningún grado de responsabilidad".