La situación de los ex trabajadores de la mina Santa Ana vive pequeños cambios a medida que pasan los días, pero la incertidumbre sobre el fin de lo que fue su lugar de trabajo sigue.
Precisamente, hoy al mediodía se debería realizar el remate de la empresa en una notaría de Talcahuano, por lo que se conocería si existen oferentes para la mina de Curanilahue con un mínimo de $500 millones. Lo anterior, tal como se confirma en un aviso de "Remates Marini" publicado el pasado 10 de enero en este mismo medio.
Según Luis Chandía, uno de los dirigentes por parte de los mineros, no habría muchas esperanzas en ese proceso. "Conversé hace un par de días con el síndico y andaba un empresario de origen coreano interesado, pero como algo definitivo no creo. Creo que el tema de la mina irá por otro lado", comentó. La opinión del dirigente se ve respaldada ya que en el primer intento por vender la mina no se registraron ofertas, y el monto mínimo era de $1.000 millones.
Es importante recordar que el punto cúlmine del problema para estos mineros se vivió a mediados del año pasado, cuando las empresas involucradas se declararon en quiebra. Ello significó para los trabajadores quedaran con sueldos impagos y un futuro incierto.
SITUACIÓN ACTUAL
Ante la compleja situación vivida, el gobierno se involucró mediando, así como entregando capacitaciones y ayuda con pensiones de gracia, entre otros beneficios.
Actualmente los trabajadores ya hicieron una primera tanda de capacitaciones, así como la recepción de una ayuda asistencial de $400 mil mensuales. No obstante, y al existir una prórroga de seis meses para esta ayuda basada en capacitaciones que generan esta asistencia en dinero, la fecha de pago cambiaría. Hasta ahora ocurría los días 15 de cada mes, pero al continuar los pagos deberán ser el último día hábil del mes.
Lo anterior no agradó a los trabajadores, ya que según explicó Chandía, respecto a las fechas "tenemos compromisos de pago".
Ante tal respuesta, la que se obtuvo ayer en una reunión en la que además de los mineros asistieron los seremis de Trabajo y Hacienda, así como el director del Sence.
Por su parte, la seremi de Trabajo, Victoria Fariña, insistió en destacar el esfuerzo que hace el gobierno por ayudar a los trabajadores, considerando que estrictamente el Ejecutivo "no les debía sueldo ni cotizaciones".
Fariña agregó además que tras evaluar la situación "planteamos que se deberá dar curso a lo que estaba en la propuesta, que en caso dé se tendrá que prorrogar. Y para (hacer eso) los pagos deben ser regularizados a la misma fecha que se hace con todas las personas de este país que reciben beneficios".
Respecto de un reclamo del dirigente Luis Chandía sobre las pensiones de gracia que no estarían recibiendo aún todos los trabajadores que se esperaban.
Desde la seremi del Trabajo explicaron que si bien no es un tema que les concierne directamente, son conscientes que el Gobierno se comprometió a evaluar los casos, algo que se cumplió y siguió su curso regular. Además, por temas administrativos los procesos no son para todos los mismo, respecto a las fechas, por lo que algunos pagos comenzarán en febrero.
DEMANDA GANADA
Antes de la declaración de quiebra realizada por los responsables de la mina Santa Ana a mediados del año pasado, unos 126 trabajadores, en su mayoría parte del sindicato, demandaron laboralmente a SW Curanilahue S.A. Lo anterior, con el objetivo de "perseguir el daño moral que se les ocasionaba", explicó el abogado Rafael González, quien representó a los mineros.
Además, "ellos se desempeñaban en condiciones muy precarias. Se puede decir que SW incumplía normas básicas, por ejemplo no había agua potable, lugar donde defecar, etc", detalló González.
En este juicio se obtiene una indemnización por unos $240 millones, pero en eso la empresa para sus funciones, se declara en insolvente, y los trabajadores se quedan con ese crédito que no pueden cobrar.
A raíz de ello, se hace una nueva demanda para declarar un único empleador, sin embargo 15 empresas relacionadas dicen, según explicó el abogado, "para ahorrarnos que nos declaren como único empleador ofrecemos pagar unos $150 millones".
Se conversó con las bases y se aceptó el acuerdo. El pasado 28 de diciembre unos 104 ex trabajadores recibieron unos 800 mil pesos, y el resto un monto menor según su participación en la demanda.
En cuanto a los mineros que no demandaron, unos 60, están viendo la posibilidad de generar una acción legal, la que según Rafael González, es totalmente factible.