Hasta la próxima semana la constructora Claro Vicuña tiene plazo para devolver $1.140 millones a la Municipalidad de Concepción, a raíz la instalación de butacas distintas a las estipuladas en el contrato de remodelación del Estadio Éster Roa Rebolledo y que significó una diferencia en el valor final.
Pese que a la notificación del cobro enviada el 14 de abril por el municipio penquista a la constructora estipulaba un plazo de dos días para pagar, la directora del área jurídica de la casa edilicia, Ximena Torrejón, aclaró que ese plazo no es legal. De esta forma, los recursos podrían ser devueltos antes de que termine el plazo de vencimiento de una de las boletas de garantía que tiene el municipio, es decir, tienen plazo hasta el 27 de abril.
De no cancelar en esa fecha se cobraría el monto notificado de una de las boletas. En este caso, la emitida por el Banco Scotiabank por un monto de $1.980 millones.
"Eso se le comunicó a la empresa", sostuvo Torrejón, la que sin embargo, aclaró aún hay presentaciones en Contraloría que resolver. "Hay presentaciones de los concejales, como de la propia empresa, por lo que se va a ir viendo según lo resuelto, salvo que la Contraloría no determine otro camino", afirmó.
ABANDONO DE DEBERES
Se esperaba que en la hora de incidentes de la sesión de Concejo Municipal de ayer se viera el caso. No obstante, esto no ocurrió. El concejal (RN) Joaquín Eguiluz comentó que en esta cita sólo pudieron ser informados muy superficialmente de las razones por las que no se ha concretado el cobro de los $1.140 millones.
El concejal sostuvo que solicitó la información oficial sobre cuánto es lo que se pagó efectivamente a Claro Vicuña, debido a la poca claridad en la información. Asimismo, Eguiluz precisó que analizan recurrir en los próximos días al Tribunal Electoral para presentar un recurso por abandono de deberes en contra del alcalde Álvaro Ortiz y de todos los concejales que aprobaron la licitación que provocó este perjuicio fiscal.
"Hay evidencia en donde demostrábamos que se estaba pagando un sobreprecio por las butacas. El director de Construcciones dijo una vez en el Concejo que esto no iba a costar más de $600 millones y terminamos pagando $3.100 millones. Entonces, existen antecedentes que todas las autoridades a cargo de este proceso manejaban las cifras de las butacas, y de igual manera llevaron adelante la votación para aprobar esta licitación", expuso el concejal RN.
Respecto del pago y las acusaciones realizadas, el alcalde (s), Aldo Mardones, expresó que los recursos públicos están resguardados con la boletas de garantía que están vigentes. Además, declaró que están cumpliendo lo que dictaminó la Contraloría.
"Hay un dictamen que nos impone hacer un cálculo en base al criterio que nos impone Contraloría. Como organismo públicos estamos obligados a cumplirlos, a veces sin compartir el fondo de la decisión que adoptó", sostuvo Mardones, dejando claro que el municipio no tiene un cambio de postura sobre el caso.
Previo al dictamen del órgano contralor, la autoridad comunal sostenía que no existían inconvenientes en el contrato que se firmó.
En cuanto, a lo específico de las acusaciones, Mardones aseguró que no hubo irregularidades y que la resolución de Contraloría consideró parámetros diferentes a los del municipio.
"Llamo a los concejales a que si tienen un tipo de denuncia que hacer, y si tienen claridad de algún responsable, que la realicen y terminen con las especulaciones y con esta cacería de brujas que han creado en un año de elecciones", manifestó el alcalde (s).
Pese a que se intentó hablar con el abogado de la empresa Claro Vicuña, no se logró una versión de su parte. Sin embargo, se confirmó que la empresa presentó un escrito a la Corte de Apelaciones para retirar el recurso de protección presentado hace algunos días y que buscaba evitar que el municipio cobrara los recursos.
