Acreedores definen futuro de Mina Santa Ana en diciembre
Para el próximo miércoles 2 de diciembre está agendada una junta de acreedores de la Mina Santa Ana, de Curanilahue, encuentro de suma importancia, puesto que en esa instancia se decidirá cuál será el destino más viable para este yacimiento, luego que entrara en un proceso de liquidación (figura legal que reemplazó a la quiebra, según la legislación antigua).
Así lo informó ayer Gustavo Soto, abogado que representa a los trabajadores de la mina, en el contexto de una reunión que se desarrolló en el Arzobispado de Concepción para discutir algunos incumplimientos en el acuerdo que terminó con la toma de dos semanas del mineral, ocurrida en agosto pasado.
El profesional recordó que esta liquidación fue solicitada voluntariamente por el fallido, en este caso SW Curanilahue (la empresa que era propietaria). Existe una deuda que suma alrededor de $1.500 millones, la que incluye créditos con Tesorería ($200 millones, aproximadamente), con los trabajadores (más de $900 millones), además de otros proveedores, se aseveró.
"Hoy no tenemos interesados conocidos en esta empresa (la mina) y en la reunión del 2 de diciembre, lo más probable, es que la intención de los trabajadores y de la mayoría de los acreedores sea tratar de venderla, subastarla o enajenarla, en definitiva, intentar de mantener la continuidad de gran parte de las fuentes laborales", sostuvo Soto.
El abogado sostuvo que no será un proceso fácil, de hecho, la ley establece un año para que el liquidador (Tomás Andrews) pueda hacer su trabajo y el mercado no se encuentra en óptimas condiciones, a pesar que en la actualidad se presentan condiciones más favorables para el recurso chileno en comparación a una década atrás.
INCUMPLIMIENTOS
En la reunión efectuada ayer en el Arzobispado participaron monseñor Fernando Chomali y el senador Alejandro Navarro, garantes del acuerdo entre el gobierno y los trabajadores. Asistieron, además, Luis Chandía, presidente del sindicato; el seremi de Hacienda, Renzo Galgani, y el abogado Gustavo Soto.
Como ya se dijo, el encuentro respondió a incumplimientos en algunos aspectos del protocolo firmado. Uno de ellos fue el atraso en el pago de unas manutenciones enmarcadas en cursos del Sence aprovechados por los mineros, lo que motivó que, por algunas horas, un grupo de trabajadores se tomó el yacimiento el martes 17 de noviembre. Al final, los dineros fueron depositados, lo que puso fin a la breve movilización.
Otros puntos que tienen a los mineros intranquilos se refieren a pensiones de gracia y una ayuda social comprometidas, aspectos que serán revisados y afinados en una reunión que se llevará a efecto el próximo miércoles 25 de noviembre.
Asimismo, Chandía planteó que tienen temor respecto a la continuidad de la mina (otra situación que contemplada en el acuerdo). "Hay exploraciones y sondajes hechos por Enacar y sabemos que hemos extraído un 15 ó 20% a la reserva total de esta pertenencia. Podríamos trabajar, fácilmente, 10 años más", mencionó el dirigente gremial.
Chandía añadió que están tranquilos y esperando que aparezca algún empresario, ojalá responsable. "Hay gente que ha ido a ver la mina, que conversó con nosotros, por el lado del síndico (liquidador) también se han acercado personas, pero no hay nadie que haya presentado un interés formal", dijo.
AL FONDO
Para el senador Alejandro Navarro se requiere ir al fondo de este problema y mirar más allá de la asistencialidad que entrega el Estado en este caso y en otros.
"Está claro que la mina es privada, sin embargo, de manera paradójica, el subsidio y el costo del cierre lo está asumiendo el Estado, $1.000 millones al año, eso es lo que cuesta el subsidio para los trabajadores de la mina Santa Ana, por lo tanto se requiere una alianza estratégica, público-privada que vaya al fondo del tema, que el carbón siga siendo explotado en Arauco, porque tiene poder calorífico. También posee un alto nivel azufre, pero hay que buscar la tecnología que permita que el carbón se use, se puede ocupar en calefaccionar todo el aparato público de la Provincia de Arauco", declaró el parlamentario.
De la misma forma como lo había declarado durante y posterior al conflicto, el arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomali, sostuvo que no logra entender la manera en que lo propietarios de la mina dejaron de brazos cruzados a los trabajadores.
"Me resulta muy violento que un grupo de personas haya comprado la mina, sacó todo el dinero que se pudo y después, sencillamente, la abandonan y abandonan a los trabajadores. Lo que estamos haciendo (con el acuerdo) son cuidados paliativos para 196 familias que se encuentran en la más absoluta indefensión. Hablamos de personas y, en la práctica, estos empresarios los trataron como cosas, y eso, la Iglesia, no lo va a hacer", señaló.
Recordó que el protocolo firmado tiene una duración de seis meses, prorrogable a otros seis, lo que plantea una preocupación, en opinión de Chomali. "Después, estas personas se van a quedar sin fuente de trabajo, porque es una zona deprimida. Este año va a pasar rápido y qué va a pasar después", preguntó.