El senador de la UDI, Víctor Pérez, emplazó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al gobierno a apelar a la resolución de la jueza que investiga la entrega de certificados a falsos exonerados y que decidió sobreseer parcial y temporalmente a 54 legisladores involucrados.
Entre ellos figuran el radical Carlos Abel Jarpa, quien fue el segundo que más emitió de estos documentos, con 403. De la zona también aparecen otros tres representantes de la zona (José Pérez, Alejandro Navarro y José Miguel Ortiz).
Esta investigación, que se inició en 2013 en la Corte Suprema, involucra a senadores y diputados que entregaron estos documentos a personas que después los usaron para solicitar beneficios del Estado. La emisión ocurrió entre 1996 y 2007.
Justificación
"Más allá del sobreseimiento de los parlamentarios en el caso de los certificados falsos de exonerados políticos, hay un tema de fondo que estos documento se emitieron con un grave daño al patrimonio fiscal", aseveró el legislador de la UDI.
Para Pérez Varela "hay elementos muy claros que nos indican que aquí se engañó al Estado para sacar un provecho económico, y se trata de una situación que se debe corregir, y quienes deben defender los intereses del Estado tienen que asumir su responsabilidad".
Según el representante de Octava Cordillera, "es muy evidente que hubo pago de favores políticos, porque claramente no es comprensible que parlamentarios hubiesen entregado casi 600 certificados".
Por ello insistió en que el Consejo de Defensa del Estado y el gobierno tienen la obligación jurídica y moral de apelar a esta resolución "y seguir insistiendo hasta descubrir toda la verdad y suspender el pago a quienes consiguieron este beneficio de manera irregular".
Según lo publicado por El Mercurio el fin de semana, la ministra López tomó la decisión debido a que no se identificó la comisión de un delito en el otorgamiento de estos certificados.