"Contra la militarización y la violencia policial". Esa frase es un extracto de lo que aparece en el afiche que circula en las redes sociales y que llama a denunciar esta situación a través de una manifestación, programada para hoy en el sector de Cerro Alto en la comuna de Los Álamos.

Pese a que ninguna organización o comunidad mapuche se adjudica el llamado, la acción que se anuncia -y que será a pocos metros de la recién formada Subprefectura de Fuerzas Especiales-, sería por las denuncias que se han efectuado por el actuar de las policías en la zona sur de la Provincia de Arauco.

Cabe recordar que el Instituto de Derechos Humanos ha presentado en tribunales recursos de amparo y querellas por torturas en contra de Carabineros, hechos que se habrían producido durante allanamientos en la zona.

DENUNCIAS

El jefe del Consejo de Loncos de la Provincia de Arauco, Miguel Leviqueo, dijo estar en conocimiento de este llamado, aunque desconoce quien lo está realizando. Sin embargo, el lonco mayor declaró que más allá de quién haga la convocatoria o cuántas personas lleguen al lugar, la acción refleja el sentimiento que hay en las comunidades, ya que asegura que en el último tiempo la zona se ve "más militarizada".

"Es molesto que esté lleno de policías y militarizada nuestra zona (...). No estamos en combate, ni en pie de guerra", expuso Leviqueo.

El miembro del Consejo de Loncos declaró que este tema también se debe a que el Gobierno se preocupa de sumar más policías en la zona, más que sentarse a ver el tema de fondo. "Con militarizar la zona no avanzamos nada (…). Vemos que no hay avances ni soluciones en el tema mapuche, de sus demandas y de sus derechos", comentó el lonco mayor.

Una postura similar es la que tiene el concejal de Los Álamos, Patricio Aniñir, quien opinó que las autoridades han realizado un pésimo trabajo en materia de política mapuche, ya que el problema buscan solucionarlo a través de más carabineros, incremento que se ha evidenciado en los últimos 7 meses. "El problema aquí no es carabineros, ellos cumplen una función, sino que el gobierno", comentó a título personal el concejal.

En cuanto a la violencia que se denuncia en contra de las comunidades, Aniñir sostuvo que no tiene antecedentes sobre este tipo de hechos, pero aseguró que la presencia policial apostada en distintos puntos ejerce una agresión por sí misma.

Ambos coinciden que la acción a realizarse hoy es un síntoma del sentir que tienen las comunidades con respecto al actuar de las autoridades para enfrentar el tema mapuche.

NO ESTÁ AUTORIZADA

Al igual que las agrupaciones mapuches, las autoridades de gobierno también están en conocimiento del llamado a manifestarse, pero sostuvieron que nadie ha solicitado permiso, por lo que es una actividad no autorizada.

"Siempre hemos dicho que en un Estado de Derecho todo el mundo puede expresarse. De todas maneras, vamos a estar pendientes de que cualquier manifestación se realice en el marco institucional y no en el de confrontación, violencia o toma de carreteras", contó el gobernador de Arauco, Humberto Toro.

Sobre el motivo de la movilización, en el que acusan militarización y violencia policial en la zona, la autoridad provincial expresó que lo que se está garantizando es la seguridad pública, el derecho a que las personas caminen y trabajen libremente.

"Lo que se está haciendo desde el punto de vista del Estado de Derecho con las policías, es garantizar que la ciudadanía pueda realizar sus actividades normales (…), esa es la lógica de que Carabineros esté instalado en la Provincia de Arauco", enfatizó Toro. Remarcó que esto es porque la propia comunidad lo solicitó.

Asimismo, agregó que efectivos policiales estén apostados en distintos puntos realizando, por ejemplo, controles carreteros, ha permitido "sorprender a personas con órdenes de arrestos pendientes. Bajamos los reclamos de asalto que había en la ruta P-70, que une Cañete con Tirúa- (...). Aquí no hay una militarización, sino que hay un respaldo a la seguridad pública que permita que los ciudadanos transiten y trabajen tranquilos".

Sobre este mismo punto, el seremi de Gobierno, Enrique Inostroza, declaró que "es de público conocimiento que se reforzó la dotación policial en la provincia, sin embargo, eso no significa la militarización del territorio (...). Hay un Estado de Derecho en donde cualquier persona, como ha ocurrido, puede realizar sus reclamos contra cualquier organismo del Estado y Carabineros".

Aunque las autoridades no tienen certeza de quién o quiénes llaman a la movilización, se cree que son lo mismos que organizaron una actividad similar el 28 de febrero en Cañete, en apoyo a los presos de origen mapuche que se encuentran en las cárceles de Lebu y Arauco.

Ad portas del inicio de Semana Santa, la Seremi de Salud decretó para la Bahía de Coronel la prohibición de extracción de mariscos, debido a que se detectó marea roja en ese sector.

La medida rige para la bahía de Coronel, entre los límites Punta Puchoco, por el norte y Punta Nutín, por el sur. "En consecuencia, se prohíbe la extracción, recolección y captura del recurso cholgas y productos bivalvos, en dicha área", especificaron desde la Seremi.

Además dispusieron la prohibición y elaboración de productos en base a materias primas bivalvos provenientes del área señalada. Junto con ello, la resolución indica la prohibición para el transporte, tenencia, comercialización, distribución, venta y consumo de los productos de mar susceptibles de ser contaminados por la toxina veneno diarreico.

"Se deja expreso que infringir dichas resoluciones será sancionado conforme a las reglas establecidas en el Código Sanitario", manifestó el seremi, Mauricio Careaga.

La autoridad contó que ya se dispuso la toma de una segunda muestra de los productos (contramuestra), como lo indican los protocolos en esta materia, para un segundo análisis. Si estos resultados son negativos, se procederá a levantar la prohibición y de ser positivos, deberá mantenerse la medida.

Hay que recordar que hace unos días esta zona ya estuvo con prohibición por el mismo motivo. También se detectó marea roja en Tomé, lo que ya concluyó.

La sustancia detectada en Coronel provoca graves cuadros de diarreas y deshidratación en los seres humanos.

En prisión preventiva deberá permanecer la mujer de 63 años acusada de matar de un escopetazo a su esposo el pasado domingo, en Tomé. Así lo confirmó la Corte de Apelaciones de Concepción, que ayer revisó un recurso de apelación presentada por el Ministerio Público.

Esto se solicitó porque el Juzgado de Garantía Tomecino fijo una caución de $5 millones, que de haber sido pagado, habría permitido a la acusada quedar en libertad mientras se desarrollaba el proceso.

De esta forma, la primera sala del Tribunal de Alzada determinó que la mujer es un peligro para la seguridad de la sociedad, eliminando la fianza fijada, por lo que se mantendrá en prisión por los tres meses que durará la investigación. Recordar que el pasado martes, la mujer fue formalizada por el delito de parricidio. Su defensa argumenta que fue en defensa propia.