Esfuerzos de todos debieran estar orientados a reactivar la economía
La reforma constitucional no es una prioridad para los chilenos. De hecho, según la encuesta del mes de agosto del Centro de Estudios Públicos, ésta preocupa a apenas 3 de cada 100 personas, para las cuales sus mayores preocupaciones son delincuencia, salud y educación.
Y lo mismo ocurre con temas como sueldos y empleo, que dependen directamente del comportamiento de la economía. Por ello, y dadas las circunstancias por las que atraviesa el país, no había necesidad de abrir un nuevo espacio de incertidumbre, que por lo demás va a durar varios años, esta vez relacionado con la reforma constitucional.
Siendo legítima la intención de revisar y debatir la pertinencia de cualquier Constitución, hoy los esfuerzos de todos debieran estar orientados a reactivar la economía, antes de que los menores niveles de crecimiento se traduzcan en un aumento del desempleo.
Esto requiere priorizar los temas que nos unen, volver a darle estabilidad a las reglas del juego -que han estado en entredicho desde que se comenzó a discutir la reforma tributaria- y trabajar en conjunto con la mirada puesta en el futuro y en el bien común.
Asimismo, el debate sobre una reforma constitucional debiera iniciarse en un momento en que existan mayores niveles de confianza, de modo de poder avanzar responsablemente en la elaboración de un proyecto común de sociedad.
Pese a todo lo anterior, se ha tomado la decisión -equivocada, a nuestro juicio- de seguir adelante con la reforma constitucional.
En este escenario, esperamos se respeten los mecanismos institucionales ya previstos para modificar la Constitución y que las etapas de educación cívica y de diálogo ciudadano contribuyan a la libertad de elección de las personas y no sean acciones de proselitismo con el fin de asegurar la plena implementación del programa del actual gobierno.
Cabe recordar que, entre otros aspectos, en su capítulo sobre Nueva Constitución éste relativiza el derecho de propiedad, impulsa un Estado empresario y busca darle más poder discrecional a los gobiernos, limitando las facultades del Tribunal Constitucional y de la Contraloría General de la República y debilitando la autonomía del Banco Central.
Es decir, tiene el potencial de afectar principios e instituciones que han sido esenciales para el desarrollo social y económico del país en las últimas décadas y para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los chilenos.