Clínica Universitaria enfrenta demanda y riesgo de cierre
Una compleja situación está viviendo la Clínica Universitaria de Concepción (CUC), que forma parte del holding de Masvida, luego de que ayer se supiera que el banco Scotiabank presentó una demanda ejecutiva de embargo por una deuda del centro médico que se arrastra desde el 2014, cuando suscribió un pagaré por $200 millones.
Esta acción se suma a las declaraciones del gerente de CUC, Osvaldo Henríquez, quien en la edición de ayer de El Mercurio planteó que tanto este centro como Las Lilas de Santiago, así como la red, estarían "a punto de cerrar".
De acuerdo al ejecutivo, la Clínica Universitaria de Concepción debe unos $6 mil millones hoy a proveedores, de los cuales $2 mil millones les adeuda a los médicos. La situación es aún más compleja: como efecto de este escenario, en los últimos meses ha renunciado el 30% de los médicos, debido al complicado panorama de pagos.
El origen de las dificultades financieras estaría en que la isapre Masvida les informó en agosto del año pasado que estaba con serios problemas de caja para cumplir con los pagos de las facturas de su red de clínicas.
A partir de esta fecha, manifestó, la isapre comienza a atrasar los pagos a sus clínicas relacionadas y les paga cerca de un 25% de los servicios que le facturan.
Pese a ello, en el caso de la Clínica Las Lilas dio a conocer un breve comunicado ayer a través de su página web, en el que se señalaba que "a la fecha existe acuerdo con los acreedores para el pago de las obligaciones. La clínica no ha sido notificada de solicitudes de liquidación ni de otras similares, de modo que sus actividades se desarrollan normalmente".
Fue en agosto del año pasado cuando la isapre informó que estaban con inconvenientes de pago, que para el caso de la clínica situada en la avenida Jorge Alessandri llegaba a los $5.400 millones.
La acción del banco, entonces, es una demanda ejecutiva de cobro de pagaré, en contra de la CUC S.A., representada por Juan Pablo Stemberga y José Bauerle, quienes suscribieron un pagaré a la orden del banco con fecha 18 de julio de 2014, por la suma de $200.000.000, por concepto de capital.
Esta obligación, según el escrito presentado por la entidad bancaria, devengó un interés del 0,79% mensual. El capital adeudado y sus intereses se pagarían en una cuota el día 13 de noviembre de 2014, sin embargo, ese día tanto Stemberga como Bauerle renovaron o prorrogaron el pagaré, reconociendo adeudar por concepto de capital a esa fecha la cantidad citada, con un interés del 0,7600% mensual, en el cual se estipuló que el capital y sus intereses se pagaría en una cuota el día 13 de marzo de 2015.
Pero ese día, ambos ejecutivos pidieron de nuevo una prórroga, esta vez para 15 de junio de 2015, aunque otra vez solicitaron posponer el pago para el 17 de agosto de 2015. En esa fecha se pidió otra, pero esta vez para el 13 de abril de 2016 y posteriormente se hizo el mismo trámite para el 11 de agosto de 2016, tras lo cual finalmente no se cumplió y se pidió una última opción para noviembre del año pasado.
Para la institución bancaria S.A., como la CUC no pagó la cifra total y solo hizo abonos, actualmente la cantidad que debe el centro asistencia es de $82.260.953, haciendo exigible el total de lo adeudado a partir de la fecha de presentación de la demanda para un embargo.
REACCION LOCAL
Antes este escenario, el abogado Remberto Valdés, representante de las sociedades de inversión 6 y 9, sostuvo que la situación crítica de las clínicas es otra demostración del "cadáver que dejó el doctor Claudio Santander y su equipo de ejecutivos y de una administración desastrosa, que no se condice con los centenares de millones de pesos que anualmente esa plana ejecutiva cobraba muy por sobre el mercado penquista".
Sobre si esta situación favorece a potenciales compradores de los centros asistenciales pues cada día se están desvalorizando y se podrían vender a precios muy bajos, el profesional afirmó que eso se puede dar. "Primero tenemos algo que está reconocido que es la desastrosa administración de Santander, que permitió en un lapso de unos dos meses hubiera media docena de ofertas, todas en principio prestigiadas por él mismo, y después invalidada una a una. Creó un caos en el mercado y con falaces informaciones, tanto a la Superintendencia de Salud como a los cotizantes y los accionistas", explicó.
Adelantó que ahora están ad portas de presentar al menos otra acción criminal precisa y concreta en contra de quienes resulten responsables por estos actos que significan un perjuicio para los accionistas, no inferior de acuerdo a los cálculos, en principio, a $8.000 millones.
Recordó que primero de adhirieron a la investigación criminal que desarrolla la fiscalía de Santiago, luego interpusieron una querella criminal por el delito de presentación de antecedentes falsos ante la Superintendencia de Salud.