Autoridades podrán perder su cargo por infringir ley electoral
La Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer la promulgación de la ley que establece la pérdida de escaño de los parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales que infrinjan las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.
La normativa, que forma parte de la agenda de probidad del Gobierno, entraría en vigencia a contar de las próximas elecciones municipales, que se realizarán el año que viene.
Durante la ceremonia de promulgación en el Palacio de La Moneda, la Mandataria señaló que con la iniciativa "la señal que como país estamos dando es una sola, quien traicione el espíritu de la democracia, no podrá ser actor en ella".
"O dicho de otro modo, el que hace trampa, pierde. Con ello, queremos erradicar conductas intolerables. Porque no puede ser representante del interés común, quien traiciona la confianza expresada en las leyes para llegar a su cargo de representación", enfatizó.
La jefa de Estado detalló que quienes pierdan su cargo por no financiar su campaña conforme a la ley, no podrán optar a ninguna posición o función pública durante tres años. Tampoco podrán optar a ser candidatos a ningún cargo de elección popular por los dos procesos de votaciones siguientes.
"Estas sanciones son, sin lugar a dudas, de las más graves en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo mismo, tendrán que ser fundadas y calificadas apropiadamente. Esto lo va a determinar el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral, en caso de infracción grave", explicó Bachelet.
La normativa excluye la Presidencia, debido a que la destitución está regulada a través de una acusación constitucional.
La Mandataria hizo referencia a la actual crisis de confianza de la política y destacó que como Gobierno "queremos que las demandas ciudadanas por mayor transparencia y control tengan una respuesta adecuada y que, mediante acciones y no palabras, podamos recuperar la confianza de nuestros compatriotas en sus instituciones".
Uno de los debates que abre esta nueva legislación tiene que ver con la fórmula a través de la que se elegirá el reemplazo de los parlamentarios o autoridades que queden inhabilitados de ejercer sus funciones.
Esto porque actualmente son los partidos quienes definen el nombre de manera directa o a través de elecciones. En ese sentido el presidente de la Cámara de diputados Marco Antonio Núñez (PPD) dijo que "no me parece que sea el partido el que, nuevamente, designe a dedo al sucesor. De alguna manera transparente, democrática y participativa tendremos que decidir como se suple ese cargo que se perdió porque alguien hizo trampa en el financiamiento electoral".