Una recaudación de $2 millones 600 mil es lo que logró robar una banda de tres integrantes desde la Plaza de Peaje Santa Clara, ubicada en el kilómetro 444 de la Ruta 5 Sur, vía que une Bulnes con Cabrero.

El asalto a las casetas que recaudan el dinero que pagan los automovilistas que transitan por la ruta ocurrió cerca de las 23:40 horas, según lo informó el jefe de la cuarta Comisaría de Yungay, mayor Rodrigo Rosales.

El oficial de Carabineros comentó que funcionarios de Bulnes llegaron 10 minutos después de que una funcionaria de la plaza de peaje activara la alarma de robo. Asimismo en entrevista con un guardia de 45 años, éste les manifestó que momentos antes un grupo de tres individuos emergió desde una zona boscosa, y premunidos de armas de fuego corta, a rostro cubierto, ingresaron al lugar gritando.

"Estos lo intimidaron y lo redujeron. Uno de los antisociales se quedó con el guardia, mientras los otros dos recorrieron la plaza de peajes para sustraer las gavetas en seis de las ocho casetas que estaban funcionando. El asalto no duró más de dos minutos", contó el jefe policial de Yungay.

El mayor Rosales comentó que tras ejecutar el robo los delincuentes se volvieron a internar a la zona del cual salieron. Asumió, que éstos debían conocer el lugar ya que no había camino ni un sendero.

"Se presume que de ese sector podían llegar a otro más alejado en donde lo esperaba un vehículo motorizado para darse a la fuga", contó el comisario de Yungay

Desde la plaza de peaje el grupo sólo logró llevarse una cantidad menor de dinero, ya que a las 23 horas se había realizado la recolección del dinero recaudado de gran parte del día.

Carabineros realizaba ayer las pericias en el sector para dar con los delincuentes que fueron muy violentos en su actuar.

Por el delito flagrante de aborto consentido de un embrión de 19 semanas de gestación, una mujer de 30 años fue detenida ayer por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones de Lebu.

El hecho quedó al descubierto luego que la mujer, tras su ingreso al Hospital de Lebu, comenzará a sangrar y sufriera la pérdida de la placenta, dejando al descubierto un feto de 15 centímetros. Esta en ningún momento había informado de su estado de embarazo y sólo había dicho que tenía dolores de estomago. -

El hecho fue denunciado por un médico, situación que llevó al fiscal de turno instruir a la PDI a realizar las pericias de rigor, sobre la situación que causó impacto en el complejo asistencial.

El testimonio que entregó la detenida sobre el hecho dio cuenta que este aborto se había generado debido a la ingesta de mifepristrona y misotrol, fármacos que había adquirido en forma clandestina vía internet por la suma de $70.000. Estos medicamentos le llegaron vía encomienda desde Santiago.

Además de la detención de la mujer, la PDI con los antecedentes recopilados logró el arresto del proveedor de los fármacos. Esta acción la llevó adelante la Brigada de Homicidios (BH) en Santiago, quienes ingresaron al domicilio de éste tras tener una orden de Fiscalía.

En este inmueble se lograron incautar 152 comprimidos de misotrol, 475 anovulatorios y 32 cápsulas cloxacilina.

Con esta diligencia también se logró evitar un nuevo aborto, ya que se encontró un sobre con 8 pastillas que iban a manos de una mujer de Illapel (Región de Valparaíso) que también iba a realizarse el procedimiento.

Los detectives de la PDI de la Región de Valparaíso también detuvieron a la mujer por este hecho.

Una querella por el delito de incendio en bosque es la que presentó ayer el Gobierno en contra de las personas -tres menores de edad- que habrían originado el siniestro que afectó al sector Andalué, en la comuna de San Pedro de la Paz.

Fue el abogado de la Intendencia, Sebastián Maldonado, quien interpuso la acción legal a nombre del Ministerio del Interior, para perseguir penalmente a los responsables de esta emergencia.

De los cinco imputados -uno por ser menor de 14 años quedó libre- cuatro permanecen en prisión a la espera de que hoy sean formalizados por el Ministerio Público.

La emergencia suscitada el miércoles en la tarde llevó a que se consumieron cerca de 2,6 hectáreas de arbustos del sector, mantuvo la tensión entre los vecinos y estuvo cerca de propagarse a viviendas del sector.