Indagarán amedrentamientos a fiscales y jueces de La Araucanía
La solicitud de una investigación administrativa al Ministerio de Justicia y denuncia penal en contra de defensores públicos que habrían amedrentado a jueces y fiscales, es lo que anunció ayer el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, tras la reunión del Comité Interinstitucional de Persecución Penal en la Macrozona Biobío-La Araucanía, realizada en la Intendencia del Biobío.
En la cita, donde participaron los fiscales, el intendente, presidentes de las cortes de Apelaciones de las dos regiones y las policías, se realizó un balance de cómo van las acciones policiales y judiciales emprendidas para afrontar la violencia rural.
"Como lo ha dicho la Multigremial (de La Araucanía en el Barómetro de Conflictos de Connotación Indígena), tenemos menos hechos que el semestre anterior, por lo que estamos satisfechos, pero constatamos que nos falta un conjunto de iniciativas que nos permitan perfeccionar no sólo los aspectos policiales, sino que judiciales", expuso la autoridad nacional.
Aleuy también precisó que cada tres meses el comité evaluará las acciones adoptadas en esta materia y se trazarán los lineamientos que se deberán seguir abordando sobre esta problemática.
INVESTIGACIÓN
Una de las situaciones que se analizó en la reunión de ayer fue el amedrentamiento que estarían viviendo los fiscales y jueces, principalmente en La Araucanía, por parte de defensores penales públicos que llevan causas de connotación mapuche.
"Fuimos informados por los magistrados de las cortes de apelaciones y por los propios fiscales de que habría abogados, tanto privados como de la Defensoría Penal Pública, que se salían de los márgenes legales de su actuar y que generaban un conjunto de ataques verbales al interior de los juzgados (…). Vamos a oficiar al Ministerio de Justicia para que se hagan las investigaciones que correspondan e iniciaremos las acciones legales que sean pertinente", expuso el subsecretario Aleuy.
También recordó el ataque que un grupo de personas realizó con piedras y palos en el Tribunal de Garantía de Cañete hace unas semanas.
El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, expuso que este clima de violencia verbal que se ha instaurado en contra del trabajo que realizan los persecutores penales en la zona se ha expresado en lienzos y panfletos, en los que se acusa a un fiscal de ser racista y otros epítetos. Además se les ha acusado en audiencias de que ser torturadores de estas personas.
"Esa situación creemos que puede socavar las bases del Estado de Derecho", expuso el fiscal Paredes, el que aclaró que el Estado, en el caso de la Defensoría Publica, garantiza "el acceso a una defensa técnica, y aquí se están abandonando los parámetros de una defensa de ese tipo y se toma una postura comprometida emocionalmente con los que cometen violencia. Eso no puede ser tolerado".
Además comentó que esta violencia verbal y amedrentamiento llevó a que la jueza del caso Luchsinger-Mackay se inhabilitara. "Ella dijo expresamente que ha sufrido hostilidad, hostigamiento de dos defensores penales públicos, quienes son tan funcionarios públicos como los fiscales, por lo que no podemos quedar impávidos y sin reacción frente a este tipo de situaciones", declaró el fiscal regional de La Araucanía.
Al respecto su par de Biobío, Julio Contardo, comentó que todas las acciones que se tomen para resguardar la función pública que ejercen tanto ellos como la Defensoría Pública "son valoradas por el Ministerio Público".
Al igual que el fiscal Paredes, el fiscal regional del Biobío expuso que este tipo de situaciones no amedrentarán el accionar que están desarrollando los fiscales.