Ignacio Montecinos Pinto ahora es el único imputado por el homicidio frustrado de Pablo Ramírez, cajero de Servipag que fue quemado en un asalto al local, ubicado en el Supermercado Mayorista 10 de Hualpén. La investigación involucraba también a su hermano mayor, quien murió en la cárcel de Chillán mientras estaba en prisión preventiva.
El 29 de julio de 2015, cuando ocurrió el hecho, Montecinos tenía 17 años. Sin embargo, si es condenado en el juicio oral que se realizará para analizar el delito -juicio que parte este 15 de septiembre- la pena que reciba será bajo la ley 20.084 de responsabilidad adolescente y por tanto, la pena máxima a la que se expone es de diez años, la que podrá cumplir en un Centro de Reclusión Cerrado (CRC).
De ser así, no será el único bajo estas circunstancias en la Región. De acuerdo a datos entregados por el Servicio Nacional de Menores, Sename, en el CRC Coronel 16 de los 24 jóvenes que están recluidos allí tienen sobre 18 años. El límite de edad podría llegar incluso a los 27 años, considerando que la máxima pena son 10 años.
Según la directora regional del Sename, Rina Oñate, la situación no es preocupante, pues los adultos tienen pocos espacios de contacto con los adolescentes. Para el defensor regional, Osvaldo Pizarro, la cifra de condenados a penas privativas de libertad es marginal, en relación a todos los casos atendidos bajo la ley de responsabilidad adolescente y, pese a la percepción ciudadana, van a la baja.
Pizarro reconoció que hay ajustes que hacer, pero más que a la normativa, a los procedimientos y planes de intervención del Sename.
Traslado a la cárcel
El CRC de Coronel es el único recinto del Sename, a nivel regional, que trabaja con adolescentes condenados a penas privativas de libertad. A la fecha hay 3 jóvenes de 16 años y cinco que tienen 17. De los mayores de edad, trece tienen 18 años y tres, 19 años.
Rina Oñate, directora regional del Sename, contó que cada joven tiene un plan de intervención individual, diseñado por un equipo profesional, y que desde 2014 a la fecha la oferta programática con alternativas para que los jóvenes se rehabiliten ha aumentando en un 300%.
Esto hace viable que convivan adolescentes y adultos. No obstante, dijo, cuando el interno no se ajusta a los planes ni a las reglas del recinto, el Sename puede solicitar al tribunal que el joven sea trasladado a la sección juvenil de una cárcel para adultos.
Oñate planteó que generalmente esta solicitud se hace cuando hay agresiones: "Como son mayores de edad se considera una falta grave, porque estarían agrediendo a un menor de edad".
En la Región hay dos penales que cuentan con sección juvenil. Se trata de El Manzano y de Chillán. Pero, como el primero está en remodelación, actualmente sólo el de Ñuble está disponible. A la fecha hay siete jóvenes internos y el mayor tiene 25 años.
Sobre la convivencia en los centros de justicia del Sename, Oñate, explicó que los mayores de edad se agrupan en una misma casa, lo que es parte de las adaptaciones que va haciendo el director del centro con su equipo técnico.
"Si los adultos y los menores estuvieran juntos sería complicado, pero por eso los tenemos separados por casas. Las casas funcionan con alrededor de nueve personas. Sólo comparten en el patio común, pero cada casa tiene su propia dinámica, sus propios educadores. Cuando están en los patios están con actividades reguladas por los educadores", detalló Oñate.
Desde la Defensoría Regional, el defensor Osvaldo Pizarro detalló que la mayoría de los menores que son condenados cometen delitos como robo con violencia o robo con intimidación, tendencia diferente a las estadísticas de los adultos, donde sobresalen el hurto, amenazas asociadas a violencia intrafamiliar y el tráfico de estupefacientes.
Expuso que el cumplimiento de las sanciones apuntan a cuatro aspectos: rehabilitación personal, social, readecuación con sus vinculaciones familiares y una preparación para el mundo externo, que tiene que ver con la reinserción social.
Pizarro dijo que el foco que se le plantea a un joven de 18 años es distinto al de uno 24 . En el caso del primero se busca que termine su educación media, mientras que con el mayor de edad se apunta a que aprenda a un oficio para que pueda sustentar a su familia.
Proceso dinámico
La ley establece penas diferenciadas por edades. Entre 14 y 15 años la sanción máxima es de cinco años en régimen cerrado, mientras que para el tramo de 16 a 17 años llega a los 10 años.
"Para que un adolescente tenga una sanción dentro de esto se ha agotado el sistema de sanciones en libertad", aseguró Pizarro. No obstante, una vez interno esta pena puede ser revisada por el tribunal, que puede disponer que se restituya o remita la sanción.
Sobre aquello, contó que el año pasado se elevaron cinco solicitudes, de las cuales dos fueron acogidas: "Los planes de intervención tienen que apuntar a la rehabilitación y reinserción. La misma ley de responsabilidad penal juvenil dice que si el joven cumple su sentencia de manera íntegra el sistema está fracasando. Por eso se puede restituir o remitir la sanción que el adolescente está cumpliendo".
A su juicio, la ley funciona, aunque reconoció que deben hacerse ajustes: "El problema no es la ley. Tiene que ver con los organismos que están a cargo de la supervigilancia a título de medidas cautelares y sanción propiamente tal, en tanto que los planes de intervención y los profesionales deben contar con mayores capacitaciones para hacer más particular la intervención. Además que terminada la intervención no existe un paso con otro tipo de programas para que continúe reinsertado en la sociedad".