"La relación entre el Estado chileno y la nación mapuche" es la ponencia que efectuó ayer Héctor Llaitul en el foro "Política, derechos ancestrales y derecho indígena actual", que se desarrolló en el marco de la Escuela de Verano organizada por la Universidad La República y la Corporación Mapuche Trawün.

Pese a la expectación que existía en lo que fuera a opinar el vocero de la Corporación Arauco - Malleco (CAM), éste declinó referirse al comunicado en donde la entidad se adjudica los atentados incendiarios en Alto Biobío y Lumaco. Además, de no referirse a otros hechos violentos que tengan connotación mapuche.

Llaitul sólo sostuvo que "fue invitado a exponer el tema de relación Estado -nación mapuche desde la mirada del movimiento autónomo mapuche, desde la perspectiva de la CAM en particular, ya que yo soy vocero de la organización".

Entre los puntos que abordó el vocero de la CAM estuvo la autonomía del pueblo mapuche y reconstrucción del pueblo -nación, elementos centrales que dio a conocer Llaitul a las personas que llegaron al foro.

El que sí se refirió al a temas de esta índole fue el abogado y secretario de la Corporación Enama, Richard Caifal.

El profesional apuntó a los derechos políticos, ancestrales y como éstos han ido evolucionando hasta la actualidad. En ese aspecto, Caifal declaró que hoy existe una vulneración de los derechos, particularmente del territorio y a la libre determinación de los pueblos. "Apuntamos que estos puntos se visibilicen por el Estado y una de nuestras banderas del año 2015, a propósito del inicio del proceso constituyente, es que Chile se declare un país plurinacional", contó el jurista.

Caifal que este punto se sustenta que en 1989 el gobierno se comprometió a reconocer a los pueblos originarios, situación que a la fecha, sostiene, que no se ha cumplido.

El abogado declaró que los hechos violencia que se generaron "son un síntoma de la desconfianza y a un caos institucional. "El Estado a la fecha jamás ha querido darle oportunidad a los pueblos originarios para tener representación, o por ejemplo una vía de interlocución con los pueblos originarios. Hemos dicho que el fracaso de la política indígena es el fracaso de los políticos", expuso Caifal.

Respecto a temas en relación a cómo el Estado ha abordado la política para enfrentar las situaciones que contempla la temática mapuche, el secretario de Enama declaró que éste equivocó el camino en los último 20 años. "Vemos con preocupación esa política, porque básicamente tiene que ver con una política de seguridad interior del Estado, aplicar más represión, más presencia policial y sin atender el fondo del tema. Esto es un tema político, no de seguridad, y tampoco de mayor o menor asistencialismo", contó el jurista.

Richard Caifal dijo que "hay que sentarse a la mesa a discutir seriamente el futuro del país y también de los pueblos originarios".

El presidente de la Corporación Trawün, Erick Torres Melillanca, comentó que el foro realizado tuvo como visión dar a conocer el tema del pueblo mapuche.

"El título de la escuela (de verano) fue relación Estado chileno- nación mapuche, ayer, hoy y futuro", contó el presidente de la entidad asentada en la Región.

El fallo emitido por la Corte Suprema el 25 de enero pasado, por el cual la Municipalidad de Concepción junto con la Seremi de Salud tendrán que hacerse cargo de los perros callejeros mediante un plan de acción, no es el primero en su tipo. De hecho cerca de un año antes, en Punta Arenas ocurrió algo similar.

El fallo se emitió el 14 de abril de 2015, y al igual que el que atañe a Concepción, las autoridades debieron presentar en un plazo de 30 días, un protocolo de acción.

La diferencia es que en el caso de Punta Arenas, ya desde 2009 que se estaba implementando un programa para el control de perros callejeros llamado "Yo aperro". Este programa en 2010 licitó los servicios de una clínica para operar 100 canes mensuales por cuatro años, y luego otra para operar a 135, lo que permite operar a 235 perros mensualmente.

En 2014 se instaló el Centro de Rescate Canino, que tuvo un costo de cerca de $500 millones, y que cuenta con 36 caniles con espacio para 100 perros, más un sitio abierto de una hectárea, a lo que se suma una clínica móvil. "Si empiezas a sumar teníamos hartas herramientas para abordar el fallo", dijo Jorge Stambuk, veterinario del municipio sureño y jefe del programa. Una realidad bastante distinta a la que Concepción presenta frente al fallo del máximo tribunal en la actualidad.

Si bien la municipalidad penquista realiza operativos de esterilización constantes -al que se suma un programa de la Subdere de tenencia responsable de mascotas que en 2015 llevó a cabo 16.945 intervenciones- la comuna cuenta con sólo un canil con capacidad para quince perros, a los que se les entrega atenciones primarias.

Así, según Stambuk, lo más difícil para el municipio penquista sería establecer el recinto para los canes, junto con definir qué tipo de atención se le dará a ellos.

PROTOCOLO

El protocolo de la comuna de Punta Arenas salió a la luz en mayo de 2015. Y tal como manifestó Stambuk, "el protocolo, valga la redundancia, vino a protocolizar lo que ya estábamos haciendo, con Salud ya teníamos una estrecha relación, pero solo fue hacer esto firmado, llevarlo al papel".

De este modo, se fijaron las labores del recinto y la modalidad de trabajo y tratamiento de perros. Para los ingresos, todos se harán con previa denuncia a la unidad de Aseo y Ornato municipal, las que serán corroboradas por la unidad de captura y la empresa que se encarga de aquello.

A todos los perros que llegan se les atiende o se les opera, pueden ser atropellos, enfermedades, o bien perras en celo, las que son esterilizadas para frenar su reproducción, lo que se hace con la ayuda de las clínicas licitadas o en el mismo centro, que cuenta con posibilidad de atenciones básicas. Si no tienen chip, se les instalará uno también.

Si el perro tiene dueño, se da aviso y se esperan cinco días para que se vaya a buscar, y se le cobrará a su tutor una cuota por el traslado y la estadía, que no sumaría más de $7 mil. Si no tiene dueño, el perro es devuelto al lugar donde fue recogido, previos tratamientos. La idea, es que los perros no estén más de una semana, o diez días en el recinto.

El personal del recinto también está autorizado a dar canes en adopción, lo que ocurre en muchos casos según Stambuk, a pesar de lo apartado del sitio de la ciudad. Otros perros, muy viejos o muy jóvenes que no pueden quedarse en las calles, han sido dejados en el lugar.

DIFICULTADES

Según el veterinario, las principales dificultades se dan cuando los perros que llegan al recinto han atacado a alguna persona. Allí, es la autoridad sanitaria la que debe hacerse cargo, y en general, se apunta al sacrificio de los animales. En este minuto, mencionó, dos canes están en esa situación. Esto está amparado en la normativa de prevención y control de la rabia.

Además, el recinto aplica la eutanasia en caso de perros muy heridos, con fractura de cadera, muy viejos o muy enfermos, para evitar su sufrimiento. Se trata de un procedimiento fijado por el dictamen 69.752 de Contraloría - del 19 de noviembre de 2010- y en promedio, son dos perros al mes que entran en esta situación. Prácticas que si bien están permitidas y amparadas por ley, son criticadas por grupos animalistas.

Por otro lado, mencionó, muchas personas buscan entregar la responsabilidad o problema de un animal enfermo, o perras recién paridas que no pueden mantener, al centro de rescate, lo que gatilla discusiones. "Es la eterna realidad. La gente recoge un perrito como una obra de bien, pero después lo tratan de pasar a nosotros. Se deja claro que el centro de rescate es un lugar de pasada y no permanente", explicó Stambuk.

De este modo, explicó el veterinario, se intenta fomentar la tenencia responsable de mascotas y que los dueños se hagan cargo de sus perros o que quien rescató al can, pueda cuidarlo luego de su paso por el centro.

EVALUACIÓN

"Hay gente que aplaude, gente que no, gente que no sabe lo que hacemos y que hasta el día de hoy no sabe que el programa existe", dijo el profesional.

No obstante esta realidad, está orgulloso de lo alcanzado en la comuna, con recursos limitados y sin una ley concreta que ampare el problema de los perros callejeros, que desde su visión es un problema de salud pública, del que la institucionalidad pública debe hacerse cargo.

"Creo que trabajamos bastante bien, con recursos limitados, y las cifras nos respaldan: mas de 8 mil perros operados, más de 14 mil perros con chip, es un trabajo también a largo plazo. Tengo plena fe que en cinco o diez años vamos a tener controlado el tema, porque todo perro de la calle vivirá por cinco o seis años mas, pero no se puede reproducir", sostuvo.