En cuatro años la Superintendencia de Educación ha cerrado tres colegios
Desde su creación en 2012, la Superintendencia de Educación le ha revocado el reconocimiento sólo a tres colegios de la Región. En poco más de tres años, la institución fiscalizadora del sistema educacional ha evidenciado que la conducta y el cumplimiento de las normas por parte de los establecimientos particulares subvencionados ha mejorado, explica el director de la Superintendencia de Educación Biobío, Dalton Campos.
Cuenta de ello, explica Campos, la dan las cifras: la medida se ejecutó entre 2013 y 2014, con la consecuencia del cierre de establecimientos ubicados en Hualpén, Chillán y Chiguayante, todos particulares subvencionados. El año pasado y en lo que va del presente no se han registrado casos.
CASOS EN LA REGIÓN
Las medidas más duras que se toman hacia establecimientos o sostenedores ante el incumplimiento de las leyes, es revocar el reconocimiento de los colegios y cerrarlos, o inhabilitar al sostenedor, ya sea por un periodo acotado o indefinidamente.
En la Región hasta ahora no se ha optado por la segunda opción antes mencionada.
No obstante, los fiscalizadores de la Superintendencia determinaron en 2013 que a tres colegios del Biobío se les debía revocar el reconocimiento oficial, ya que, por ejemplo, se incumplía el pago de sueldos y cotizaciones de sus trabajadores, o se adulteraba el registro de asistencia con el objetivo de tener más recursos por concepto de subvención.
Los establecimientos involucrados fueron Escuela Particular San Juan Evangelista (Hualpén), Jardín Infantil Hada Campanita (Chillán) y el Centro de Educación Integral Adultos Induscap (Chiguayante), que en conjunto tenían una matrícula de 283 alumnos.
Consultado por estos casos, Dalton Campos detalla que aunque antes de 2014 no se tenía un protocolo frente a la revocación de reconocimiento oficial a los colegios, la Superintendencia no podría haber informado de un momento a otro el cierre del mismo a los apoderados.
"Nuestro servicio nunca va a cerrar un colegio a mitad de año sin preocuparse en conjunto con las direcciones provinciales de Educación en asegurarle a todos los alumnos la continuidad de estudios en otro establecimiento", explica el director regional de la Superintendencia de Educación.
Ya en 2014 se gestó formalmente un protocolo ante estos casos, ya que la revocación se aplica al año académico siguiente, para reforzar así el menor impacto negativo posible en la comunidad escolar, y reubicar a los estudiantes en otros colegios.
CONDUCTA
Frente a los colegios particulares pagados, la Superintendencia actúa por denuncia, no obstante, los particulares subvencionados, así como los municipales, reciben una fiscalización constante desde la Superintendencia.
Si bien en el caso de los públicos, al ser el sostenedor el municipio correspondiente, se podría pensar que la fiscalización o los criterios cambian. Desde el servicio explican que, por el contrario, el criterio es para todos igual bajo sus programas de fiscalización.
"El incumplimiento a nuestra normativa la verdad es que se da por igual en municipales como particulares subvencionados. Pero las situaciones más graves de incumplimiento y que afectan de mayor manera el derecho de alumnos y trabajadores, se daban con mayor gravedad en los colegios particulares subvencionados", cuenta Dalton Campos.
Sin embargo, el director regional destaca que a la fecha "existe por parte de nuestros sostenedores (en la Región) una preocupación mayor y un cumplimiento mayor a la normativa, que por una parte dice relación con nuestros programas permanentes de fiscalización, pero también por la responsabilidad con la que los sostenedores están asumiendo sus proyectos educativos".
INTENTO DE INHABILITAR
A SOSTENEDOR
En 2013 los fiscalizadores reunieron información, con la que en 2014 la Superintendencia de Educación en la Región propuso la inhabilitación de un sostenedor que tenía dos establecimientos particulares subvencionados, uno en Talcahuano y otro en Coronel, como medida de sanción ante el incumplimiento de las normas.
No obstante, y tras ser visado por el servicio, la justicia determinó que no procedía esa sanción, dejándolo sólo con una multa, ya que entre otros elementos, se habría considerado la cantidad de alumnos involucrados en los dos establecimientos.
Este episodio deja en evidencia que los sancionados pueden recurrir ante la Corte de Apelaciones si la decisión final del Superintendente de Educación, máxima autoridad del servicio, no es aceptada por la parte sancionada. Así también se puede apelar la decisión de la corte y llegar a la Corte Suprema.
Actualmente, desde el servicio estiman que el sostenedor y los establecimientos antes mencionados están funcionando correctamente y cumpliendo bien las normas.