Puente Industrial: La urgencia de definir responsabilidades
La Región del Biobío es un polo de desarrollo fundamental para el país. Como expresión de lo anterior, es la de mayor relevancia desde el punto de vista la actividad portuaria privada y una de las que cuenta con más potencial productivo en diferentes disciplinas. Tiene, además, una importancia estratégica en la conectividad con Argentina, lo cual le otorga un rol fundamental en lo que debe ser el futuro comercial de Chile.
Sin embargo, al igual que en otros lugares del país, obras que son fundamentales para desencadenar su potencial productivo se encuentran paralizadas por aspectos regulatorios. Es el caso del Puente Industrial, una obra emblemática para facilitar el soporte logístico de la plataforma portuaria de la región y mejorar la calidad de vida de las comunas de San Pedro, Hualpén y otras aledañas. Este proyecto se ha visto postergado una y otra vez, desde diciembre del 2014 cuando fue adjudicado a OHL, por un conjunto de enlaces sujetos a estudio de evaluación ambiental y eventuales exigencias de la Ley Lafkenche.
La definición de la responsabilidad en la tramitación de los permisos debiera quedar claramente establecida y, en lo posible, radicada en quien tiene mayores posibilidades de una tramitación rápida. A través de la concesión de obra pública el propósito es dotar a la comunidad de infraestructura que no es posible abordar a través de recursos públicos, esencialmente por problemas presupuestarios. Su validación es sometida al Sistema Nacional de Inversiones que le asigna una rentabilidad social. Es decir, valora el beneficio social de la misma.
La empresa concesionaria actúa en representación del mandante sobre un bien nacional de uso público a cambio de una legítima compensación. Es, por lo tanto, el mandante el que define qué bien nacional de uso público transfiere, las características de las obras que se emplazarán y las compensaciones con los que el concesionario se remunerará, con el objeto de transferir un beneficio a la comunidad que justifique la intervención.
En ese contexto, es del mayor interés definir dónde radica la responsabilidad en la obtención de los permisos de diferente naturaleza que se requieren para construir y operar. Hay algunos que son propios del emplazamiento de cualquier construcción, pero hay otros que difícilmente son transferibles al privado, en tanto su capacidad de gestionarlos es limitada y, a lo mejor, no le corresponden.
Es posible que la forma más eficiente en obras de las características del Puente Industrial en la Región del Biobío, sea asumir la tramitación de los permisos ambientales, aceptación del proyecto por parte de la comunidad y otras regulaciones complejas, como la ley que protege los derechos de comunidades originarias, por el mandante, sin perjuicio de que los costos directos de la tramitación sean asumidos por el concesionario. De esta forma se minimizará la espera y quienes deben ser beneficiarios de la inversión lo puedan hacer al menor plazo posible.
Secretario ejecutivo
Consejo de Políticas de Infraestructura