La paja en el ojo ajeno ¿Y la viga en el propio?
El procesamiento y la detención del general Juan Emilio Cheyre ha sucedido en el momento preciso -demasiado preciso, tal vez- en que el Gobierno necesitaba empatar el bochornoso y vergonzoso descubrimiento de la espectacular pensión que estaba recibiendo la militante socialista Myriam Olate, esposa de Osvaldo Andrade, diputado de ese partido y presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados. Más de cinco y medio millones de pesos mensuales, muy por encima de cualquier otra pensión chilena.
leit motiv
Sin embargo, en vez de afrontar con dignidad la propia falta -y en un comportamiento que, por lo demás, le es recurrente- el gobierno y la coalición que está detrás, se han concentrado en ver la paja en el ojo ajeno -que existe, sin duda- en vez de ver la viga en el propio. Y aun, en tratar de ocultarla. El general Cheyre se ha constituido así en el "chivo expiatorio" que esta estrategia necesitaba.
Pero tanto va el cántaro al agua que, al final, se rompe. Cada vez son menos los ingenuos que se dejan atrapar en estas falacias. En este caso, además, porque la viga que se trata de ocultar es doble. A la que está constituida por los escándalos de los propios personeros de gobierno a que nos hemos referido y de los cuales la pensión de la señora Olate parece no ser más que la punta del iceberg, se agrega otra. Al general Cheyre se le procesa por violación a los derechos humanos ocurrida en los días que siguieron al 11 de septiembre de 1973, es decir cuando era un oficial de grado muy menor y por hechos de los cuales difícilmente podía ser responsable. Desde luego, nada se le reprochó después de la investigación de que fue objeto cuando se le ascendió a general y, tampoco, cuando fue designado Comandante en Jefe por el Presidente Lagos.
Más allá del caso Cheyre, no discuto que estas violaciones existieron y que algunas fueron francamente atroces, pero sí afirmo que no es posible juzgarlas sin tener en cuenta que los militares intervinieron en la vida política del país, porque la situación era ya intolerable y porque la violación a los derechos humanos que esa situación significaba, al decir del Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de ese año, no tenía otra salida que la intervención militar. A ello hay que agregar la apología de la violencia que hacían los partidarios del gobierno de entonces y que permitía pronosticar con toda certeza que el país se encaminaba a un baño de sangre.
Nada de eso se recuerda ahora. Y, sin embargo, para hacer justicia integral, ni tuerta ni coja, es menester recordarlo. Lo contrario es persistir en esto de los dos pesos y medidas. Uno, para los de este lado; otro para los del frente. Es persistir, entonces, en una situación de franca injusticia.