Las ganancias para quienes están involucrados en las mafias que se dedican a la pesca ilegal y su comercialización pueden llegar a los US$30 millones anuales.
Así lo estima la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, razón por la que llamó a las autoridades a no decaer en los esfuerzos por fiscalizar y castigar a los responsables de este delito que impide la recuperación de las pesquerías y recursos afectados.
Lo anterior, surge tras los incidentes de los últimos días en los terminales pesqueros artesanales de Santiago, Valparaíso y Talcahuano, donde comerciantes y pescadores artesanales se han opuesto por la fuerza a fiscalizaciones del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).
La cifra presentada por Asipes sólo corresponde a los ingresos por la extracción y venta del recurso merluza sin acreditación de origen, pues de acuerdo a un estudio realizado este año por la ONG Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable (Cedepesca), en nuestro país se extraen en torno a 20 mil toneladas de merluza común -o pescada- de forma ilegal.
La pesca o extracción ilegal de recursos pesqueros hace referencia al delito de obtener pescados o mariscos de manera indebida, fuera de autorizaciones de pesca o robado desde zonas de cultivo o áreas de manejo, sin conciencia sobre su recuperación y afectando la sustentabilidad de dichas especies.
"Las cuotas de pesca tanto para el sector artesanal como para el industrial están construidas bajo la lógica de protección y recuperación de las especies con el objetivo que sean un recurso renovable y factible de generar trabajo para todos quienes participan de él", explica Macarena Cepeda Godoy, Jefa de Sustentabilidad de Asipes. Sin embargo, en el caso de la merluza la cuota para los pescadores artesanales es de 9. 200 toneladas de merluza, sin embargo se extrae ilegalmente tres veces esa cifra, por lo que de no mediar un cambio en esta tendencia, la merluza terminará extinguiéndose", apunta la especialista.
Por esta razón la Asociación de Industriales Pesqueros respalda el creciente número de fiscalizaciones que se están ejecutando en diferentes terminales pesqueros para acreditar el origen legal de los pescados y mariscos que allí de comercializan. "La pesca ilegal acaba con las especies, genera una evasión tributaria monumental y también es un tremendo problema sanitario, pues estas capturas no cuentan con trazabilidad sobre su origen calidad, transporte y conservación, lo que es un riesgo para la población que consume estos alimentos del mar".
Al respecto, la jefa de Asuntos Públicos de Asipes, Verónica Ceballos Barrón, dijo que "la pesca ilegal también afecta a los pescadores artesanales honrados que pescan sus cuotas y cuidan sus recursos, ello porque quienes pescan ilegalmente venden sus productos a un menor valor, generando una pérdida económica y de sustento para quienes respetan las normas".
"La pesca ilegal es un delito gravísimo y no es posible condicionarla a que las cuotas son pequeñas. El problema radica en la cantidad de embarcaciones que dispone la flota artesanal, donde hay muchos para muy pocos peces", explicó.
Verónica Ceballos explicó que la pesca industrial está libre de pesca ilegal, pues la flota es monitoreada por la autoridad vía GPS, tiene certificación de descarga y trazabilidad de todos sus productos. "Culpar a la industria pesquera del deterioro de esta pesquería es buscar desviar la atención del problema de fondo".
Cabe señalar que el sector artesanal posee una zona de exclusión de 5 millas (unos 10 kilómetros desde la costa) para capturar sus recursos y actualmente el 60% de los recursos pesqueros chilenos se encuentra asignado a este sector productivo.
La Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, es un gremio que agrupa a las principales empresas pesqueras de la zona centro sur del país, generando empleo a más 8 mil personas de manera directa, entre personal embarcado y de plantas de proceso en la Región del Biobío, capital pesquera de Chile.