El ministro del Interior (S), Mahmud Aleuy, descartó ayer que el Gobierno vaya a aplicar "medidas excepcionales" ante los últimos ataques incendiarios ocurridos en Biobío y La Araucanía.

La Moneda respondió de esta forma a la solicitud que habían realizado los camioneros de la zona y parlamentarios de la UDI de declarar el estado de excepción en la región.

"Aquellos que han planteado aplicar medidas excepcionales a estos hechos, el Gobierno tiene una postura extremadamente clara. Hay grupos en ambas regiones (Bíobío y La Araucanía) que pretenden mostrarle al país que tienen el control territorial de esas regiones o territorios. Nosotros estimamos que no debemos aplicar medidas legales extraordinarias para hechos acotados de este tipo", afirmó Aleuy.

El secretario de Estado (S) dijo que "si bien los hechos son graves, el propio Ministerio Público nos ha informado que aquellos que pretenden con la violencia rural dar la sensación de que tienen control territorial representan el 0,4% de los hechos de la región".

Sin embargo, el titular de Interior subrogante recalcó que "no queremos minimizar esto, pero tampoco vamos a usar medidas excepcionales que lo único que hacen es ratificar la idea del control territorial y al aplicar este tipo de medidas hay ciudadanos que no están involucrados que van a ser afectados".

"Militarizar este tipo de zona afecta a demasiadas personas y nosotros estamos por seguir aplicando los métodos legales que tenemos a la mano, eso incluye todos los aspectos operativos policiales y legales que corresponda", aseguró.

Aleuy realizó estas declaraciones tras sostener un encuentro de coordinación con el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y el director general de la PDI, Héctor Espinosa, para abordar nuevos procedimientos frente a estos casos.

Verificación en terreno

Luego de esa reunión, las autoridades informaron que las jefaturas de ambas policías se van a trasladar el próximo martes hasta el Bíobío y La Araucanía "para verificar en terreno que lo que hemos acordado operativamente durante estos días se esté aplicando de manera adecuada y no se produzcan interpretaciones sobre los acuerdos o los protocolos que están establecidos".

La solicitud de decretar un estado de excepción se produjo luego de que el miércoles seis camiones fueran quemados Tirúa, en la provincia de Arauco. El ataque se produjo pese a que la caravana viajaba con escolta policial.

El hecho en la Región del Biobío llevó al Ejecutivo a querellarse invocando la Ley de Seguridad del Estado.

"Esto de bajar el perfil en algunas ocasiones puede ser una buena terapia, pero no cuando estamos hablando de un problema que viene del año 98, que ha tenido épocas muy álgidas, como la de los últimos dos años, que ya vimos entre 2000 y 2002, entre 2006 y 2008".

Esta frase resume lo que Francisco Ljubetic, ex fiscal regional de La Araucanía y actual vicedecano de Derecho de la Universidad Autónoma opina respecto al tratamiento que se le ha dado al conflicto en la zona sur de Arauco. Conflicto que entre sus últimas expresiones contó la quema de seis camiones, de un convoy de 18, en la salida de un predio de forestal Arauco y que iba con escolta policial.

El abogado sabe que sus opiniones son duras. De hecho, cree que si bien se han tomado medidas, estas han sido insuficientes, pues lo que se requiere no es un trabajo fortalecido en momentos puntuales, sino una mirada permanente y de Estado.

"Así como hay un gran ahínco estatal de políticas públicas en contra de, por ejemplo, el narcotráfico, acá debería hacerse lo mismo, por las consecuencias que tiene para la sociedad. Para el narcotráfico hay policías especializadas, convenios con otras policías extranjeras, pero ¿qué se hace con el flagelo de atacar reiteradamente a personas en determinada zona del país? Esas son las definiciones de fondo que hay que atender y eso le corresponde al Estado", mencionó.

Fórmula perfeccionada

-Lo que encuentro más delicado es la capacidad de fuego que tienen (los grupos que cometen los ataques) y la organización disciplinar, profesional de cómo llevar adelante las acciones. Hay un perfeccionamiento notable. Creo que eso la autoridad lo sabe, pero no lo ha reconocido. Estas lógicas de actuación demuestran que cualquier mecanismo de seguridad que no sea instalado y no se desarrolle de manera sostenida y permanente va a tener este tipo de flaquezas. Esta caravana (atacada el miércoles) era de 18 vehículos y atacaron la mitad del convoy porque la otra no podía reaccionar. Y esa es lógica paramilitar. El ataque al fiscal Elgueta (en 2008) era una comitiva que tenía una decena de vehículos y atacaron a los de la parte central. No hay cosas nuevas, sino más profundas y delicadas de cómo se materializan. Eso es una forma de comprobarle a las autoridades que están en condiciones de llevar adelante acciones de cualquier naturaleza, haya o no policía en la zona.

-La organización tiene ciclos de desarrollo, los que están dados fuertemente por la posibilidad de realizar actos violentistas en distintas zonas donde están más marcadamente las acciones reivindicativas.

En 2007 hubo un ataque en el fundo San Óscar en Lumaco, donde bajó una docena de sujetos del cerro con uniformes militares, armados y que después de quemar un campamento forestal de 800 metros cuadrados se fueron de dos a dos marchando hacia un lugar donde después se les perdió la pista.

Respecto a lo que ocurrió con la quema de camiones, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista operativo, desde la manera en la que se planifica y cómo se llevan a cabo las acciones. Estas son actividades que no son casuales y obedecen a una organización muy pulida, derivada de la cantidad de años que lleva el desarrollo de estas acciones.

-Creo que todas las señales uno tiene que analizarlas en un contexto. Años atrás, cuando hubo investigaciones sostenidas y se lograron bastantes resultados desde la perspectiva de personas imputadas y en prisión preventiva, tanto en La Araucanía como en el Biobío bajaron sensiblemente los hechos de violencia. Esto es real. Cuando Llaitul y otros estuvieron en prisión preventiva por el ataque al fiscal Elgueta la cantidad de hechos que ocurría en Cañete, Tirúa y Lumaco disminuyó muy significativamente. Al revés, si los responsables no son ubicados o quedan en libertad es muy probable que la comisión de hechos se mantenga o aumente.

Política adecuada

-Cuando me pidieron en 2008 que me hiciera cargo de las dos regiones y formamos un equipo de trabajo con fiscales de la Octava y Novena regiones, ya teníamos perfecta claridad que el tema de la sustracción de madera y de animales era una forma de financiamiento para estas otras actividades. Y esto es cíclico y depende de los intereses de estos grupos. En este momento lo álgido se encuentra en la parte sur del Biobío, pero hace dos años atrás estuvo radicado en Ercilla, Collipulli Angol y ahora se han extendido a la zona de Los Ríos. Hace dos años hubo atisbos y ahora hay hechos muy violentos que tienen una connotación pública muy fuerte.

-Medidas se tomaron y se han tomado en todo este tiempo. Pero no necesariamente son suficientes. Pareciera que el trabajo aumenta en intensidad en la medida que los hechos violentos se incrementan y esto tiene que ser permanente y de Estado.

-Los fiscales exclusivos en el sistema no producen el efecto deseado. Lo que se tienen que formar son equipos permanente de trabajos: policías que estén absolutamente coordinadas, tanto de Carabineros como PDI, en las tres regiones, como fiscales. Y sobre la base de una coordinación superior que permita que este trabajo se lleve adelante.

Nuestros atacantes sí están conectados, y por tanto quienes deben perseguir e investigar estos hechos deberían también tener esta lógica.

-Las querellas lo que hacen es manifestar el interés de la autoridad por que los hechos sean investigados, pero esto se hace con o sin querella.

-Sí. No basta sólo con hacer el ejercicio de poner la querella porque no necesariamente eso transforma a estos querellantes en coadyuvantes del Ministerio Público.